Diario
Internacional
martes, 24 septiembre 2019 | 10:56
Managua.- El presidente Daniel Ortega culpó a la embajada de Estados Unidos en Nicaragua y a organismos de derechos humanos de la OEA y la ONU de "alentar" las protestas sociales que estallaron en abril del año pasado y que causaron una grave crisis política que aún persiste.
Hablando la noche del lunes en un acto por el aniversario de la fundación de la Policía Nacional, Ortega dijo que miembros de la sede diplomática estadounidense apoyaron "por debajo" a los "terroristas" (opositores).
"Los de la embajada de Estados Unidos por un lado alentaban... y por debajo le echaban leña al fuego", en momentos en que "la policía estaba resguardada y no era una fuerza de combate contra esos terroristas", afirmó.
El exguerrillero de 73 años, que gobernó por primera vez durante la revolución de los años 80, dijo que las protestas fueron apoyadas por empresarios privados, obispos de la Iglesia católica y organismos de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos y de las Naciones Unidas.
"Le echaron leña al fuego, no mostraron amor al prójimo y se iban con los derechos humanos de la OEA y de la ONU a decirles (a los manifestantes) que se mantuvieran en los tranques", dijo Ortega.
"Se juntaron ahí todos los demonios. les hicieron creer que estaban ganado la guerra. Pensaron que ya se hacían de nuevo con el poder", insistió.
Durante las protestas manifestantes levantaron barricadas y "tranques" (retenes) por todo el país. El gobierno sofocó la revuelta con policías y paramilitares y el saldo fue de 328 muertos, más de 2 mil heridos y 770 detenidos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. La CIDH contabilizó además unos 70 mil exiliados.
La CIDH y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos enviaron misiones a Nicaragua para documentar las denuncias de asesinatos, pero el gobierno los expulsó tras calificar sus informes de "sesgados" y "parcializados". Ortega ha rechazado solicitudes de ambos organismos para regresar al país.
Al intervenir en el acto, el jefe nacional de la Policía, comisionado Francisco Díaz, advirtió que no permitirá que se repita "el fallido golpe de Estado" de 2018. Díaz es uno de los funcionarios de Ortega sancionados por Estados Unidos y Canadá por supuestas violaciones a los derechos humanos.
Por su parte, la vicepresidenta Rosario Murillo -esposa de Ortega- declaró a medios oficiales que lo ocurrido en Nicaragua fue "una explosión satánica" de la oposición "que no promueve paz y bien sino maldad y satanismo".
Las declaraciones de las tres autoridades se producen mientras un grupo de opositores visita Washington para reunirse con la comisión especial OEA a la que el gobierno de Nicaragua le impidió el ingreso al país a mediados de este mes.
Los dirigentes de las opositoras Alianza Cívica y Unidad Nacional Azul y Blanco pedirán a la OEA "que ejerza más presión sobre Ortega y que se invoque la Carta Democrática Interamericana", dijo a The Associated Press la activista exiliada Haydeé Castillo, que integra la delegación.