Años de alzas… misma chatarra

Ciudad Juárez— Un año y medio después del último incremento a la tarifa de transporte público, autoridades estatales y concesionarios han incumplido el compromiso de ofrecer un servicio digno y de calidad a los juarenses, lo cual se pone de manifiesto en estos momentos en los que se analiza la petición de los concesionarios de subirla de 8 a 13.80 pesos.

Lo anterior ha generado molestia entre los usuarios pues a pesar de las reiteradas promesas de mejorar el transporte urbano en esta frontera sus condiciones, al contrario, se mantienen deplorables en la gran mayoría de los casos.

Incumplen transportistas

Uno de los acuerdos incumplidos por los transportistas ha sido la renovación de las flotillas de manera gradual, una vez que el gobierno de Javier Corral les autorizó subir de 7 a 8 pesos el costo del pasaje en agosto de 2017.

Unidades contaminantes, destartaladas y sin placas, choferes sin licencia de transporte urbano y choques y atropellos con muertos, son las recientes incidencias documentadas en el archivo periodístico del El Diario de Juárez.

En medio de eso, el Gobierno del Estado pidió a los concesionarios firmar por escrito un nuevo compromiso con el que, otra vez, se concederá un eventual aumento tarifario a cambio de que compren camiones nuevos en un plazo de seis meses.

“Es un tema que se está manejando pero debe ir amarrado con compromisos de modernidad, eso es un hecho”, dijo Luis Lugo Ordorica, jefe del Departamento de Transporte.

Los concesionarios indican que aunque formalmente se pidió a la Secretaría General de Gobierno la semana pasada un incremento de 8 a 13.80 pesos, creen que el ajuste será a 10 pesos.

“Entre comillas se lo digo, ya está autorizado, pero tenemos que hacer un compromiso antes de la tarifa con las rutas redituables, para poner camiones del año, nuevecitos”, dijo Carlos Hernández, líder de la Sección 2 del Frente de Trabajadores al Volante.

Hernández señaló que la mayoría de los concesionarios incumplió su palabra porque en 2017 las autoridades les dieron un incremento de un peso y no de tres como lo pedían, por lo que no pudieron amortiguar las alzas de los combustibles.

Datos del Departamento de Transporte establecen que al menos el 50 por ciento del parque vehicular del transporte público que hay en esta ciudad opera de manera irregular, con camiones fuera del límite de antigüedad.

Según Lugo Ordorica, la dependencia no sabe cuántos camiones incumplen con la Ley de Transporte y sus Vías de Comunicación respecto a la antigüedad, “pero sí es alto el promedio porque a este año deben ser modelo 2009”.

Información del funcionario establece que al menos unos mil 200 camiones de transporte público y de personal circulan sin placas.

Y a pesar de que el Estado arrancó un programa para dotarlos de ese documento, la respuesta de los camioneros ha sido baja. 

Al 7 de enero, Recaudación de Rentas había entregado sólo 70 de estos documentos, de 3 mil 500 juegos que ofertó a finales de noviembre del año pasado.

Aún a pesar de los incumplimientos, las autoridades han cedido ante distintas peticiones de los empresarios, no sólo la de los incrementos.

Lugo anunció la semana pasada que se está buscando una empresa a la que le compren una tarjeta especial que será uniformada para estudiantes, personas con discapacidad y para la tercera edad, así como para indígenas.

Esto porque, refirió, los operadores de las rutas se muestran inconformes de aceptar las tarjetas con las que cuentan los usuarios de cada uno de esos sectores –con las que pagan la mitad de la tarifa–, debido a que argumentan que muchas son “falsas”.

La expectativa es que la emisión de esa tarjeta única va a tener un costo para el pasajero, agregó.

Para Hernán Ortiz, director de la organización Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP), el Gobierno del estado no tiene la capacidad ni la voluntad para hacer que los ruteros cumplan con la ley.

“Y si vuelven a subir el pasaje… lo indigno es que un viaje en rutera sea todavía más caro, ya lo hicieron una vez y todo parece que lo quieren repetir”, manifestó.

Al desorden que impera en el transporte, se suma la lista de muertes por choque o atropello ocasionadas por choferes de camiones que en algunos casos ni siquiera estaban registrados en la dependencia que regula el servicio.

De enero del año pasado a la fecha se han registrado 12 choques o atropellos, de los cuales dos sucedieron en los primeros días de 2019.

“Es nuestro compromiso dotar a todas y todos los chihuahuenses de un transporte digno, moderno, eficiente”, escribió Corral en su cuenta de Twitter en noviembre de 2017. (Javier Olmos)

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