Van 11 protestas que reprimen con antimotines

Chihuahua.- Agentes antimotines de la Policía Estatal han sido utilizados en más de una decena de ocasiones durante la administración actual, para reprimir o evitar manifestaciones de personal de salud, estudiantes, maestros, campesinos y grupos inconformes con decisiones públicas. 

Los elementos especiales de seguridad han sido enviados a disolver protestas desde el año 2016 y hasta el actual. 

La última intervención fue la de ayer en la madrugada para retirar a un grupo de productores agrícolas que mantenían un bloqueo en los alrededores del Palacio de Gobierno desde el pasado jueves.

La protesta que mantenían campesinos del sur del estado hasta ayer por la madrugada fue resuelta a medias el pasado viernes, luego de un acuerdo de los productores agrupados en los módulos de riego, la Comisión Nacional del Agua y el Gobierno del Estado. 

Al no existir claridad en los acuerdos, uno de los grupos manifestantes optó por no retirar el bloqueo desde el viernes y el sábado otros inconformes se dirigieron de la ciudad de Delicias a Chihuahua para reforzar el plantón; sin embargo, en la carretera, en los límites de la capital, fueron retenidos por agentes de la Policía Estatal, quienes les impidieron el tránsito hacia el Centro. 

Ello derivó en una confrontación verbal entre los productores y los agentes. La decisión de frenarlos fue avalada por el secretario general de Gobierno y el secretario de Seguridad, Luis Fernando Mesta y Emilio García Ruiz. 

Debido a que el plantón en el Palacio de Gobierno se mantuvo durante la noche del sábado, todo el domingo y la madrugada de ayer, fue que fueron enviados centenares de agentes de la Policía Estatal a disolver la protesta alrededor de las 3:00 horas. 

De esta forma quedó liberado de bloqueos el Centro de la ciudad, aunque continuaron las manifestaciones y reclamos hacia la autoridad estatal y a la Comisión Nacional del Agua. 

“Gasolinazo” con antimotines al frente 

El uso de los grupos antimotines de la Policía Estatal, conformados por elementos de todas las divisiones de la corporación, han sido utilizados en otra decena de ocasiones desde el comienzo de la administración de Javier Corral, de acuerdo con los registros hemerográficos. 

Apenas unos días después de asumir el cargo como gobernador, choferes de camiones urbanos hicieron un paro de labores y bloquearon el Centro de la ciudad debido a que el nuevo gobierno se negaba a pagarles salarios, horas extra y otras prestaciones que se les adeudaban, como producto del caos que existía en el sistema de transporte, una parte manejada por concesionarios y otra por la propia autoridad. 

Los choferes habían cumplido casi 24 horas de protesta cuando en la madrugada del 19 de octubre acudieron los agentes estatales a detener a quienes no accedieran a irse y a mover los camiones usados en la protesta, los cuales permanecían estacionados en los alrededores del Palacio de Gobierno. 

Cerca de 300 elementos sorprendieron a la escasa guardia de choferes que había acampado en el sector, por lo que en unos cuantos minutos alcanzaron a detener a uno de los manifestantes y a retirar los vehículos que bloqueaban el paso. 

Entrado el año 2017 y ante una escalada de precios de las gasolinas, surgieron movimientos sociales en buena parte del estado reclamando los incrementos. El 5 de enero de nuevo aparecieron los antimotines estatales para disolver una protesta que mantenía tomada la Terminal de Almacenamiento y Distribución (TAD) de Pemex en la salida a Delicias. 

El 2 de febrero fueron detenidos también por estatales 21 manifestantes en la caseta de peaje de Camargo y el 18 de febrero por la madrugada otra manifestación en la TAD fue disuelta. 

En la primera protesta por el incremento a los precios de los combustibles participaron integrantes del grupo capitalino “No al gasolinazo”, quienes fueron reprimidos y amedrentados por los elementos policiacos hasta que se retiraron del lugar.

En la segunda protesta de Camargo participaron en la liberación de la caseta de peaje agricultores, lecheros, estudiantes y ciudadanos en general, quienes desde enero habían montado manifestaciones intermitentes. 

Después, en la otra protesta en la terminal de Pemex, los manifestantes reprimidos eran transportistas y productores de la región noroeste del estado, que habían acudido con vehículos pesados desde Madera y otros municipios para manifestar su inconformidad. 

En todos los casos relacionados con el “gasolinazo” en los últimos meses de la administración de Enrique Peña Nieto, la Policía Estatal actuó con apoyo de la Policía Federal. 

En ninguna de las protestas hubo manifestaciones violentas de los inconformes. Maestros, estudiantes y médicos, también en la lista Otros gremios, grupos políticos y ciudadanos en general también se han enfrentado a la fuerza pública durante manifestaciones contra decisiones estatales o federales. 

El 18 de abril de 2018 mujeres estudiantes de la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón tomaron y liberaron el paso en la caseta de peaje de Saucillo. Entre otras cosas demandaban el pase libre para acudir a Chihuahua y reivindicaban una añeja protesta contra ese punto de pago de la principal carretera del estado. 

A menos de 24 horas de la manifestación fue enviado el grupo antimotines entonces dependiente de la Fiscalía General del Estado, con la advertencia de que serían detenidas si no se retiraban del lugar. 

Tras unos escarceos la caseta fue liberada. En diciembre de 2018, médicos, enfermeros, trabajadores administrativos y de intendencia de la Secretaría de Salud, dependientes del subsistema federalizado Servicios de Salud del Estado de Chihuahua, salieron a protestar por las calles de Chihuahua, Juárez, Parral y Cuauhtémoc. 

Demandaban el pago de su bono sexenal, prestación de ley que se paga por la entidad al término del sexenio federal; vales de despensa, uniformes y otras prestaciones que afectaban a unos 7 mil empleados del sector. 

El Gobierno del Estado había argumentado que no tenía los recursos para cumplir con esas prestaciones, por lo que las protestas que implicaron a miles de afectados se prolongaron varios días, con marchas y plantones constantes en el centro de la capital. 

En medio de las negociaciones el día 19 de diciembre, el entonces jefe de las Fuerzas Estatales Ginés Jaime Ruiz llegó al mando de un contingente de la Policía Estatal y una tanqueta blindada, advirtiéndoles a los manifestantes que tenían menos de media hora para disolver la protesta o de lo contrario serían detenidos. Eso y la noticia de que la autoridad pagaría parte de las prestaciones demandadas hizo que la manifestación se deshiciera. 

Sacramento, ícono de la represión 

Otro de los casos en los que se hizo uso de los agentes antimotines estatales fue el de la caseta de peaje de Sacramento, ubicada en la carretera a Ciudad Juárez. 

Durante meses, pobladores de los ejidos Ocampo, Sacramento, Nuevo Delicias y otras comunidades habían manifestado al Gobierno del Estado que se les permitiera el libre paso por la caseta de cobro, debido a que prácticamente no hacían uso de la carretera, sino que debían moverse de forma rutinaria entre los poblados que quedan incomunicados por dicho punto de peaje. 

Debido a que los cobros se mantenían, los pobladores comenzaron a burlar la caseta con una brecha alterna que conectaba la carretera libre con la carretera de cuota, razón por la que con maquinaria de Gobierno del Estado fue inhabilitado ese paso. 

Ello molestó a los pobladores, que reabrieron constantemente el camino hasta confrontarse con los agentes estatales. El 26 de mayo de 2019 fueron enviados decenas de agentes de la Policía Estatal y la Policía Vial a retirar a manifestantes que trataban de impedir la destrucción de la brecha, registrándose una de las mayores grescas entre ciudadanos y agentes policiacos. 

El saldo fue de diez detenidos, varias personas golpeadas, entre ellas mujeres; jóvenes menores de edad, e incluso el coordinador de la bancada de Morena, diputado Miguel Ángel Colunga, quien fue arrestado temporalmente por defender la protesta. 

“El uso de la fuerza dejó varios lesionados en su paso, cuando un convoy de aproximadamente 20 patrullas de la CES y de la Policía Vial, junto a los antimotines, arribaron justo cuando el grupo de ejidatarios de más de 37 comunidades se disponían a tapar la zanja de la brecha que los comunica con la carretera libre a Juárez”, publicó El Diario en su edición del día siguiente a los hechos. 

También el año pasado, el 10 de julio, el grupo antimotines fue enviado al Congreso del Estado para evitar que manifestantes contra un proyecto de iluminación municipal entraran al salón de sesiones, a fin de exigirles a los diputados que desecharan la iniciativa. Los agentes impdieron que los inconformes ingresaran a la sesión y proyecto fue votado a favor. 

Posteriormente el 7 de septiembre los agentes de la Policía Estatal detuvieron a cuatro manifestantes, egresadas de la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón, de la Normal Superior de Chihuahua y de la Universidad Pedagógica Nacional, que protestaban contra una opaca asignación de plazas magisteriales que realizaba la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente; dichas instalaciones habían sido tomadas por horas por las inconformes, hasta la llegada de las fuerzas de seguridad. 

Otra vez el transporte... y el agua 

Durante el año actual los antimotines aparecieron el pasado 18 de marzo, justo cuando comenzaba la emergencia sanitaria que trajo el nuevo coronavirus. Elementos estatales fueron movilizados para impedir que concesionarios de los camiones urbanos ingresaran al Congreso del Estado durante la votación de la nueva Ley de Transporte del Estado, que surgió a iniciativa del gobernador Corral. 

Los antimotines fueron apostados desde el día previo en la sede legislativa y por la tarde se enfrentaron a los enardecidos manifestantes que quebraron vidrios en su intento por entrar al recinto. Desde entonces y hasta el sábado y luego ayer, no se habían movilizado las fuerzas de seguridad para reprimir otras protestas. 

Pero el problema del agua de las presas La Boquilla y Las Vírgenes, abiertas por instrucciones de la Comisión Nacional del Agua, ha traído más manifestaciones en este año. 

El 26 de marzo y luego el 19 de julio, fue la Guardia Nacional la que enfrentó a los productores inconformes con la extracción del vital líquido de los embalses, hechos que se salieron de control pues hubo incendios de vehículos oficiales y protestas violentas contra instalaciones públicas, principalmente en Delicias. 

En esos casos fue la Guardia Nacional la que intervino para tratar de disolver las manifestaciones y reprimir a los inconformes. No fueron movilizadas fuerzas estatales salvo para monitorear las acciones y movilizaciones de los manifestantes. 

Fue hasta el pasado sábado con la acción contra el tránsito de más manifestantes y ayer en la madrugada cuando intervinieron agentes de la Policía Estatal. 

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