Afecta cierre a ciudadanos vulnerables de Estados Unidos

Washington.- Un mes después de iniciado el cese parcial de operaciones gubernamentales, han empezado a sentir con mayor fuerza sus efectos algunos de los estadounidenses más vulnerables: no sólo los indigentes sino los que están a una crisis de vivir en la calle. Y los grupos sin fines de lucro dedicados a asistir a los arrendatarios de bajos ingresos ya están batallando para sobrevivir sin los pagos que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano empezó a recortar el 1º de enero.

Lo anterior ha dejado en el limbo a un reducido pero creciente número de inquilinos. Los arrendadores, especialmente las empresas de menor tamaño que operan con márgenes estrechos, ya empezaron a presionar a los inquilinos pobres, discapacitados y de la tercera edad que no pueden pagar la diferencia.

Abogados de personas de bajos ingresos dicen que los arrendatarios están luchando en los juzgados contra los desalojos, mientras que numerosas organizaciones han empezado a distribuir volantes notificando sus derechos a los inquilinos.

Muchos programas de seguridad social están enfrentando emergencias similares, aunque menos urgentes. El Departamento de Agricultura ha anunciado que para el 1º de marzo se agotarán los fondos para el Programa Suplementario de Asistencia Nutricional, con el cual se entregan estampillas para comida y otros apoyos a casi 40 millones de estadounidenses pobres y de la clase trabajadora, mientras que otros programas de nutrición se encuentran ante la misma perspectiva.

El Departamento de Servicios Humanos y de Salud quedó básicamente a salvo del paro operativo. Medicaid y Medicare no se ven afectados por la falta de partidas presupuestales. Pero el Congreso no volvió a autorizar uno de sus principales programas, la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, de 16 mil 500 millones de dólares, el cual brinda a los estados subsidios destinados a diversos servicios, asistencia en efectivo y cuidado infantil. Lo más probable es que los gobiernos estatales cubran la mayoría de los programas, pero un cierre prolongado que se extienda hasta primavera podría dar pie a recortes, de acuerdo con analistas.

Si bien la crisis de la vivienda apenas está empezando a afectar a inquilinos individuales, ya ha ocasionado estragos en las organizaciones responsables de albergar a personas indigentes y de brindar servicios de apoyo a los excombatientes, personas con capacidades diferentes y víctimas de abuso doméstico.

“De continuar el cierre, todas estas organizaciones tendrán que considerar una gama de decisiones entre malas y terribles, como despedir personal y, en los peores escenarios, desalojos”, dijo Diane Yentel, presidente de la Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos.

Con la parálisis se han suspendido cruciales partidas presupuestales para reparaciones de viviendas públicas, solicitudes nuevas de vivienda e incluso los trámites de solicitudes de vivienda por desastres en Puerto Rico y varios estados golpeados por huracanes.