Arrestan a expresidenta de Bolivia

La Paz– Desde una celda policial en La Paz, la expresidenta interina boliviana Jeanine Áñez pidió a la Organización de Estados Americanos y a la Unión Europa enviar misiones para evaluar lo que calificó como una “ilegal aprehensión” en su contra y de dos exministros tras ser acusados de sedición y terrorismo durante la crisis política de 2019 que precipitó la renuncia del entonces mandatario Evo Morales.

En una carta que envió a la OEA y a la UE, Áñez calificó su aprehensión y la de sus excolaboradores como una “persecución política aberrante” y exigió un “debido proceso”. En tanto, la oficina en Bolivia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para las Derechos Humanos solicitó a las autoridades judiciales un proceso “justo, independiente e imparcial”.

Detenida la madrugada del sábado en Trinidad, al noreste de Bolivia, Áñez aguardaba ayer en celdas comunes para ser llevada ante un juez de medidas cautelares que podría otorgarle arresto domiciliario o enviarla a un penal en forma preventiva mientras avanzan las investigaciones.

“Esto es un atropello, como exmandataria tengo derecho a un juicio de responsabilidades. No hubo golpe de Estado, sino una sucesión constitucional. Yo asumí la Presidencia por las renuncias que hubo”, declaró a la prensa.

Dos de sus exministros también fueron detenidos y la Policía buscaba ayer a otros colaboradores de la exmandataria conservadora.

“Esto no es persecución, es una demanda que se presentó en diciembre por conspiración y sedición en contra de la senadora Áñez”, afirmó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

La exmandataria, de 53 años, no será sometida a juicio de responsabilidades en su condición de expresidenta, sino por sus acciones como senadora de oposición, alegó el ministro de Justicia, Iván Lima. “Este caso ha sido presentado contra la exsenadora Áñez, no contra la expresidenta. Por tanto, no está protegida por un juicio de responsabilidades”, dijo.

El caso ha vuelto a elevar la tensión política en Bolivia. Líderes de oposición han calificado las detenciones de ilegales y han acusado al Gobierno del presidente izquierdista Luis Arce de utilizar la justicia para una “persecución judicial”, según han declarado por separado el expresidente Carlos Mesa y el gobernador electo de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, ambos líderes de la oposición.