Estados Unidos

Ganan inmigrantes demanda contra restaurantero por discriminación en EU

Se establecerá un fondo de pago de 50 mil dólares para los trabajadores afectados

El Diario de Juárez

jueves, 17 octubre 2019 | 13:23

Agencias | Los empleadores no pueden exigir que un trabajador proporcione más o diferentes documentos de los necesarios para probar legalmente la autorización de trabajo basada en el estado de ciudadanía del trabajador o su origen nacional, señalan

Austin – Inmigrantes con Residencia Permanente acusaron al dueño de al menos 78 franquicias de Taco Bell por discriminación y ganaron, reportó el Departamento de Justicia.

La autoridad anunció hoy que llegó a un acuerdo de solución con MUY Brands LLC, un propietario y operador con sede en San Antonio, Texas, de franquicias de restaurantes Taco Bell en seis estados, y una compañía de administración relacionada, MUY Consulting Inc.

El acuerdo resuelve la investigación del Departamento sobre si las compañías violaron la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) al discriminar a los portadores de “green card”, debido a su condición de ciudadanía al verificar su autorización para trabajar en los Estados Unidos, publicó el Diario NY.

“Los empleadores no pueden exigir que un trabajador proporcione más o diferentes documentos de los necesarios para probar legalmente la autorización de trabajo basada en el estado de ciudadanía del trabajador o su origen nacional”, dijo el fiscal general adjunto Eric Dreiband de la División de Derechos Civiles. “La División de Derechos Civiles está comprometida con hacer cumplir la Ley de Inmigración y Nacionalidad y erradicar la discriminación en el proceso de verificación de elegibilidad de empleo para ayudar a garantizar la igualdad de oportunidades de empleo”.

La investigación concluyó que, al menos desde julio de 2015 hasta marzo de 2017, las empresas solicitaron documentos de autorización de trabajo específicos de todos los portadores de “green card” que trabajaban en sus restaurantes Taco Bell, sin imponer un requisito similar a los ciudadanos estadounidenses.

Las compañías pagarán una multa civil de 175 mil dólares, establecerán un fondo de pago de 50 mil dólares para los trabajadores afectados y estarán sujetas a los requisitos de supervisión y presentación de informes departamentales. Se desconoce la cantidad de personas que serán beneficiadas con el acuerdo.

“Como resultado, algunos residentes permanentes perdieron oportunidades de trabajo, a pesar de que habían presentado suficiente documentación para probar su autorización para trabajar”, indicó el DOJ en un comunicado.

La ley federal permite a todas las personas autorizadas para trabajar, independientemente de su estado de ciudadanía, elegir qué documentos válidos y legalmente aceptables presentar para demostrar su capacidad para trabajar en los Estados Unidos, recuerdan las autoridades.

Aunado a ello, el INA prohíbe a los empleadores solicitar más o diferentes documentos de los necesarios para probar la autorización de trabajo.

Además, ciertos empleados deberán asistir a capacitación sobre los requisitos de la disposición antidiscriminatoria del INA.

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