Diario
Estado
martes, 24 septiembre 2019 | 13:34
Chihuahua.- Derivado de derrumbes y hundimientos en la zona del municipio de Ocampo, lo que ha generado una alarma entre pobladores; el Congreso de Estado solicitó a la Coordinación Estatal de Protección Civil y al ayuntamiento de Ocampo, así como al resto de las autoridades en la materia, lleven a cabo los estudios necesarios que permitan conocer las causas de dicho fenómeno en el lugar e informen al Poder Legislativo el resultado de los mismos; esto luego de la propuesta presentada por el diputado del PVEM, Alejandro Gloria González.
En la máxima tribuna, el legislador recordó que en el municipio de Ocampo se ha desarrollado la actividad minera desde el siglo XIX, y actualmente hay una mina subterránea en operación, a la cual parte de los pobladores atribuyen los recientes hundimientos y derrumbes, presuntamente causados por los procedimientos que se utilizan para la extracción de materiales de esta mina que desde hace 7 años es operada por Minera Frisco.
El problema con el suelo de los diversos cerros de Ocampo, dijo el diputado, data desde el año 2007, sin embargo, el primer incidente relacionado a la actividad minera, se remonta a 2012, ocasión en la que se registró un derrumbe parcial en la mina José María de Ocampo, administrada entonces por la empresa Aurico Gold de México, debido a diversas detonaciones de explosivos que ocasionaron lesiones en varios trabajadores y una muerte registrada.
Por otro lado, la primera vez que ocurrió un suceso parecido al que se refiere y que fue difundido en medios, fue el 26 de septiembre de 2018; en dicha ocasión resultaron afectadas siete familias, de las cuales, solo a tres se les restauraron los daños materiales ocasionados, y a los restantes si bien se les reubicó, al fin de un corto tiempo se vieron obligados a volver a sus casas a pesar del riesgo, ya que les era imposible cubrir los gastos derivados de la reubicación.
“Independientemente de las causas, los derechos fundamentales de todos los habitantes de la zona están en riesgo: el pasado 28 de agosto, a consecuencia de los mencionados fenómenos, una escuela cercana a la mina tuvo que ser desalojada, por lo que incluso los niños corren peligro; en este sentido, derechos fundamentales como la educación, al desarrollo de la familia, a la vivienda digna y a la seguridad, están siendo afectados, y el Estado es quien está facultado para realizar cualquier acción que salvaguarde dichos derechos”, señaló.
Los pobladores de esta zona, temen más que nada por su seguridad, y a medida que pasa el tiempo, crece la impotencia por no obtener no solamente una respuesta favorable, sino ninguna respuesta como tal; de momento el mayor problema es que al no conocerse las causas, no se puede asegurar ni adjudicar una responsabilidad a alguien en concreto, por lo que es necesario llevar a cabo las acciones necesarias que permitan determinar las acciones preventivas y en su caso las obligaciones correspondientes.
De ahí la necesidad de hacer urgente de que se realicen los estudios necesarios para conocer las causas de dichos derrumbes y hundimientos, concluyo Alejandro Gloria.