Estado

Van 36 activistas asesinados en Chihuahua

Junto con Guerrero es el estado con más medidas provisionales otorgadas por la Corte Internacional para la protección

Miguel Chavarría
El Diario de Chihuahua

viernes, 25 enero 2019 | 07:25

Francisco López

Chihuahua— Chihuahua se encuentra en estado de alerta. Junto con Guerrero, es la entidad con más medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana para la protección a personas defensoras de derechos humanos en riesgo.

Sin embargo, desde 1973 hasta 2018, 36 activistas han sido asesinados en la entidad.

“Las medidas de protección con las que contaba Julián por parte de la Federación desde 2014 podrían generar risa por lo cínica que es la naturaleza de su mecanismo”, explica Ericka Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional (AI) para las Américas.

Ella propone un breve ejercicio a la audiencia que tiene frente a ella: “imagínense a ustedes en una comunidad de la Sierra Tarahumara”; a kilómetros de lejanía de las autoridades, en un terreno dividido por un terreno accidentado por las montañas que pocos atraviesan. Imagínense ser beneficiarios de estas medidas de protección. Estás amenazado por defender la tierra, pero lo único que te ofrece el Estado mexicano es un teléfono satelital, un chaleco antibalas y un botón de pánico, sin presencia física de algún cuerpo de seguridad pública. “Estas medidas no fueron suficientes para proteger la vida de Julián”, comenta Ericka Guevara durante la presentación del nuevo informe de AI Entre balas y olvido: ausencia de protección a personas defensoras del territorio de la Sierra Tarahumara. Con ella la acompañan Tania Reneaum Panzi, directora ejecutiva de AI México; Isela González Díaz, presidenta de la Alianza Sierra Madre (Asmac), y Gabino Gómez, activista enfocado en víctimas de desapariciones forzadas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm).

Pocos casos de asesinatos de defensores de los derechos humanos han sido resueltos.

La mayoría, en un país donde los niveles de impunidad son importantes, siguen impunes.

“El caso de Julián ocupa esa gran mayoría de casos en las que las investigaciones no sólo han sido ineficientes, sino la interpretación de medidas para la protección de las familias y las comunidades no ha sido satisfactorio.

Siguen siendo revictimizadas”, explica Ericka Guevara. “Hemos hecho un llamado a las autoridades federales, estatales y locales para que se generen mecanismos verdaderos e integrales para la protección de personas defensoras, pero sobre todo para que se garanticen la verdad, la justicia y reparación en este atroz crimen”.

Julián Carrillo, como cualquier niño viviendo en una comunidad como Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo, donde la ausencia de servicios educativos es la norma, comenzó a trabajar en el rancho de una familia mestiza.

Ahí aprendió a leer y a escribir y supo, más tarde, del historial de intentos por expropiar la tierra en la que vivía. Es muy simple de entender, dice Isela González desde su micrófono: “Ellos hacen la defensa de su territorio porque es un ejercicio para autodeterminarse”.

En el camino, sin embargo, líderes tradicionales de los ejidos de Colorada han sido asesinados. Gabino Gómez lo demuestra con una tabla proyectada en las pantallas del Paraninfo Universitario de la UACh: desde 1973 hasta 2018, 14 representantes de la comunidad fueron asesinados, entre ellos Isidro Baldenegro en 2017 y su abuelo Julio Baldenegro en 1987.

Una lista de muertos que ocuparon puestos como comisarios de policía, gobernadores indígenas, defensores de bosques, entre otros.

Uno de ellos fue Víctor Carrillo Carrillo, hijo de Julián. “No puedo dejar de decir lo que pasó el día en que Julián me llamó por teléfono”, cuenta Isela González, “diciéndome que a 200 metros de su casa habían asesinado a su hijo”.

Víctor Carrillo fue asesinado en 2016 por dos personas dentro de su vivienda, aproximadamente un mes después de la publicación de una sentencia favorable a la comunidad, en el que el Tribunal Agrario suspendió permisos para la tala del bosque de Coloradas de la Virgen.

Aquel ejido por el que muchos rarámuri han muerto en manos del crimen organizado fue donado originalmente por sus ancestros. En el ven viven aproximadamente 850 indígenas. Sin embargo, según el informe de AI y censos poblacionales de Asmac, la población ha estado reduciéndose año tras año a causa de los asesinatos y desplazamientos originados por los índices de violencia de la región.

Coloradas de la Virgen y sus habitantes dependen de la agricultura de subsistencia, ganadería a pequeña escala y recolección de plantas medicinales.

En su territorio, se celebran reuniones tradicionales, tales como el nawérasi o makigay nooki (sermón y consejo) emitidas por un gobernador indígena. La defensa por el territorio se remonta desde 1934, aunque la fundación de Coloradas se remonta años después en 1957.

No fue hasta en 1992 cuando se llevó a cabo una depuración censal para revisar la lista de ejidatarios de la comunidad. Julián Carrillo, en ese entonces, había denunciado que el proceso estuvo marcado por irregularidades, ya que se decidió eliminar del censo a personas que ya habían fallecido sin el debido reconocimiento de los derechos sucesorios de sus hijos e hijas. AI pudo observar que en dicha resolución 57 ejidatarios originales fueron privados de sus derechos, y que otros 78 fueron reconocidos como nuevos miembros, todos integrantes de una familia de apellido Fontes.

Esta familia no pertenecía a la comunidad rarámuri de la región. La Secretaría de Economía les otorgó, además, una de cuatro concesiones mineras en Coloradas de la Virgen.

Este hecho fue denunciado por Julián Carrillo semanas antes de ser asesinado a tiros en el 24 de octubre de 2018. Antes de su muerte, cinco familiares de Julián habían sido asesinados.

Entre ellos, Santiago Quiñones Cruz, su cuñado, quien murió en agosto de 2015.

Luego fue su hijo Víctor el año siguiente. En julio de 2016, su sobrino Guadalupe Carrillo Polanco fue asesinado.

Ese mes, Julián había reportado incidentes de vigilancia de un grupo armado afuera de su hogar y amenazas contra su familia, presuntamente por la persona que tiene una orden de aprehensión por el asesinato de su hijo Víctor.

En diciembre de ese mismo año, hombres no identificados prendieron fuego a la casa de Julián en el rancho de Guamuchilito. En septiembre de 2017, Alberto Quiñones Carrillo, sobrino de Julián, también fue asesinado.

En julio de 2018, Francisco Chaparro Carrillo, yerno suyo, también fue asesinado. Fue a partir de aquella muerte que Julián Carrillo decidió refugiarse en Sinaloa. Posteriormente, Julián regresaría a la comunidad de Coloradas de la Virgen para entregar el cuerpo de su hija, quien había fallecido en agosto de 2018 en Parral a causa de complicaciones postparto, en el que su nieto recién nacido también murió. A pesar de estas muertes de personas cercanas a Julián, el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos del que era beneficiario no logró protegerlo.

“No podemos concebir una política de protección desde la ciudad sin respetar la cosmovisión de las comunidades en donde viven las personas indígenas. No solamente queremos que las autoridades nos acompañen en el deseo de justicia, también queremos que la brecha entre la voluntad política y los hechos se acorte cada día más”, señaló Tania Reneaum.

Actualmente, la familia del activista rarámuri continúa desplazada de manera forzosa en otras comunidades de la Sierra Tarahumara.

“Vamos a regresar a las decenas de desplazados que están en otros lugares de la Sierra. Vamos a seguir haciendo fiestas. Vamos a seguir bailando. Vamos a seguir tomando batari, porque esta lucha la vamos a ganar”, concluyó Isela González.

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