Ordenan entregar nombres de investigadores que revisaron las propiedades de Trump

Nueva York.— Un juez federal ordenó a los abogados del ex presidente Donald J. Trump que le proporcionen al gobierno los nombres de los investigadores privados que revisaron las propiedades de Trump a finales del año pasado en busca de cualquier documento clasificado, parte de lo cual pareció ser una medida del Departamento de Justicia para interrogar a los investigadores acerca de sus esfuerzos, según dijeron dos personas que están enteradas del asunto.

La orden, que fue emitida este miércoles por Beryl A. Howell, juez de la Corte Federal de Distrito de Washington, fue el giro más reciente en una disputa que ha durado un mes entre la fiscalía y los abogados de Trump acerca de lo dispuesto que ha estado el ex presidente para regresar el material clasificado que él sacó de la Casa Blanca al concluir su mandato.

Cientos de documentos clasificados fueron recuperados posteriormente por el gobierno en Mar-a-Lago, el club y residencia privada de Trump en Florida.

El hecho de que el Departamento de Justicia haya buscado una orden formal para saber los nombres de los investigadores sugiere una creciente desconfianza entre la fiscalía que investiga el caso de los documentos y el equipo legal de Trump.

La petición ocurre mientras un asesor especial se ha hecho cargo de la indagatoria sobre si Trump conscientemente retuvo registros sensitivos u obstruyó los esfuerzos del gobierno para obtenerlos.

The New York Times reportó en octubre que un funcionario de alto rango del Departamento de Justicia le comentó al equipo legal de Trump que el Departamento creía que el ex presidente aún tenía en su poder documentos clasificados aun después que el FBI realizó un cateo en Mar-a-Lago en agosto y retiró más de 20 cajas de documentos, incluyendo 100 que eran clasificados.

Alrededor del Día de Acción de Gracias, los investigadores privados contratados por Trump realizaron su propia búsqueda y encontraron por lo menos dos documentos adicionales que estaban clasificados en una unidad de almacenamiento pagada por la Administración Federal de Servicios Generales situada en West Palm Beach, Florida, no lejos de Mar-a-Lago.

Los documentos descubiertos en el almacén fueron regresados adecuadamente al gobierno. Sin embargo, en una exhibición de su falta de confianza y su enojo, la fiscalía le pidió al juez Howell que acusara de desacato a la oficina post-presidencial de Trump por no haber acatado el citatorio inicial, emitido en mayo, exigiendo que él regresara todos los documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca.