Venden hasta en $8 mil pastillas para abortar

Chihuahua– Colectivas que defienden los derechos reproductivos de las mujeres comenzaron a detectar, desde hace tres años, supuestas “clínicas” que ofrecen acceso a un aborto legal en redes sociales, además de médicos que cobran hasta ocho mil pesos por proporcionar pastillas para interrumpir el embarazo. 

Marea Verde Chihuahua, colectiva que lucha por la despenalización del aborto, señaló que varias mujeres se han acercado para hablarles sobre estas prácticas, emprendidas por grupos provida o profesionistas que se aprovechan de las circunstancias de las pacientes. 

Según los testimonios de algunas mujeres, los ginecólogos a los que acuden les ofrecen medicamentos para abortar por ocho mil pesos, cuando un procedimiento de esa naturaleza no debería ser mayor a 800 pesos.

Aunado a esto, denunciaron que dichos médicos no siguen los protocolos actualizados y aprobados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que, si bien no necesariamente las expone a graves riesgos de salud, tampoco les ofrece una garantía de que funcione.

“No se leen las guías médicas respecto al aborto con medicamentos y con esto también colocan a las mujeres en un estado de vulnerabilidad, sólo porque no se les garantiza el acceso a su salud reproductiva en instituciones de salud pública”, apuntó Marea Verde. 

La colectiva comentó que ha recibido al menos tres casos de este tipo, donde las pacientes afectadas temen dar el nombre de los médicos que piden esas sumas de dinero. 

En cuanto a las páginas de Facebook y otras redes sociales, el colectivo explica que desde hace tres años comenzaron a conocer de casos. En particular, identificaron a “Suspencion LEGAL DEL Embarazo” (sic), “Interrupción segura del embarazo CUU” y “Terminacion LEGAL DEL Embarazo” (sic), que están ligadas a asociaciones provida como Vida y Familia A. C. (Vifac) y que trabajan en todo el país. 

Abundó que dichas clínicas apócrifas no tienen permiso de operación ni cédulas de registro, lo que pone a las mujeres en un riesgo al compartir información personal con ellas porque la legislación no ampara a la persona en temas como el secreto profesional.