Detrás de las acusaciones contra los 'chapitos', las agencias se enfrentan

El pasado mes de mayo, un equipo de agentes federales que persiguen a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el capo mexicano de la droga conocido como El Chapo, tuvieron suerte.

A través de la combinación de información electrónica e inteligencia humana, los agentes rastrearon a uno de los hijos, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hasta un lugar situado en el oeste del estado de Sinaloa en México.

Ansioso por tener acción, el equipo se preparó para trabajar con el ejército mexicano e ir tras Guzmán Salazar, uno de los criminales más buscados del mundo.

Sin embargo, al final, de acuerdo a los registros obtenidos por The New York Times y tres personas que tienen conocimiento del asunto, les dijeron que se sometieran a las órdenes del Departamento de Justicia.

Otra agencia federal, la Administración Contra las Drogas, estuvo investigando por separado a los hijos de Guzmán y se pensó que cualquier medida activa para tomarlos bajo custodia podría interferir con esa investigación, o incluso podrían morir personas.

En la mejor de las circunstancias, es desafiante para los agentes federales de Estados Unidos perseguir a los capos de la droga en México, en donde les exigen colaborar con sus contrapartes locales que usualmente no son confiables.

Aunque el episodio relacionado con Guzmán Salazar, uno de los cuatro hijos de El Chapo que son conocidos como los Chapitos, apunta hacia un problema más cercano en casa: las rivalidades que pueden surgir cuando diferentes agencias que aplican la ley persiguen a los mismos objetivos.

La disputa en este caso entre oficiales de la DEA ayudó a presentar una amplia acusación en contra de los Chapitos en Nueva York, Washington y San Diego, que unieron fuerzas para presentar su propio caso en contra de los hijos de Guzmán.

Ni la disputa ni las consecuencias fueron visibles el mes pasado cuando el procurador general Merrick B. Garland, quien estuvo flanqueado por representantes de todas las agencias, se reunió en Washington para anunciar las nuevas acusaciones en contra de los Chapitos.

Garland celebró los cargos colectivos como un ataque contra la habilidad de la organización Guzmán, el Cártel de Sinaloa, para enviar fentanilo y otras drogas desde México a la frontera de Estados Unidos.

“El Departamento de Justicia está atacando cada aspecto de las operaciones del Cártel”, comentó Garland.

Un oficial de alto rango de la DEA de inmediato vio la posibilidad de construir un caso más grande que pueda atacar no sólo a los Chapitos, sino a toda la red de fentanilo: los productores químicos, lavadores de dinero, narcotraficantes y distribuidores.

El plan, agregó el oficial, es unir todo lo que la DEA sabe acerca de los Chapitos para impulsar una investigación del Grupo 959, que está siendo realizado en colaboración con la oficina del procurador de Estados Unidos en Manhattan.