Desata sismo político diálogo catalán

El Gobierno español intenta iniciar un proceso de platicas con Cataluña, pero la presión por parte de la derecha es cada vez más agresiva

Reforma
jueves, 07 febrero 2019 | 07:44

Madrid— La aceptación del Gobierno español de la figura de un relator en un diálogo entre partidos catalanes, a petición de los independentistas, causó ayer una intensa tormenta política.
La vicepresidenta Carmen Calvo argumentó que dicha decisión por parte del Ejecutivo se tomó para buscar una salida a la crisis política de la región.
Sin embargo, la Oposición de derecha se volcó en una lluvia de críticas y acusaciones de traición por parte del oficialismo socialista, pues dicha medida se tomó a pocos días del inicio el próximo martes del juicio contra los dirigentes separatistas por el intento secesionista de octubre de 2017.
Los líderes del conservador Partido Popular (PP), Pablo Casado, y del liberal Ciudadanos (C's), Albert Rivera, convocaron a una gran concentración el próximo domingo en Madrid para repudiar la postura del Gobierno.
Los líderes del PP, Pablo Casado, y del liberal Ciudadanos (C's), Albert Rivera, convocaron a una gran concentración el próximo domingo en Madrid para repudiar la postura el Gobierno socialista.
"No descarto nada contra Sánchez por su alta traición a España", indicó Casado, quien hasta suspendió un viaje que tenía previsto a Grecia, y consideró que las explicaciones de la vicepresidenta socialista fueron lamentables y, sobre todo, un desprecio al Congreso.
El político conservador, cuyo partido tiene la mayor bancada (137 diputados) en el Parlamento, pidió al Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que convoque elecciones inmediatas y aseguró que en caso contrario no descarta presentar una moción de censura contra el Ejecutivo (84 escaños).
Por su parte, Rivera pidió una comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso.
"Hay que frenar a Sánchez", afirmó el líder de Ciudadanos, quien pidió un frente cívico para que no se ponga en marcha lo que denominó mesa de la vergüenza.
La decisión del Gobierno español generó malestar incluso entre las propias filas del Partido Socialista. Uno de sus líderes más destacados, el presidente de la región de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, solicitó que se reúna el Consejo Territorial del PSOE para discutir la medida.