Hogares de ancianos desalojan a residentes vulnerables

En una fría tarde de abril, la policía de Los Ángeles encontró a un hombre viejo y desorientado en una acera de Korea town.

Varios días antes, RC Kendrick, un hombre de 88 años con demencia, vivía en Lakeview Terrace, un hogar de ancianos con antecedentes de problemas regulatorios. Su familia lo había colocado allí para asegurarse de que recibiera atención las 24 horas después de que su condición empeorara y comenzara a desaparecer por días.

Pero el 6 de abril, el hogar de ancianos dejó al señor Kendrick en una pensión no regulada, sin molestarse en informar a su familia. Menos de 24 horas después, Kendrick deambulaba solo por la ciudad.

Según tres empleados de Lakeview, la expulsión del señor Kendrick se produjo cuando el hogar de ancianos le estaba diciendo a los miembros del personal que trataran de eliminar a los residentes menos rentables para dejar espacio para una nueva clase de clientes que generarían más ingresos: pacientes con Covid-19.

Más que cualquier otra institución en Estados Unidos, los hogares de ancianos han llegado a simbolizar la destrucción mortal de la crisis del coronavirus. Más de 51 mil residentes y empleados de hogares de ancianos y centros de atención a largo plazo han muerto, lo que representa más del 40 por ciento del total de muertos en los Estados Unidos.

Pero incluso cuando han sido devastados, los hogares de ancianos también se han alistado en la respuesta al brote. Están tomando pacientes afectados por coronavirus para aliviar la carga de los hospitales abrumados y, a veces, para reforzar sus resultados.

Un funcionario de Lakeview dijo que los desalojos de la compañía fueron apropiados y no fueron un intento de liberar espacio para los pacientes de Covid-19. Pero escenas similares se están desarrollando en hogares de ancianos en todo el país. Están expulsando a los residentes viejos y discapacitados, entre las personas más susceptibles al coronavirus, y enviándolos a refugios para personas sin hogar, moteles deteriorados y otras instalaciones inseguras.

Muchos de los desalojos, conocidos como descargas involuntarias, parecen violar las normas federales que requieren que los hogares de ancianos coloquen a los residentes en lugares seguros y les proporcionen un aviso de al menos 30 días antes de obligarlos a irse.

Si bien la concepción popular de los hogares de ancianos es de lugares donde viven personas mayores, gran parte de su negocio es atender a pacientes de todas las edades y niveles de ingresos que se están recuperando de una cirugía o enfermedades agudas como los accidentes cerebrovasculares. Medicare a menudo paga por períodos de rehabilitación a corto plazo; Medicaid cubre estadías a largo plazo para personas pobres.

Los hogares de ancianos han tenido un incentivo financiero para desalojar a los pacientes de Medicaid a favor de aquellos que pagan a través de un seguro privado o Medicare, que reembolsa a los hogares de ancianos a una tasa mucho más alta que Medicaid. Más de 10 mil residentes y sus familias se quejaron con los guardianes por ser dados de alta en 2018, el año más reciente para el que hay datos disponibles.

La pandemia ha intensificado la situación.

Con los hogares de ancianos que no permiten visitas, hay menos escrutinio externo de sus prácticas. Quince defensores del pueblo financiados por el estado dijeron en entrevistas que algunas casas parecen estar aprovechando ese vacío para desalojar a los residentes vulnerables.

Muchos hogares de ancianos están luchando en parte porque uno de sus negocios más rentables, la rehabilitación posterior a la cirugía, se ha desvanecido porque los estados restringieron a los hospitales la realización de servicios no esenciales.

El tratamiento de pacientes con Covid-19 se convirtió rápidamente en una forma popular de llenar ese vacío financiero.