Urdió ‘Paquito’ atracción de su caso a la FGR

Chihuahua– El exfiscal de Derechos Humanos Francisco G. A., acusado de tortura en contra de un testigo protegido de la Operación Justicia para Chihuahua, urdió un plan para lograr que la Federación atrajera su caso.

Consistió en denunciarse a sí mismo ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que ésta solicitara a su similar de Chihuahua la copia de la carpeta de investigación que ya se encuentra judicializada en el tribunal estatal.

Lo anterior fue dado a conocer por Guillermo Saucedo Espinoza, representante legal de la víctima con identidad reservada JJBP1/2021, durante una de las diligencias que emprendieron ante un Juzgado de Distrito para evitar que la FGR ejerciera la facultad de atracción del expediente, pues el afectado teme que, de llevarse el caso al ámbito federal, el exfiscal logre evadir la acción de la justicia. 

De acuerdo con lo narrado por el jurista, el martes pasado se le corrió traslado de una carpeta de investigación iniciada en contra de Francisco G. A. por el delito de tortura, la cual inició luego de que el inculpado se denunciara a sí mismo. 

El defensor detalló que esta carpeta, iniciada por el mismo exfiscal, fue utilizada como pretexto por el Ministerio Público (MP) federal para ejercer su facultad de atracción y así hacerse del expediente que aperturó la Fiscalía de Chihuahua por los mismos hechos para quedarse completamente a cargo del caso. 

El abogado indicó que en sus 30 años de ejercicio profesional jamás había visto que un inculpado acudiera ante cualquier instancia para denunciarse a sí mismo, ni que la FGR abriera una carpeta por una autodenuncia, lo que advierte que Francisco G. A. confía en que el MP federal integrará una investigación manipulada que le favorecerá y protegerá. 

Expuso que el expediente que le fue entregado es completamente parcial y que contraviene el artículo 3° de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el cual establece que la interpretación de las normas deberá ser siempre en beneficio de la víctima. En este caso, dijo, la carpeta se basa únicamente en los dichos del inculpado, pero en ningún momento se entrevistó o consultó a su representado o a su defensa. 

Por el contrario, subrayó, la investigación realizada por la Fiscalía del Estado de Chihuahua sí cuenta con entrevistas a la víctimas y otros testigos, denuncias, diversas actuaciones y medidas de protección para el afectado, así como otros mecanismos como asesoría psicológica. 

“Vemos detrás de esto una forma por demás parcial por parte de la FGR e insistimos en que la intención es beneficiar al imputado, esto nosotros lo hemos hecho saber desde antes de que se ejercitara la facultad de atracción por parte de la FGR, acudimos a oponernos terminantemente de que sean las autoridades federales quienes lleven la investigación”, acotó. 

Abundó que además de la posible manipulación de la investigación por parte de la FGR, existen hechos notorios, como que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en defensa del gobernador Javier Corral Jurado y de sus colaboradores en los llamados “Expedientes X” durante una de sus conferencias matutinas. 

En este sentido, cuestionó la autonomía de la Fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero y señaló al propio Corral Jurado como operador de esta estrategia para lograr exculpar al inculpado, ya que incluso reveló la identidad de su cliente, incurriendo así en un delito que debe ser investigado y sancionado. 

“Es obvio que el interés del exgobernador de beneficiar a Francisco G. A., de inmiscuir a la FGR para que atraiga el caso, de demandar un juez federal de Control, es precisamente para beneficiarlo. Le vamos a dar un voto de confianza al juez federal de Control de Poder Judicial de la Federación; creemos que todavía puede terminar con esta investigación por demás manipulada que inició la FGR”, concluyó.

Fue el 13 de diciembre de 2022 cuando Juan Carlos Chávez Jiménez, fiscal especial en Investigación del Delito de Tortura de la FGR, solicitó a la FGE la copia de la carpeta de investigación, ante lo cual la dependencia estatal respondió que se encontraba imposibilitada para hacerlo debido a que ya había un auto de vinculación a proceso de por medio y, por ende, tenía que ser un juez el que resolviera el conflicto competencial. 

Por su parte, la víctima promovió el juicio de amparo indirecto con número de expediente 2510/2022 en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en contra del oficio girado por la FGR para hacerse del caso.