‘Explota’ a Biden situación fronteriza

Washington— La súplica desesperada llegó esta semana a las bandejas de entrada de los correos electrónicos de los empleados de agencias gubernamentales como el Departamento de Seguridad Nacional y la NASA: ¿Considerará tomar una licencia pagada de cuatro meses de su trabajo para ayudar a cuidar a los niños migrantes en los refugios saturados administrados por el Gobierno llenos de recién llegados a la frontera?

La solicitud a gran parte de la fuerza laboral federal provino del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que se encuentra en el centro de un esfuerzo frenético de la administración de Biden para mantenerse al día con el aumento de menores que cruzan la frontera Suroeste con la esperanza de reunirse con sus familiares en los Estados Unidos.

Los números son abrumadores. En marzo, los agentes de la Patrulla Fronteriza encontraron cerca de 19 mil niños en la frontera, la mayor cantidad registrada en un solo mes, la mayoría de ellos huyendo de la pobreza y la violencia en Centroamérica. Y se espera que el flujo de niños migrantes aumente en las próximas semanas.

Más de 20 mil niños y adolescentes están bajo la custodia de un sistema gubernamental que ya está al “103% de su capacidad”.

La cifra incluye casi 17 mil menores en albergues administrados por el Departamento de Salud, según los materiales informativos de la Operación Artemis, una respuesta a la crisis fronteriza dirigida por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Las proyecciones del Gobierno obtenidas por The New York Times muestran que podría haber más de 35 mil niños migrantes a los qué atender en junio, una perspectiva que un ex funcionario superior de Servicios Humanos y de Salud calificó de “aterradora”.

La capacidad del Departamento de Salud y Servicios Humanos para construir refugios, trasladar a los niños rápidamente a ellos y luego unirlos con parientes y otros patrocinadores en los Estados Unidos, es la primera prueba importante de si la administración de Biden puede responder rápida y eficazmente a una creciente crisis de inmigración que tiene ramificaciones políticas y humanas de gran alcance.

La presión está produciendo tensión dentro de la Casa Blanca. El presidente Biden expresó su frustración con Xavier Becerra, su nuevo secretario de HHS, en una reunión en la Casa Blanca el 30 de marzo, por lo que el presidente ve como atracos burocráticos en capacidad creciente, según dos funcionarios de la administración familiarizados con la reunión.

Susan Rice, directora del Consejo de Política Nacional, y Amy Pope, asesora principal del presidente para asuntos migratorios, han estado presionando agresivamente a los funcionarios del Departamento de Salud y otras agencias de inmigración para que les den explicaciones sobre la imposibilidad de sacar rápidamente a más de 4 mil jóvenes migrantes de instalaciones de detención similares a cárceles administradas por la Patrulla Fronteriza, según varias personas familiarizadas con las reuniones.

Cuando cruzan la frontera por primera vez, los niños y adolescentes no acompañados son llevados a cárceles fronterizas. Por ley, se supone que deben permanecer allí por no más de tres días antes de ser trasladados a unos 150 refugios y otras instalaciones y hogares grupales supervisados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Pero debido a la falta de espacio disponible en los refugios, los jóvenes suelen ser retenidos por más tiempo en las duras condiciones de las instalaciones fronterizas. Cuando finalmente son enviados a los refugios del Departamento de Salud en todo el país, donde deben recibir educación, atención médica, servicios psicológicos y recreación mientras los funcionarios examinan a los miembros de la familia, amigos o padres adoptivos que pueden acogerlos, generalmente se enfrentan a más tiempo detenidos.

El último aumento, en camino de ser mayor que los que provocaron las crisis para el presidente Barack Obama en 2014 y 2016 y para el presidente Donald Trump en 2019, tiene a funcionarios de la administración corriendo para erigir instalaciones y contratar personal para ellas.

Los funcionarios han abierto una docena de refugios de emergencia en espacios vacíos como centros de convenciones en Dallas y San Diego, un centro de exposiciones en San Antonio y un sitio militar y un antiguo campamento para trabajadores petroleros en Texas.

También se han movido para reducir el tiempo que se necesita para realizar verificaciones de antecedentes de los padres en un esfuerzo por liberar a los jóvenes migrantes de los refugios más rápidamente y abrir lugares para los detenidos en las cárceles fronterizas. Pero incluso con los primeros signos de progreso, más de 4 mil 100 menores quedaron atrapados en instalaciones fronterizas a principios de esta semana, mucho más que los 2,600 detenidos en cárceles fronterizas en el pico del aumento en 2019.

Los republicanos se han ocupado del tema para afirmar que Biden no actuó con la rapidez suficiente para expandir el sistema de refugios incluso cuando se centró en deshacer las políticas fronterizas restrictivas de su predecesor.

Una serie de órdenes ejecutivas emitidas semanas después de que Biden asumiera el cargo apuntó a otras partes de su agenda de inmigración, incluida la revisión de las políticas de la administración Trump que limitaron el asilo y detuvieron la construcción del muro fronterizo. Y el presidente esperó hasta marzo para llamar a FEMA para ayudar en el esfuerzo por encontrar un lugar de refugio para los niños, luego de que el número de menores atrapados en las cárceles fronterizas superó los 3 mil.

Los asesores de Trump dijeron que los funcionarios de carrera advirtieron al equipo entrante de Biden sobre el probable aumento de llegadas en la primavera, pero dijeron que la nueva administración no se movió rápidamente para comenzar a reactivar las instalaciones de emergencia para obtener más espacio.

Los funcionarios de la administración de Biden rechazan esas críticas, diciendo que no recibieron suficiente información durante la transición y notificaron al Congreso de la necesidad de comenzar a agregar capacidad de emergencia a principios de febrero.

Dijeron que también se vieron obstaculizados por una decisión de los funcionarios de la administración Trump durante la pandemia de congelar la contratación en la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud, que supervisa los refugios. Y acusaron a sus predecesores de simplemente confiar en la existencia de las duras políticas de Trump que impidieron que los migrantes ingresaran al país.

“Rechazaban a los niños migrantes no acompañados por lo que no estaban haciendo esfuerzos para expandir el sistema de refugios”, dijo Cecilia Muñoz, una de las principales autoridades de inmigración de Biden durante la transición.