Investigan a expresidente de Argentina por enviar armas a Bolivia

Buenos Aires— Un fiscal argentino acusó formalmente el viernes al expresidente Mauricio Macri y a exfuncionarios de su Gobierno de contrabando de armamento y municiones a Bolivia para la represión de las protestas en medio de la crisis política y social que sacudió a ese país a fines de 2019.

El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial imputó el viernes a Macri (2015-2019), a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al exministro de Defensa, Oscar Aguad, entre otros.

La medida se adoptó a partir de una denuncia penal presentada por el Gobierno de Alberto Fernández por el supuesto envío durante la gestión de su antecesor de distintas cantidades de cartuchos, gases lacrimógenos y granadas de gas a Bolivia con el objetivo de "poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país encabezada por Jeanine Áñez tras el golpe de Estado".

Según la denuncia oficial, el envío irregular del material se produjo el 12 de noviembre de 2019, dos días después de la renuncia a la Presidencia de Evo Morales, "a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declaradas en las distintas instancias de control y en particular ante el servicio aduanero".

Tras el dictamen del fiscal, el juez en lo penal económico Javier López Biscayart debe resolver si hace lugar a las medidas de prueba solicitadas por el acusador.

El presunto envío de armamento y municiones al vecino país fue revelado la semana pasada por el Canciller boliviano Rogelio Mayta, quien presentó como prueba una supuesta carta de agradecimiento que le envió el ex comandante de la Fuerza Aérea boliviana, general Gonzalo Terceros, al entonces Embajador argentino en La Paz. Terceros denunció que la carta es falsa y que su firma fue adulterada.

En tanto Macri negó la acusación y dijo que la única acción que tuvo su Gobierno durante el conflicto político y social en el vecino país fue ofrecer asilo "en la Embajada argentina a funcionarios de Evo Morales e incluso sus familias, junto a periodistas argentinos asignados en ese país".

"Todo lo dicho es falso. Todo es mentira", se defendió el ex Mandatario en una carta publicada días atrás en las redes sociales y señaló que se trata de una maniobra montada por su sucesor, Fernández, para "desviar la atención del fracaso en el manejo de la pandemia, del fracaso económico y del fracaso de la gestión de las vacunas".

El fiscal Navas Rial también imputó al ex Embajador en Bolivia, al ex director General de Aduanas, al ex director del organismo que autorizó el envío del material, al ex director de la Gendarmería (la policía militar de fronteras) y a otros miembros de esa fuerza.