Buscan a afectados por ICE para que reciban compensación

Ciudad de México— En el 2012, tras ser acusada injustamente por un delito que no cometió, Antonia fue detenida en Los Ángeles y, al negársele la libertad bajo fianza debido a una orden de detención de las autoridades de migración, pasó 70 días en prisión.

Ahora, ella y más de 18 mil 500 personas afectadas por esta práctica durante el periodo de octubre de 2010 a junio de 2014 son elegibles para una compensación de entre 250 y 25 mil dólares según el tiempo que estuvieron detenidos injustamente.

El Centro de los Derechos del Migrante, una organización binacional, está liderando un esfuerzo para encontrar en varios países a las personas que puedan beneficiarse de esta compensación.

El acuerdo de restitución por 14 millones de dólares se hizo posible luego de una demanda colectiva contra el Condado de Los Ángeles en la que se acusó al Departamento del Alguacil del condado (LASD, por sus siglas en inglés) de detener ilegalmente a migrantes, a veces por meses, debido a las órdenes de retención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Un tribunal federal dictaminó después que LASD violó la constitución al encarcelar a personas únicamente por estas órdenes.

"Cualquier persona que había sido detenida por el alguacil, lo que hacían los oficiales era buscarlos en el registro y, si tenían una orden de retención de ICE, en lugar de dejarles ir bajo fianza como cualquier otra persona, los retenían, no los dejaban irse", contó a Reforma Evy Peña, directora de Comunicaciones y Desarrollo del Centro de los Derechos del Migrante.

"Sabemos que por consecuencia de esta relación muchas personas, por su condición migratoria, pudieron haber sido deportadas".

Para obtener la compensación, las personas que fueron retenidas ilegalmente deben hacer un reclamo en línea, por email, o por correo antes del 10 de octubre de 2021.

En Estados Unidos, este tipo de fondos son comunes, pero la comunidad migrante sin residencia legal suele ser reticente a acercarse para exigirlos por temor a represalias.

En este sentido, lograr el acuerdo para el fondo de compensación sólo es la primera parte del trabajo en la lucha por la justicia, pues ahora la batalla será encontrar a las personas elegibles y convencerlas de que se registren para acceder a la restitución económica.

Además, puede que muchos estén en Estados Unidos y al ver en los medios de comunicación las noticias se acerquen, pero otros podrían ni siquiera estar en el país.

Por eso, a través de una campaña de difusión en habla hispana, Peña y el Centro de los Derechos del Migrante están buscando a personas que pudieron resultar perjudicadas y que ahora estén en países como México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Ecuador.

"No sabemos dónde están las personas, no sabemos en qué estado están, no sabemos de qué comunidades son, no tenemos nada de información. Y la otra cosa es que hay muchísima desconfianza", reconoció Peña.

Si bien, aseguró, el dinero no repara del todo lo que sufrieron los migrantes, la restitución económica sí es una forma de justicia. Contó que Antonia, con quien ha hablado, se siente de esta manera.

"No se trata nada más del dinero, aunque eso es importante y es algo concreto porque ha tenido muchas perdidas económicas, pero se trata de una lucha más grande por sus familias, por sus comunidades", dijo.

"Es una forma de unir sus voces".