Votan hoy legalidad de 54 jueces

Chihuahua— Hoy a las 12 del mediodía sesionará el pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para debatir un proyecto que plantea anular el proceso realizado en 2018 para seleccionar a 54 jueces en el estado de Chihuahua. 

Se trata de una ponencia realizada desde julio del año pasado por el magistrado Marco Emiliano Anchondo Paredes, que sin embargo no se ha presentado para votarse por el resto de los integrantes de ese pleno, lo que derivó incluso en un amparo ante la justicia federal por no tratar el tema. 

Anchondo presentó el documento tras revisar una queja del abogado José Gerardo Aguilar Gabaldón, quien participó en el concurso y señaló la existencia de posibles anomalías. 

Ese proyecto establece que la decisión tomada por la Judicatura para la designación de juzgadores “genera incertidumbre de si los declarados vencedores son los idóneos para el cargo de juez, y el acuerdo del 20 de agosto (2018) resulta transgresor de la garantía de seguridad jurídica, así como del principio de objetividad”, por lo que puntualiza que la Judicatura debe hacer un nuevo proceso “que cumpla con todas las exigencias legales”. 

Uno de los argumentos para llegar a esa conclusión es que hubo fallas en los plazos de la propia convocatoria para elegir nuevos juzgadores, con anomalías en cuanto a las notificaciones para que los aspirantes conocieran si estaban o no aceptados. 

De igual forma el magistrado considera que no hubo tiempo suficiente para que los interesados en esos cargos judiciales pudieran estudiar la carga bibliográfica impuesta. 

Además pone en duda la forma en que operó el Instituto de Psicología Forense en las evaluaciones entregadas, y en las cuales se vio afectado Aguilar Gabaldón, promotor del recurso contra el proceso de selección. 

Acerca de la planeación de los exámenes y reactivos, Anchondo detectó que todo ese procedimiento atentó contra el principio del secreto de la evaluación. 

Tampoco hubo una toma de decisión por parte de todo el Consejo de la Judicatura y las decisiones se basaron por opiniones de una secretaria técnica de la comisión Carrera Judicial, presidida por la activista Luz Estela “Lucha” Castro, quien renunció el 19 de septiembre de 2019 por problemas de salud. 

El señalamiento para esa comisión ha sido recurrente desde los amparos de aspirantes inconformes y jueces removidos de sus cargos, y fue blanco de una investigación penal por parte de la Fiscalía Anticorrupción, aunque ésta consideró la falta de elementos para iniciar procesos, en un tema que no se ha resuelto del todo. 

En la ponencia del magistrado Anchondo hace señalamientos a esa comisión y aclara que no existió una justificación para determinar los reactivos de los exámenes de conocimientos o la decisión para el involucramiento de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

Las actas para tomar todas esas decisiones precisan que una funcionaria de carrera judicial llevó voz de la información sin justificar su presencia o ausencia de la titular “Lucha” Castro en una de las reuniones.

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