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Estados Unidos

Demanda mujer acusada de asesinato tras aborto al fiscal de Texas

Lizelle González reclama un millón de dólares por daños y perjuicios

The New York Times

sábado, 30 marzo 2024 | 21:48

Associated Press | Manifestantes cerca del Capitolio de Texas tras la anulación del caso Roe contra Wade

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Nueva York.- Una mujer de Texas que fue acusada falsamente de asesinato por un aborto autoinducido en 2022 ha presentado una demanda contra la fiscalía local y sus responsables, solicitando más de un millón de dólares por daños y perjuicios.  

Lizelle González fue detenida en abril de 2022 en el condado de Starr, cerca de la frontera sureste con México, y acusada de asesinato tras utilizar el fármaco misoprostol para autoinducirse un aborto, a las 19 semanas de embarazo. Pasó dos noches en la cárcel antes de que se retiraran los cargos.

Los abortos autoinducidos pueden referirse a los realizados fuera de la atención médica profesional, incluido el uso de píldoras abortivas. Según la legislación de Texas en ese momento, los abortos después de las seis semanas eran ilegales, pero las mujeres embarazadas están exentas de enjuiciamiento penal. (Los profesionales de la salud que proporcionan procedimientos y medicamentos abortivos, y otros que ayudan a alguien a abortar, aún pueden ser responsables).

La Sra. González, conocida como Lizelle Herrera y de 26 años en el momento de su detención, presentó el jueves una demanda contra el condado de Starr, junto con su fiscal de distrito, Gocha Ramírez, y su ayudante, Alexandria Lynn Barrera. Argumenta que el arresto y la acusación le causaron daños a su reputación y angustia, y busca "reivindicar sus derechos pero también responsabilizar a los funcionarios del gobierno que los violaron", según su demanda.

La Sra. González y sus abogados no estaban inmediatamente disponibles para hacer comentarios este sábado.

El Sr. Ramírez y la Sra. Barrera tampoco respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios sobre la demanda. Hace un mes, el Colegio de Abogados de Texas determinó que el Sr. Ramírez había procesado ilegalmente a la Sra. González sin causa probable y le impuso una multa de 1.250 dólares. Su licencia de abogado también se llevará a cabo en suspensión condicional durante un año, lo que significa que debe cumplir con requisitos específicos, pero puede ejercer la abogacía durante ese tiempo. Ese período comienza el 1 de abril.  

Según la denuncia, la Sra. González tomó el medicamento abortivo en enero de 2022 y fue al hospital para un examen. Los médicos encontraron un latido positivo para el bebé y ninguna contracción, por lo que fue dada de alta al día siguiente. Pero ese mismo día volvió al hospital quejándose de una hemorragia vaginal, y los médicos le practicaron una cesárea en la que dio a luz a un niño muerto.

La Food and Drug Administration (FDA) ha aprobado el uso de misoprostol y mifepristona, otra píldora abortiva de uso común, hasta las 10 semanas de embarazo, bajo la supervisión de un profesional sanitario. Pero la Organización Mundial de la Salud avala los abortos autoinducidos en embarazos de hasta 12 semanas sin supervisión médica. 

La Sra. González dice en la demanda que los empleados del hospital informaron de su aborto autoinducido a la oficina del fiscal del distrito, en violación de las leyes federales de privacidad, aunque su demanda no los nombra a ellos ni al hospital como acusados.

La demanda dice que ni la Oficina del Sheriff del Condado de Starr ni el Departamento de Policía de Rio Grande City llevaron a cabo una investigación con suficientes hechos o circunstancias en torno a la acusación de asesinato contra ella, y sólo se basaron en los informes del hospital. La Sra. González también les acusa de engañar al gran jurado con información falsa para conseguir una acusación contra ella.

"Las consecuencias de las acciones ilegales e inconstitucionales de los demandados han cambiado para siempre" la vida de la Sra. González, dice la demanda. Fue "sometida a la humillación de una acusación y una detención muy publicitadas, que han afectado permanentemente a su posición en la comunidad".

Cuando se retiró la acusación contra la Sra. González, el Sr. Ramírez dijo que estaba "claro" que "no puede ni debe ser procesada por la acusación contra ella", y reconoció que "los acontecimientos que condujeron a esta acusación han pasado factura" a la Sra. González y a su familia. En aquel momento, el grupo antiabortista Texas Right to Life apoyó la decisión de Ramírez de retirar los cargos, afirmando que la legislación de Texas "prohíbe claramente los cargos penales contra las mujeres embarazadas."

La acusación de la Sra. González se produjo varios meses antes de la anulación del caso Roe contra Wade, y antes de que entrara en vigor la prohibición casi total del aborto en Texas. Incluso con la prohibición más estricta, quienes se someten a un aborto no pueden ser perseguidos penalmente.

Melissa Murray, profesora de Derecho de la Universidad de Nueva York, dijo que la demanda de la Sra. González podría servir para concienciar a Texas y más allá, para "entender que nos estamos moviendo muy rápidamente hacia una especie de paisaje distópico, post-Dobbs."

"Creo que podría tener mucho éxito", dijo la Sra. Murray refiriéndose a la Sra. González. "Y si no es así, incluso si no llega a juicio, podría hacerle pagar para resolver esto", refiriéndose al Sr. Ramírez.

La demanda podría actuar como elemento disuasorio para otros funcionarios de todo el estado, dijo la Sra. Murray. Pero también podría "tener el efecto de espolear al movimiento antiabortista para que presione a la Legislatura para que, de hecho, las personas embarazadas estén sujetas a responsabilidad penal o civil." 

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