La otra cara de los autos eléctricos: Explotación en minas de cobalto

Kasulo, República Democrática del Congo.- Un hombre con un traje a rayas y un pañuelo de bolsillo rojo caminó alrededor del borde de un pozo gigante una tarde de abril, donde cientos de trabajadores a menudo trabajan en chanclas, excavando profundamente en el suelo con palas y picos.

Sus zapatos de cuero pulido crujían sobre el polvo que los mineros habían derramado de las bolsas de nailon llenas de rocas cargadas de cobalto.

El hombre, Albert Yuma Mulimbi, es un antiguo funcionario de poder en la República Democrática del Congo y presidente de una agencia gubernamental que trabaja con compañías mineras internacionales para aprovechar las reservas de cobre y cobalto de la nación, utilizadas en la lucha contra el calentamiento global.

El objetivo declarado del señor Yuma es convertir a Congo en un proveedor confiable de cobalto, un metal crítico en los vehículos eléctricos, y deshacerse de su reputación de tolerar un inframundo donde los niños son puestos a trabajar en obras no calificadas y mal equipadas donde pueden resultar heridos o muertos.

“Tenemos que reorganizar al país y tomar el control del sector minero”, dijo Yuma, quien se había detenido en el sitio de Kasulo en una flota de camionetas que transportaba una delegación de alto nivel para observar los desafíos allí.

Pero para muchos en el Congo y Estados Unidos, el propio Yuma es un problema. Como presidente de Gécamines, la empresa minera estatal del Congo, ha sido acusado de ayudar a desviar miles de millones de dólares en ingresos, según documentos legales confidenciales del Departamento de Estado revisados por The New York Times y entrevistas con una docena de funcionarios actuales y anteriores de ambos países.

Altos funcionarios del Departamento de Estado han tratado de sacarlo de la agencia minera y presionaron para que lo incluyan en una lista de sanciones, argumentando que durante años ha abusado de su cargo para enriquecer a amigos, familiares y aliados políticos.

Yuma niega haber actuado mal y está llevando a cabo una elaborada campaña legal y de cabildeo para limpiar su nombre en Washington y la capital del Congo, Kinshasa, mientras sigue adelante con sus planes de reformar la extracción de cobalto.