Van contra jueza por muerte de duartista

Chihuahua— La representación legal de José Lázaro Joaquín López Ramírez, exdirector del Fideicomiso para el Desarrollo de las Actividades Productivas de Chihuahua (Fideapech), exigirá al Estado una reparación patrimonial de por lo menos 5 millones de pesos e implementará en total cuatro acciones legales a presentarse durante esta semana, informó el abogado Agustín Marván. 

Además de la reparación económica, se presentará una queja en la Judicatura contra la jueza para que conlleve consecuencias, otra en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de agotarse estos tres recursos, se acudirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a exponer el caso. 

López Ramírez murió a consecuencia del Covid-19, luego de que la jueza María Alejandra Ramos Durán presuntamente le negara el derecho de recibir atención médica en un hospital, cuando se encontraba como interno en el Cereso de Aquiles Serdán, por acusaciones de peculado, pese a que según Marván, se le había comunicado desde el 9 de julio que era una persona vulnerable a la enfermedad. 

“Le notificamos y lo ignoró, tenía que mandar unos oficios a la Secretaría de Salud y se pararon y aplazaron; le anunciamos que estaba enfermo y no hicieron caso, luego vieron la gravedad y comenzaron a ver por la salud de Lázaro un día antes que falleciera. Lo mató el Poder Judicial sometido al Poder Ejecutivo”, dijo el litigante.

Marván insistió en que la jueza Ramos Durán es una persona “obediente al poder” y calificó de absurdo el hecho de que luego de la necropsia que realizó el personal del Hospital Central, donde falleció su representado, la jueza ordene otra adicional, lo cual también resulta bastante sospechoso. 

“No se logró que cambiaran lo que pretendían hacer, ¿por qué quieren hacer dos necropsias? Eso es una interrogante muy importante ¿Si ya había hecho una el hospital, por qué la jueza ordena una inmediata? Ya soltó a tres pacientes Covid, les dio prisión domiciliaria y sabe que con nosotros, ella lo mató, porque ella en la audiencia dijo que no había Covid en el penal y nosotros le dijimos que sí había”, recuerda el abogado. 

Marván informó el sábado a El Diario que la Fiscalía estatal se llevó el cadáver la noche del pasado viernes y tardaron más de 12 horas para hacerle una necropsia, a pesar de que ya se tenía una acta de defunción.

Sin embargo, explicó que el resultado fue el mismo que en el certificado de defunción entregado al principio: insuficiencia respiratoria aguda y neumonía vital ocasionada por Covid-19.