Investigará Pentágono contrato para muro otorgado a donante republicano

Washington.- La Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa investigará un contrato de 400 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo otorgado a una compañía de Dakota del Norte después de que el presidente Trump abogara a favor de dicho acuerdo en privado.

El presidente del comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el representante Bennie Thompson de Mississippi, solicitó la investigación sobre la decisión tomada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos la semana pasada, planteando inquietudes de que se pudo haber incurrido en prácticas de “influencia inapropiada”. Thompson escribió en una carta que Fisher Sand & Gravel “no cumplió con los requisitos operativos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos  su proyecto de prototipo fue entregado tarde y por encima del presupuesto”.

Glenn Fine, el subinspector general del Departamento de Defensa, escribió una carta al Thompson el jueves diciendo que el grupo vigilante investigará el contrato para la construcción del muro en Arizona para ver si cumple con los estándares de solicitud.

“En respuesta a su solicitud, hemos decidido iniciar una auditoría de y adjudicación de este contrato”, dijo Fine en la carta a Thompson. “Estamos evaluando la metodología de dicha auditoría y anunciaremos formalmente la auditoría pronto”.

El organismo de control interno del Departamento de Defensa anunció esta semana que también examinará ampliamente las actividades de los militares en la frontera sur.

La investigación de Dakota del Norte es el último revés para el muro fronterizo de Trump. A principios de esta semana, un juez federal en Texas emitió una orden a nivel nacional que impedía que la administración de Trump usara 3 mil 600 millones de dólares en fondos de construcción militar, asegurados mediante una declaración de emergencia nacional, para edificar un muro a lo largo de la frontera sur, dictaminando que la declaración era ilegal. Un juez también impidió que un grupo privado construyera su propio muro.