Diario
Estados Unidos
martes, 13 agosto 2019 | 10:39
Washington.- Una coalición de 29 estados y ciudades impusieron una demanda el martes para impedir que la administración de Trump aligere las restricciones a las centrales eléctricas que queman carbón. La medida podría en última instancia limitar el poder que tendrían las futuras administraciones para combatir el cambio climático al restringir una fuente importante de contaminación, la cual contribuye al calentamiento global.
La demanda, encabezada por la procuradora general de Nueva York, Letitia James, argumenta que la Agencia de Protección Ambiental no tiene bases para debilitar una regulación de la era de Obama, la cual estableció los primeros límites nacionales sobre la contaminación por dióxido de carbono de las centrales eléctricas.
Esa norma, el Plan de Energía Ecológica, requería que los estados implementaran planes para reducir las emisiones de dióxido de carbono para el 2022, y alentaba a que se cerraran plantas altamente contaminantes y reemplazando dichas fuentes de energía con gas natural o energía renovable. El dióxido de carbono liberado a la atmósfera es uno de los principales contribuyentes al calentamiento global debido a que atrapa el calor del sol.
La demanda —presentada por 22 estados y siete ciudades, incluyendo Massachusetts, California, Colorado, Wisconsin, Carolina del Norte, Chicago y Miami— es el último giro legal en una larga disputa sobre cómo regular las emisiones de las plantas de carbón. Anteriormente, los estados y grupos industriales liderados por los republicanos habían impuesto una demanda para evitar que el Plan de Energía Ecológica de Obama entrara en vigor, y obtuvieron un aplazamiento en el 2016 cuando la Corte Suprema en bloqueó temporalmente a la administración de Obama para que no impusiera cambios.
La nueva impugnación, presentada ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, argumenta que el reemplazo de la administración de Trump, conocido como la norma de Energía Ecológica y Asequible, ignora la responsabilidad de la EPA bajo la ley de establecer límites a los gases de efecto invernadero. Sostiene que la nueva regla realmente prolongaría la vida de las plantas de carbón en deterioro, dando pie a un aumento de la contaminación en lugar de frenarla.