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Estados Unidos
viernes, 27 noviembre 2020 | 11:10
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Matamoros— Griselda tenía 38 semanas de embarazo cuando cruzó el Río Bravo hacia Estados Unidos una noche del año pasado. Comenzó a tener contracciones en una instalación de la Patrulla Fronteriza en McAllen, Texas, y fue llevada a un hospital donde el personal médico le dio una inyección para calmar el dolor y evitar que entrara en trabajo de parto prematuro.
Dos días después, estaba en un autobús lleno de gente de regreso a México y se ubicó en un campamento de tiendas de campaña con cientos de otros migrantes que esperaban permiso para ingresar a Estados Unidos. Cuando finalmente dio a luz 10 días después, su pequeña hija se reunió con ella hasta que un refugio local les hizo espacio.
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Los nuevos y amplios controles migratorios de la Administración Trump han dificultado que cualquier tipo de persona cruce desde la frontera sur, pero están afectando particularmente a las mujeres embarazadas, que a menudo llegan en un estado de agotamiento.
Anteriormente, a muchas de esas mujeres se les permitía solicitar asilo y dar a luz en condiciones de seguridad en Estados Unidos mientras se consideraban sus casos.
Pero ahora la mayoría son expulsadas rápidamente a México, donde se arriesgan en abarrotados y sucios campamentos. Algunas más permanecen recluidas en centros de detención estadounidenses durante meses.
En una queja ante los tribunales federales el año pasado, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) dijo que había entrevistado a 18 mujeres migrantes que habían sido detenidas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y habían sido devueltas a México. Todas tenían preocupaciones sobre cómo dar a luz de manera segura y mantener a sus bebés sanos.
Una mujer dijo que un agente de CBP le dijo que "Trump no quería que hubiera más personas embarazadas aquí", según la demanda judicial de la ACLU.
Tras los reportes sobre lo que sucedía en la frontera con las mujeres embarazadas, la fotoperiodista, Lynsey Addario viajó allá para documentarlo. Se le unió Caitlin Dickerson, quien escribe sobre inmigración para The New York Times.
Las dos periodistas conocieron a Griselda en un albergue de Matamoros, Tamaulipas, en uno de los varios viajes que realizaron a la región durante un año.
Su trabajo dio lugar a un informe sobre la difícil situación que enfrentan las mujeres que viven ilegalmente en EU y que están renunciando a la atención prenatal y pariendo en sus hogares por el temor a ser deportadas.
Las periodistas también revelaron una gama de problemas más grandes que enfrentan las mujeres en la frontera. La mayoría de las afectadas pidieron que no se publicaran sus apellidos para evitar poner en riesgo sus posibilidades de obtener la residencia legal en EU. Sin embargo, sus rostros lo decían todo.
Xiomara Quintanilla, de 26 años, tenía siete meses de embarazo cuando llegó a la frontera cerca de McAllen, Texas, con sus dos hijos pequeños, Brianna, de 3, y Dylan, de 1.
La familia había huido de El Salvador, cruzando el Río Bravo para pedir asilo en EU. Habían gastado 9 mil dólares en el viaje de dos semanas, pagando a los contrabandistas en el camino.
En ese momento, las autoridades de inmigración de EU solían separar a las familias en la frontera, pero Quintanilla decidió afrontar el riesgo de viajar embarazada y la posibilidad de ser separada de sus hijos.
"Vine por la falta de seguridad en El Salvador y las pandillas", dijo.
"No hay trabajo allí. Tengo que pensar en el futuro de mis hijos".
En el campamento en Matamoros donde Griselda se hospedó inicialmente, Gabriela María Hernández Méndez, de 25 años, estaba esperando junto con sus dos hijos permiso para ingresar a Estados Unidos como solicitante de asilo. Estaba embarazada de seis meses de un tercer hijo.
Había viajado desde Choluteca, Honduras. Se había sometido a un examen prenatal con una partera en el edificio de la aduana en Matamoros, pero no tenía idea de lo que sucedería con su creciente familia.
"Estoy preocupada por mis hijos", dijo. "¿Qué pasa si se enferman? ¿Dónde dormiremos o comeremos?"
Había, junto a Gabriela, cientos de solicitantes de asilo en el campamento de Matamoros. Todos esperaban para presentar sus casos en más de una docena tenían a hijos consigo.
Muchos llevaban meses viviendo ahí, con pocas posibilidades de regresar a casa, ya sea porque se les había acabado el dinero o porque el lugar de donde venían era aún más peligroso.
Las condiciones en el campamento eran pésimas, a veces heladas por la noche y sofocantes durante el día. Hubo un brote de Covid-19 durante el verano.
Algunas de las mujeres embarazadas, como Griselda, han podido encontrar un espacio en un refugio, con camas cálidas y protección contra el ambiente.
Pero algunas de las mujeres se han cansado de esperar y han intentado cruzar el río. Algunas tienen la suerte de ser halladas por la Patrulla Fronteriza y ser trasladadas a un refugio para migrantes en Estados Unidos.
Pero para muchos otras, el veredicto es rápido y severo: un viaje en autobús de regreso a México.
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