Va Aras contra ministerial por allanamiento de morada

Chihuahua.— Aras Investment Business Group solicitará el ejercicio de la acción en contra del elemento de la Agencia Estatal de investigación (AEI), Rubén T. R., por el delito de allanamiento de vivienda, pues los elementos de prueba que se incluyeron en la querella presentada el 28 de enero, son suficientes para acusarlo de ocupar ilegalmente un inmueble ubicado en el residencial San Charbel que se encontraba asegurado con motivo de la investigación contra la empresa.

La denuncia interpuesta por la inversora en contra del ministerial también incluye los delitos de ejercicio ilegal del servicio público, despacho, oficina o establecimiento mercantil; variación del nombre o domicilio; despojo; quebrantamiento de sellos; robo y/o lo que resulte. También fue denunciado Lorenzo Armando R. V., por allanamiento de vivienda, despacho, oficina o establecimiento mercantil; despojo; quebrantamiento de sellos y/o robo.

La abogada de la firma, Erika Jasso Carrasco, refirió que la petición se hará este jueves, ya que la Fiscalía General del Estado (FGE) cuenta con datos de prueba suficientes para acudir ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para solicitar una audiencia de formulación de imputación y continuar con diligencias durante la investigación complementaria.

Detalló que además de los 6 mil 500 videos tomados de las cámaras de vigilancia del fraccionamiento, existen diversos testimonios de vecinos que vieron al agente ocupando el inmueble desde el 4 de diciembre del año pasado, así como de diversas personas que fueron invitadas por el mismo elemento a visitarlo a la residencia.

La defensora también confirmó que el Tribunal autorizó una nueva prórroga del embargo sobre los bienes asegurados por la Fiscalía, los cuales ya suman 82, además de una vivienda en Parral que ayer fue incautada por la misma autoridad, la cual es propiedad de uno de los gerentes de Aras en dicho municipio.

No obstante, refirió que deberá acudir al Poder Judicial para conocer el acuerdo mediante el que se autorizó dicha ampliación, pues la FGE no les proporcionó dicho documento y por lo tanto desconocen los argumentos que sustentaron la resolución del juez.

En este sentido, Carrasco Jasso manifestó que una vez que conozcan el acuerdo, tomarán las acciones correspondientes, ya sea a través de la intervención del Tribunal estatal o de la justicia federal, pues insiste en que el embargo es una medida cautelar improcedente en este caso.

Asimismo dijo que pese a que han insistido en el nombramiento de un depositario para el correcto resguardo de los inmuebles asegurados, la Fiscalía no ha dado respuesta, pese a que se dio el caso del ministerial que ingresó a la vivienda mencionada y que los abogados han detectado actos de vandalismo en otras propiedades, dejando muestra de que la autoridad no ha implementado la vigilancia necesaria.

Sobre los bienes, el fiscal general Roberto Fierro Duarte nunca confirmó que fuera a solicitarse una ampliación de los bienes, únicamente comentó que éstos alcanzarían un valor aproximado de 700 millones de pesos que, sin embargo, podrían ser insuficientes para cubrir una eventual reparación del daño a las víctimas.