Diario
Estados Unidos
miércoles, 26 junio 2019 | 18:55
Ciudad de México— El padre y la hija yacen bocabajo en las aguas lodosas de la orilla del río Bravo, la pequeña cabeza de la niña metida dentro de la camiseta del hombre, un brazo de la bebé colocado sobre el cuello de él.
El retrato de la desesperación fue captado el 24 de junio por la periodista Julia Le Duc, en las horas posteriores a que Óscar Alberto Martínez Ramírez murió junto a su hija de 23 meses, Valeria, cuando intentaban cruzar desde México hacia Estados Unidos.
La imagen representa una conmovedora muestra del peligroso recorrido que los migrantes enfrentan en su paso rumbo al norte hacia Estados Unidos, y de las trágicas consecuencias que a menudo transcurren de manera invisible en el escandaloso y ácido debate sobre la política fronteriza.
La imagen recordó otras fotografías poderosas y en ocasiones perturbadoras que han reactivado la atención pública sobre los horrores de la guerra y el profundo sufrimiento de las personas refugiadas y migrantes: historias personales que a menudo son ensombrecidas por acontecimientos mayores.
Como la fotografía icónica de un niño sirio cubierto de sangre que fue rescatado de entre los escombros en Alepo después del ataque aéreo o la toma de 1993 de un niño pequeño que estaba próximo a la inanición y un buitre cercano en Sudán, la imagen de un padre y su pequeña hija que aparecieron a la orilla del río Bravo tenía el potencial de despertar la conciencia pública.
A medida que la fotografía se divulgó en redes sociales el 25 de junio, los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos se movilizaron hacia la aprobación de un proyecto de ley de emergencia de ayuda humanitaria por 4500 millones de dólares para abordar la difícil situación de los migrantes en la frontera.
Joaquín Castro, representante demócrata de Texas y presidente del caucus latino, se mostró conmovido mientras discutía la fotografía en Washington. Dijo que tenía la esperanza de que marcara una diferencia entre los legisladores y el pueblo estadounidense en general.
“Es muy duro ver esa fotografía”, dijo Castro. “Es nuestra versión de la fotografía siria del niño de 3 años muerto en la playa. Eso es lo que es”.
La joven familia proveniente de El Salvador (Martínez, de 25 años, Valeria y su madre, Tania Vanessa Ávalos) llegó el fin de semana pasado a la ciudad fronteriza de Matamoros, en el estado mexicano de Tamaulipas, con la esperanza de solicitar asilo en Estados Unidos.
No obstante, el puente internacional estaba cerrado hasta el lunes, les dijeron funcionarios, y conforme caminaban a lo largo de las orillas del río, el agua parecía manejable.
La familia iba unida alrededor del mediodía del domingo. Martínez nadó con Valeria en su espalda, metida dentro de su camiseta. Ávalos iba detrás de ellos, en la espalda de un amigo de la familia, dijo a los funcionarios gubernamentales.
No obstante, mientras Martínez se acercaba a la orilla opuesta, cargando a Valeria, Ávalos podía ver que él se estaba cansando en las agitadas aguas. Ella decidió nadar de regreso al lado mexicano.
De regreso en el lado mexicano, volteó y vio a su esposo e hija, cerca de la orilla estadounidense, hundirse en el río y ser arrastrados por el agua.
El lunes, sus cadáveres fueron recuperados por autoridades mexicanas a unos metros de donde fueron arrastrados río abajo, padre e hija todavía estaban en el mismo abrazo.
“Es muy lamentable que esto suceda, muy lamentable que esto pase”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en la conferencia de prensa matutina del 25 de junio. Sin embargo, a medida que más migrantes son rechazados por Estados Unidos, dijo, “hay gente que pierde la vida en el desierto o cruzando el río Bravo”.
Las últimas semanas han dejado en claro los peligros a lo largo de la frontera, aunque nada ha sido tan gráfico como la muerte de Martínez y su hija.
El 23 de junio, dos bebés, un niño y una mujer fueron encontrados muertos en el valle del Río Grande, al ser superados por el calor extremo. Un niño pequeño proveniente de India fue hallado muerto en Arizona hace unas semanas.
Tres niños y un adulto originarios de Honduras fallecieron cuando su balsa se volcó hace dos meses mientras cruzaban el río Bravo.
La disuasión ha sido la estrategia predilecta entre los funcionarios estadounidenses que buscan frenar la migración, incluso antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asumiera el cargo.
En 2014, el entonces presidente Barack Obama presionó a México para hacer más después de que decenas de miles de menores sin compañía llegaron a la frontera sur en busca de sus seres queridos en Estados Unidos. Las detenciones en México se elevaron drásticamente con el llamado Programa Frontera Sur.
No obstante, Trump, desde el inicio de su campaña electoral, ha convertido el combate a la inmigración no autorizada en una pieza central de su presidencia.
Su gobierno ha intentado criminalizar a aquellos que ingresan a Estados Unidos de manera ilegal, separó a padres de sus hijos y drásticamente redujo la capacidad de los migrantes de solicitar asilo en Estados Unidos.
Más recientemente, su gobierno ha impuesto un plan para enviar a miles de solicitantes de asilo de regreso a México para esperar sus audiencias ante la corte.
Bajo la presión constante de Trump, México ha aumentado su propio cumplimiento de las leyes migratorias en los últimos meses.
Este esfuerzo se aceleró en las últimas dos semanas como parte de un acuerdo que el gobierno de López Obrador logró con Washington para evitar aranceles potencialmente paralizantes a los productos mexicanos.
Hasta el 24 de junio, el gobierno mexicano había desplegado a más de veinte mil elementos de las fuerzas de seguridad a las fronteras sur y norte para intentar impedir el paso de personas migrantes no autorizadas hacia Estados Unidos, dijeron funcionarios.
No obstante, expertos en derechos humanos, activistas a favor de los migrantes y analistas de seguridad advirtieron que la movilización podría llevar a los migrantes a recurrir a rutas más peligrosas en su esfuerzo por llegar a Estados Unidos.
A pesar de todas las políticas de línea dura, cientos de miles de personas continúan encaminándose en el peligroso recorrido hacia Estados Unidos desde Centroamérica y otros lugares.
Sin embargo, por cada persona que decide comenzar el recorrido migratorio, ya sea a pie, a bordo de camiones de carga o sobre el techo de vagones de tren, el miedo de lo que queda atrás es mayor que el de lo que viene más adelante.
Algunos buscan escapar de pandillas que han paralizado a la región y asesinan indiscriminadamente. Otros buscan una salvación económica.
Tal era el caso de Martínez y su esposa, que abandonaron El Salvador a principios de abril en un intento por tener un nuevo comienzo en Estados Unidos, de acuerdo con Jorge Beltrán, un reportero para El Diario de Hoy en El Salvador que entrevistó a algunos de los familiares de la pareja.
“Fueron por el sueño americano”, dijo Wendy Joanna Martínez de Romero, la hermana de Martínez, desde su hogar en El Salvador.
Martínez renunció a su trabajo en Papa John’s, en el cual ganaba 350 dólares al mes. Para entonces, su esposa ya había dejado su trabajo como cajera en un restaurante de comida china para cuidar a su hija.
La pareja vivía con la madre de Martínez en la comunidad de Altavista, un complejo habitacional de grandes dimensiones de pequeñas casas de concreto al este de San Salvador, de acuerdo con Beltrán, el periodista.
Aunque Altavista está bajo el control de las pandillas, la pareja no huía de la violencia, les dijo Rosa Ramírez, la madre de Martínez, sino que era imposible sobrevivir como familia con 10 dólares al día.
En efecto, familiares realizaron una petición al público el 25 de junio para recaudar dinero para que puedan repatriar los cuerpos de Martínez y Valeria. El costo se espera que sea de unos 8000 dólares, una cifra inimaginable para los familiares de Martínez.
Horas después, el gobierno salvadoreño aceptó cubrir el costo.