Diario
Estados Unidos
jueves, 13 febrero 2020 | 12:12
Washington.– El Departamento de Justicia aumentó la presión legal sobre los gobiernos locales por las políticas de 'santuario' que obstaculizan a los funcionarios federales de inmigración, presentando dos nuevas demandas y lanzando una campaña de mensajes coordinados para destacar que esto es una prioridad del presidente Trump en este año electoral, publicó el rotativo LA Times.
Declarando que los oficiales de la ley están siendo “puestos en peligro por estas políticas ideológicas”, el general William Barr dijo que la administración Trump está demandando al estado de Nueva Jersey y al condado que alberga a Seattle por las políticas de inmigración que ofrecen protección a los inmigrantes en EU de manera ilegal.
El Departamento de Justicia dijo que Nueva Jersey está violando la ley federal al prohibir a las autoridades estatales y locales compartir información sobre los reclusos que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.
El condado de King, en el estado de Washington, fue objeto de una demanda por una política que prohíbe al Departamento de Seguridad Nacional utilizar el campo de entrenamiento del aeropuerto internacional de King County para vuelos de deportación.
“Hoy es una escalada significativa en el esfuerzo del gobierno federal para enfrentar la resistencia de las ciudades santuario”, dijo Barr a una audiencia de oficiales en la Asociación Nacional de departamentos del Sheriff.
Algunas ciudades, como Nueva York, han puesto en marcha leyes que prohíben compartir información con los funcionarios de inmigración.
Los funcionarios de inmigración han enviado citaciones a Denver y a la ciudad de Nueva York por las solicitudes de información sobre los inmigrantes que están a punto de ser liberados de la cárcel.
El fiscal general manifestó que el Departamento de Justicia “apoyará enérgicamente” a Seguridad Nacional para que utilice “todos los medios legales”, incluyendo citaciones federales, para obtener información sobre los sospechosos que pretenden deportar.
“Estas políticas son ejemplos de libro de texto de la ideología equivocada que triunfa sobre la aplicación de la ley con sentido común, y es el público y la policía quienes pagan el precio”, aseveró Barr.
La administración también demandó al estado de California para bloquear una ley que entró en vigor el 1 de enero para prohibir nuevos contratos con empresas penitenciarias con fines de lucro, incluyendo miles de camas de detención de inmigrantes que el gobierno federal paga en el estado.
Trump ha estado tratando, desde que asumió el cargo, de castigar a las ciudades santuario.
En 2017, Jeff Sessions, entonces procurador general dijo que dichas ciudades no recibirían dinero de subvención a menos que dieran a las autoridades federales de inmigración acceso a las cárceles y avisaran con antelación cuando alguien en el país ilegalmente estuviera a punto de ser liberado de la prisión. Un juez federal impidió que el castigo se cumpliera, y las ciudades recibieron el dinero.
Las autoridades federales ya han intentado demandas anteriormente, denunciando al estado de California por su ley de santuario en 2018. Un tribunal federal de apelaciones rechazó el grueso de la demanda de la administración, aunque Barr expresó el lunes que esperaba que el gobierno ganara ante la Corte Suprema.