Considera panel cambios al Decreto de Insurrección

Washington.— Días antes del ataque al Capitolio ocurrido el 6 de enero, algunos de los aliados más extremos del presidente Donald J. Trump y miembros de grupos de milicia de derecha le urgieron que utilizara su poder como comandante en jefe para ordenarle al ejército que lo ayudara a mantenerse en el poder.

Ahora, el Comité de la Cámara que investiga el motín del año pasado dio a conocer nueva evidencia acerca de todo lo que Trump estaba dispuesto a hacer para seguir en la presidencia, algunos legisladores del panel han empezado discusiones silenciosas acerca de hacerle cambios al Decreto de Insurrección, una ley promulgada en 1807 que le otorga a los presidentes una amplia autoridad para desplegar al ejército dentro de Estados Unidos para responder a una rebelión.

Las discusiones son preliminares, y el debate sobre el decreto ha sido tenso después de la presidencia de Trump. Los proponentes imaginan un escenario parecido al Juicio Final en el que un futuro presidente deshonesto pueda tratar de usar al ejército para llevar a cabo una insurrección —en lugar de desmantelarla— o abusar de los manifestantes.

Sin embargo, los escépticos están preocupados acerca de privar al presidente del poder de desplegar rápidamente a las tropas armadas en el caso de algún motín, como lo hicieron los presidentes durante la Guerra Civil y la Era de los Derechos Civiles.

Aunque Trump nunca invocó la ley, amenazó con hacerlo en el 2020 para que el ejército impusiera medidas severas contra muchedumbres que protestaban por el asesinato de George Floyd a manos de la policía.

Stephen Miller, uno de sus asesores de alto rango, también propuso utilizarla para rechazar a los migrantes en la frontera suroeste y la idea fue anulada por el secretario de la Defensa de ese momento, Mark T. Esper.

Mientras Trump trataba de encontrar maneras de anular su derrota en la elección presidencial del 2020, algunos asesores de la extrema derecha lo alentaron a declarar la ley marcial y desplegar tropas para decomisar las máquinas para votar.