Aborto en Estados Unidos: el efecto dominó

A sus 10 años de edad, en junio de 2022 en Estados Unidos, a una niña le fue prohibido interrumpir un embarazo producto de una violación. La menor tenía ya 6 semanas de gestación, lo que superaba el límite de tiempo permitido en Ohio, su entidad, para tener derecho al procedimiento.

El hecho ocurrió apenas unos días después de que la Suprema Corte de la Nación, de mayoría conservadora y en la que 6 de los 9 jueces son hombres, decidió anular la histórica sentencia de Roe vs. Wade que por casi 50 años había protegido el derecho constitucional al aborto.

Los jueces sostuvieron que el fallo de 1973, que permitía los abortos realizados antes de que un feto fuera viable fuera del útero -entre las 24 y 28 semanas de embarazo- fue erróneo porque la Constitución de Estados Unidos no menciona específicamente el derecho al aborto.

Los republicanos celebraron: "La Suprema Corte ha corregido un error histórico", dijo el ex Presidente Donald Trump.

"Victoria histórica para el imperio de la ley y por las vidas inocentes", expuso Mitch McConnell, líder de su partido en el Senado.

Pero para decenas de millones de mujeres en Estados Unidos la decisión de los 6 jueces conservadores significó una sacudida a su presente y futuro.

Ni una hora transcurrió de darse a conocer el fallo, cuando Estados que tenían listas las llamadas "leyes gatillo" comenzaron a implementar duras restricciones al aborto y su prohibición casi total. Fue como un efecto dominó. Algunos ni siquiera contemplaron excepciones para casos de violación o incesto.

De las 50 entidades del país, 13 estaban listas para implementar sus leyes antiaborto en cuanto se emitiera la decisión de la Suprema Corte.

Al día de hoy, la interrupción del embarazo está prohibida o restringida en 25 estados del país, y protegida en 12.

No es sólo el derecho, es tener acceso al aborto

El fallo de la Corte fue el resultado de una batalla judicial por una ley de Mississippi que prohíbe el aborto después de las 15 semanas.

En ese estado, sin embargo, acceder al procedimiento médico era ya casi imposible, pues en la entidad de 125 mil kilómetros cuadrados (el tamaño del estado de Durango) sólo había una clínica de aborto.

"Este caso estuvo basado en una ley de Mississippi, y cuando piensas en el impacto del fallo en las mujeres en ese estado podría no ser tan grande, porque para poder abortar en esa entidad tenías que tener los medios para viajar", expone Lauren Adams, directora legal de Women's Liberation Front (WOLF), una organización feminista radical que trabaja para avanzar, defender y restaurar los derechos de las mujeres y las niñas en Estados Unidos.

"En Wisconsin, las únicas clínicas que conozco están en las dos ciudades más grandes hasta el sur, por lo que tienes que viajar cuatro o seis horas desde un lugar, y quizá no tienes auto, o no puedes tomarte un día libre en tu trabajo, o tienes hijos que cuidar".

El sitio web de la Clínica Reproductiva para Mujeres en Nuevo México dice en su centro y con letras rosas y rojas: ¡Abierta para servicios! A una milla de El Paso, Texas.

A Nuevo México se trasladará también la única clínica que existía en Mississippi y que cerró sus puertas el pasado 6 de julio.

En esa entidad fronteriza la interrupción del embarazo es posible incluso después de las 22 semanas.

Pero las mujeres no cuentan siempre con los medios ni con las oportunidades para poder trasladarse a otro lugar por más cerca que pueda estar, lo que, a decir de Adams, sólo las expone a un mayor sufrimiento.

"Desde la perspectiva de WOLF, necesita haber no sólo el derecho legal a tener un aborto sino la accesibilidad, especialmente porque muchas de las mujeres que deciden terminar sus embarazos no se sienten bien de ello; no es como que una se levante por la mañana y esté súper emocionada de hacerlo", explica.

"Incluso para las mujeres que no tienen ninguna duda sobre su decisión es algo muy importante, entonces poner a una mujer que está embarazada y quiere dejar de estarlo en una posición en la que tiene que permanecer embarazada por semanas o incluso meses antes de poder acceder a un aborto es extremadamente traumático".

Más complicado para minorías

De acuerdo con Lupe Rodríguez, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Latinas para la Justicia Reproductiva, con sede en Washington, hasta el pasado 12 de julio sumaban 11 estados en los que el aborto está prohibido incluso en casos de abuso sexual o incesto, entidades en las que las clínicas que ofrecían los servicios ya están cerrando, lo que está obligando a las personas en esos estados a viajar a otros lugares para poder interrumpir sus embarazos.

"Pero también sabemos que hay muchas personas que ni pueden viajar, que no han podido viajar y que están enfrentando embarazos que no desean y lidiando con lo que resulta de eso", precisa.

La situación es aún más complicada para las minorías.

De acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las afroamericanas tienen la tasa más alta de interrupción del embarazo con 23.8 abortos por cada mil mujeres. Les siguen las hispanas, con 11.7, mientras que las mujeres blancas registran la tasa más baja con 6.6. La mayoría de estas mujeres, el 56.9 por ciento, según los CDC, está en sus veintes, y 60 por ciento ya son madres.

"Definitivamente estás leyes están afectando (más) a las comunidades minoritarias, a las comunidades de color que les decimos aquí, porque, de hecho, antes de esta decisión ya existían muchísimas barreras para estas comunidades para poder acceder al aborto. Sabemos que en este país nunca ha sido equitativo el acceso al cuidado médico en general, pero definitivamente menos al aborto", explica Rodríguez.

Los sistemas de seguro médico nacionales, agrega, no cubren el procedimiento de interrupción del embarazo, y las personas de color en gran parte carecen de recursos y de trabajos que les ofrezcan cuidado médico o beneficios.

Asimismo, dice, es más común que las comunidades minoritarias tengan empleos que les permitan tiempo libre para poder ir a una cita médica.

"Si las personas tienen que viajar afuera de los estados en los que viven para poder acceder al aborto, si no tienen un trabajo que les ofrezca la oportunidad de poder tomar tiempo libre, pueden perder sus trabajos. Hay muchos sistemas que han existido en este país que han creado muchas inequidades entre las comunidades minoritarias y las comunidades blancas, y esto solamente se está agrandando más con esta decisión de la Suprema Corte", advierte la activista.

En cuanto a la comunidad indocumentada, el panorama es aún más desolador.

De acuerdo con Rodríguez, en estados fronterizos como Texas y Arizona hay puntos de control migratorio al norte de las entidades y a lo largo de sus vías principales, por lo que las migrantes sin papeles que busquen salir de esos estados para poder abortar se arriesgan a ser detenidas.

'Hay miedo, hay terror y hay enojo'

A decir de Lauren Adams, de WOLF, algunas de las leyes implementadas por los Estados buscan dificultar el acceso al aborto para que las mujeres al final cambien de opinión. Pero, advierte, entre más se retrasa el procedimiento más riesgoso se puede volver.

"Algunas de estas leyes tienen excepciones para salvar la vida de la madre, pero, ¿qué pasa si la vida de la madre no está en riesgo inmediato?", cuestiona.

"He escuchado de mujeres que están pasando por quimioterapia y necesitan terminar sus embarazos para poder seguir su tratamiento, y en lugar están obligadas a dejar que el cáncer avance. Es una posición peligrosa en la cual estar".

La Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer ha alertado de que la decisión de la Suprema Corte de anular Roe vs. Wade limitará las opciones de tratamiento para las mujeres embarazadas y pondrá sus vidas en un riesgo innecesario.

Las recién implementadas leyes antiaborto tras el fallo del máximo tribunal pueden haber sorprendido incluso a las personas que se consideran provida, consideró Adams.

"Gran parte de ellos no piensa que siempre debería estar prohibido, pueden pensar que está bien permitirlo para casos de violación o incesto, o para salvar la vida de la madre, o quizá en etapa muy muy temprana. Y muchas de esas personas están despertando en estados en los que ya ni siquiera tienen el derecho en esas circunstancias", dice.

"Actualmente, ser una mujer embarazada en Wisconsin es peligroso, porque literalmente necesitas estar muriendo para poder abortar".

Definitivamente hay miedo, reconoce Rodríguez, del Instituto Nacional de Latinas para la Justicia Reproductiva.

"Es aterrador vivir en un espacio en el cual no se puede controlar nuestro cuerpo, nuestro destino en general. Hay miedo, hay terror y hay enojo", expresa.

Y en este ambiente de criminalización del aborto, agrega, son las comunidades de color las que históricamente son detenidas, investigadas y perseguidas por las autoridades.

Forzadas a ser madres

Un estudio realizado por la Universidad de California en San Francisco, publicado hace dos años, reveló los efectos adversos que causa en las mujeres y las familias la prohibición al aborto, o bien el impacto del acceso al aborto en el bienestar.

El estudio Turnaway halló que 95 por ciento de las personas que decidieron interrumpir su embarazo consideraron que la decisión fue correcta al ser cuestionados cinco años después.

Aquellos a los que se les prohibió abortar porque habían sobrepasado el límite de tiempo de gestación sufrieron efectos adversos como graves desafíos de salud física y mental, dificultades económicas, falta de apoyo e inseguridad.

Las principales razones por las que las mujeres deciden interrumpir sus embarazos son porque no están listas para ser madres o no tienen los recursos económicos para mantener a un hijo (o a uno más en la mayoría de los casos).

Y la situación, nuevamente, es aún más delicada para los negros y los hispanos, los cuales tienen, respectivamente, 1.8 y 1.5 veces más probabilidades de caer en la pobreza que los blancos, según datos del Buró del Censo de 2019.

Las latinas ganan 57 centavos y las afroamericanas 65 centavos por cada dólar que ganan los hombres blancos no hispanos, afirma el Instituto de Política Económica.

"Las familias tienen menos recursos, tienen más problemas con el acceso a donde vivir, a la comida, todo en general. El nivel socioeconómico de las familias es peor si no tienen el control sobre sus embarazos", dice Rodríguez.

Es un asunto que tiene que ver con igualdad de derechos, agrega.

"En muchos países desarrollados el aborto es reconocido como un derecho humano porque es algo que tiene que ver con la autonomía del cuerpo", subraya la activista.

Se trata de que una mujer tenga no sólo el derecho legal a la salud reproductiva, sino que se eliminen las barreras económicas que se lo impiden, sostiene, por su parte, Lauren Adams.

"Las mujeres deberían poder decidir si quieren reproducirse y tener hijos y cómo, en qué circunstancias. Es una de las cosas más fundamentales que afecta la vida de una mujer, si quieres o no tener hijos. Entonces, cuando ese poder de decisión te es arrebatado, no sólo viola nuestro derecho en un nivel muy básico, sino también es peligroso, y a la gente se le olvida eso", apunta.

El tema de la salud reproductiva, más allá de poder interrumpir el embarazo, empieza desde el poder prevenir uno, y el impacto de la decisión de la Suprema Corte, advierten las activistas, inicia ahí.

"Lo que estamos viendo con este fallo es que muchas de las clínicas que ofrecían aborto y muchos tipos de salud reproductiva están cerrando", indica Rodríguez, "lo que estamos viendo es que las personas tampoco tienen o van a tener acceso a los anticonceptivos o a otros cuidados médicos, y eso es parte del problema"