La Corte Suprema decidirá si los sitios negros de la C.I.A. son secretos de estado

Washington - La Corte Suprema acordó este lunes decidir si el gobierno puede impedir que un detenido en la Bahía de Guantánamo obtenga información de dos excontratistas de la C.I.A. involucrados en torturarlo con el argumento de que expondría secretos de estado.

El detenido, conocido como Abu Zubaydah, trató de citar a los contratistas, James E. Mitchell y Bruce Jessen, en relación con una investigación criminal polaca. La investigación fue motivada por una determinación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de que Zubaydah había sido torturado en 2002 y 2003 en los llamados sitios negros operados por la C.I.A., incluido uno en Polonia.

Zubaydah fue el primer preso detenido por la C.I.A. después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, para someterse a las llamadas técnicas mejoradas de interrogatorio, que se basaron en una lista de sugerencias elaboradas para su uso por el doctor Mitchell y el doctor Jessen, ambos psicólogos.

El doctor Mitchell ha testificado que él y el doctor Jessen, que tenían experiencia con un programa de la Fuerza Aérea que enseñaba a los pilotos cómo resistir la tortura, fueron contratados por la C.I.A. para consultar sobre el interrogatorio de Zubaydah. Finalmente, fueron asignados para que le aplicaran las técnicas en el verano de 2002.

Un juez federal aceptó la moción del gobierno para bloquear la citación, diciendo que "proceder con el descubrimiento presentaría un riesgo inaceptable de revelar secretos de estado".

Pero un panel dividido de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, en San Francisco, dictaminó que podría ser posible segregar la información protegida por el privilegio de secretos de estado, que prohíbe las divulgaciones que podrían poner en peligro la seguridad nacional.

El Noveno Circuito en pleno se negó a volver a escuchar la decisión del panel, sobre los disidentes de 12 jueces que dijeron que el fallo estaba plagado de "graves errores legales" y planteaba "un grave riesgo para nuestra seguridad nacional".

El gobierno, en escritos presentados por las administraciones de Trump y Biden, pidió a la Corte Suprema que interviniera, diciendo que “las identidades de sus socios de inteligencia extranjeros y la ubicación de los centros de detención de la C.I.A. en sus países ‘no podían ser divulgados’ sin correr el riesgo de dañar indebidamente la seguridad nacional".