Detención de Álvaro Uribe divide a colombianos

Bogotá– El expresidente Álvaro Uribe ha dominado el panorama político de Colombia durante décadas como el político más querido del país. También como el más odiado.

Para algunos colombianos, es un mesías, el único líder que estaba dispuesto a tomar las duras medidas necesarias para restaurar la seguridad en una nación golpeada por una larga y cruel guerra civil.

Para otros, es un criminal cuya lucha sin restricciones contra los insurgentes mostró poco respeto por los derechos humanos y dejó miles de muertos, muchos de ellos civiles.

Su arresto domiciliario, ordenado esta semana por la Corte Suprema en relación con un caso que recuerda algunos de los aspectos más sombríos de la guerra, ha intensificado la profunda grieta izquierda-derecha del país y llevó a los colombianos de vuelta a la aguda batalla política que el país ha tratado de superar durante años.

“El país tiene demasiadas heridas”, dijo Paloma Valencia, una senadora y partidaria de Uribe que comenzó a seguirlo cuando era estudiante universitaria, “esto hace muchísimo más difícil cualquier tipo de reconciliación”.

Apenas unas horas después del anuncio de la detención de Uribe, sus partidarios de la derecha y sus detractores de la izquierda salieron a las calles de todo el país, a tocar sus bocinas o a golpear cacerolas con indignación o en celebración. Los comentaristas políticos dijeron que la medida amenazó la frágil reconciliación del país luego de un acuerdo de paz de 2016 que puso fin al conflicto, que había sido la guerra más prolongada en América.

A la mañana siguiente, el partido de Uribe había revivido un llamado a revisar el sistema de justicia –una aparente medida para detener futuras detenciones que consideran injustas– y el actual presidente, Iván Duque, aliado incondicional de Uribe, atacó la decisión del tribunal de detener a su mentor.

Pronto, la Procuraduría General de la Nación, que supervisa la conducta de los empleados públicos, emitió un llamado urgente a los servidores públicos a “acatar y no atacar la justicia”.

Los colombianos, dijo la procuraduría, deben “desactivar la pugnacidad y la extrema polarización que pueden estimular nuevos escenarios de violencia. A la crisis generada por la pandemia de la Covid-19 no se le puede agregar una pandemia de odio que nuble el futuro, amenace la democracia y nos sume en una nueva noche de dolor”.

En una concurrida manifestación a favor de Uribe en Medellín tras la decisión, una multitud de autos envueltos en banderas colombianas se alineó en una importante avenida del Centro. Y los asistentes dijeron que estaban indignados porque su héroe había sido detenido mientras que, según los términos del acuerdo de paz de 2016, miles de exguerrilleros fueron liberados.

Santiago Vásquez, de 23 años, llamó a Uribe “el mejor presidente que ha tenido Colombia”, y lo describió como el hombre que paralizó al grupo rebelde más grande del país, conocido como las FARC. Él temía que la detención del expresidente fortaleciera a la izquierda y diera paso a los viejos días de violencia.

“¡Uribe, amigo, Colombia está contigo!”, gritaron los aliados del expresidente.

A cientos de kilómetros de distancia, en Bogotá, los colombianos se asomaron por las ventanas de las casas de toda la capital golpeando cacerolas en una celebración eufórica. Las familias de los que murieron en la guerra habían creído que Uribe jamás sería llamado ante un tribunal para responder por su participación y apenas podían creer las noticias.

“Ojalá que pague por todos los daños”, dijo Lucero Carmona Martínez, de 61 años, quien dijo que su hijo Omar fue asesinado a los 26 años por las fuerzas de seguridad durante la presidencia de Uribe, cuando el ejército, bajo presión para aumentar el recuento de muertos en combate, mataba civiles junto con combatientes rebeldes.

Álvaro Uribe, en los últimos 40 años, pasó de ser un burócrata de bajo rango al político más poderoso del país, ejerciendo su carisma para crear todo un movimiento político en su nombre: el uribismo.

Durante mucho tiempo ha dicho que las FARC mataron a su padre, algo que el grupo ha negado.

Cuando llegó a la Presidencia en 2002, una insurgencia de décadas que había comenzado como una lucha contra la desigualdad se había vuelto devastadoramente violenta. Eran frecuentes los bloqueos de carreteras, los secuestros y el estallido de bombas en la ciudad, y gran parte de la nación estaba desesperada por alguien que restableciera el orden y derrotara a las FARC.

Uribe hizo de la lucha contra la insurgencia la máxima prioridad de su gobierno. Muchas personas le dan el crédito de debilitar significativamente a las FARC y poner fin a gran parte de ese terror.

“Sin el presidente Uribe, Colombia no sería una democracia sino un Estado fallido como Venezuela”, dijo Valencia, la senadora.

Pero mientras Uribe combatía a las guerrillas de izquierda, sus críticos lo acusaron de supervisar un periodo de terribles abusos cometidos no solo por el ejército, sino también por grupos paramilitares que supuestamente hacían el trabajo sucio del gobierno.

“Ha subordinado los medios a los fines”, dijo Iván Cepeda, un opositor político.

Cuando Uribe era presidente, los soldados colombianos mataron a miles de personas inocentes, muchos de ellos campesinos, de acuerdo con el resultado de años de investigación por parte de fiscales y grupos de derechos humanos. Los soldados a menudo intentaban hacer pasar a los muertos como guerrilleros, para demostrar que estaban ganando la guerra.

José Miguel Vivanco, quien lidera la división de Human Rights Watch para las Américas, dijo que a lo largo de los años tocó el tema con Uribe, pero se topó con que el expresidente desdeñaba el asunto, se irritaba fácilmente y se mostraba reacio a ocuparse del tema.

“Sus antecedentes en materia de derechos humanos son deplorables”, dijo Vivanco.

Uribe ha descartado desde hace mucho tiempo cualquier vínculo con grupos paramilitares y ha dicho que más bien él los combatió.

En un giro inesperado, la investigación que condujo al arresto domiciliario de Uribe indaga crímenes relativamente menores, al menos en comparación con los crímenes de otras investigaciones que lo involucran.

En el caso actual, la Corte Suprema intenta determinar si Uribe participó en sobornos, fraude y manipulación de testigos en un esfuerzo por influenciar el testimonio de un supuesto paramilitar, Juan Guillermo Monsalve. Se sospecha que presionó a Monsalve para que se retractara de una declaración en la que vinculaba a Uribe con la creación de grupos paramilitares.

Entre otras investigaciones en torno a la conducta de Uribe se encuentran las que indagan una posible conexión con masacres de paramilitares. Su hermano Santiago ha sido acusado de supuesta vinculación con un grupo paramilitar.

El exmandatario, quien también es senador, pero posiblemente sea suspendido del cargo, no ha sido acusado formalmente en dicho caso. Pero el sistema judicial colombiano permite que permanezca detenido mientras transcurre la investigación si el juez considera que hay riesgo de manipulación de testigos.

Si se le encuentra culpable, el expresidente podría pasar de 6 a 8 años en prisión, de acuerdo con el profesor de derecho Francisco Bernate.

El abogado de Uribe, Jaime Granados, rechazó la acusación el miércoles y dijo que el “presidente Uribe no le pidió a nadie que le sobornara a ningún testigo”.

Sus partidarios, entre ellos el presidente Duque, han calificado la detención como injusta.

“Duele, como colombiano”, dijo Duque, “que a un servidor público ejemplar, que ha ocupado la más alta dignidad del Estado, no se le permita defenderse en libertad, con la presunción de inocencia”.

Uribe está ahora recluido en una finca llamada El Ubérrimo en el norte de Colombia. El miércoles, personas de su entorno cercano dieron a conocer que había dado positivo a la Covid-19 y aclararon que no se encontraba grave.