Diario
Estados Unidos
miércoles, 21 agosto 2019 | 06:00
Houston— Una nueva demanda responsabiliza a las separaciones de familias migrantes ordenadas por el Gobierno del presidente Donald Trump del suicidio de un padre hondureño luego de que le arrebataron a su pequeño de 3 años.
La viuda de Marco Antonio Muñoz demandó al Gobierno federal y al condado Starr, en el sur de Texas, que operaba la prisión local en la que falleció. La organización activista Texas Civil Rights Project, que anunció la demanda el lunes, señaló que es la primera de su tipo que vincula el suicidio de una persona con la política de “cero tolerancia” del Gobierno federal implementada el año pasado y que fue suspendida tras ser fuertemente criticada a nivel internacional.
Muñoz, de 39 años, fue hallado inconsciente en su celda la mañana del 13 de mayo de 2018. Dos días antes, de acuerdo con la querella, el hondureño había cruzado la frontera de Estados Unidos con México en el sur de Texas sin un permiso, junto con su esposa Orlanda del Carmen Peña Arita, y el hijo de ambos, que en ese entonces tenía 3 años.
En ese momento, los agentes fronterizos estaban acusando a los padres de haber ingresado a Estados Unidos de manera ilegal, en conformidad con una directiva de los altos funcionarios del Gobierno para repeler a la migración no autorizada. Más de un año después de que Trump rescindió la orden, han surgido historias sobre agentes que separaban a padres e hijos en medio de llantos. Algunos padres han argumentado que los agentes les mintieron o que les hicieron firmar formularios que no entendían.
Cientos de padres fueron deportados sin sus hijos, que fueron llevados a centros de detención del Gobierno destinados para los menores que llegan a Estados Unidos sin compañía de un adulto. Otros padres que recuperaron a sus pequeños han reportado que padecían trauma psicológico y en algunos casos que sufrieron abuso sexual o físico.
El Gobierno estadounidense ya enfrenta por lo menos 38 demandas legales de padres que afirman que sus hijos fueron dañados mientras estaban bajo custodia de las autoridades. En los textos judiciales se exigen más de 200 millones de dólares en daños.
La demanda del hondureño alega que Muñoz “gritaba desesperado” mientras era “arrastrado” lejos de su esposa e hijo dentro del centro de procesamiento de la Patrulla Fronteriza en McAllen, Texas. Muñoz “empezó a temblar y a dar patadas” en la valla metálica de la celda en la que fue detenido por separado, dice la demanda.
Debido al altercado, los agentes fronterizos transfirieron a Muñoz a la prisión del condado Starr, ubicado a aproximadamente 64 kilómetros de distancia. Luego de su muerte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza emitió un comunicado en el que dijo que fue enviado ahí porque se había vuelto “problemático y agresivo”. La CBP (por sus siglas en inglés) rechazó comentar al respecto el lunes, alegando un litigio pendiente, que fue presentado en un tribunal federal de McAllen.