Tras 2 años, concluye proceso de extradición

Ciudad Juárez.— Con el regreso del exgobernador César Duarte a Chihuahua concluye un proceso con fines de extradición que duró casi dos años en Miami, ciudad norteamericana donde el exmandatario fue detenido el 8 de julio de 2020 –en el exterior de una tienda de autopartes usadas– y recluido en una prisión federal.

De acuerdo con el historial del caso contenido en el legajo judicial número 1:20-mc-22829, la solicitud de extradición fue presentada por el Gobierno de México ante el de Estados Unidos el 27 de diciembre de 2019 y, el 10 de julio siguiente, después de la detención, entregada por el Departamento de Justicia ante la Corte de Estados Unidos para el Distrito Sur de Miami, donde fue asignado a la juez Lauren F. Louis. 

“En octubre 8 de 2019, un juez de Control en el Distrito Judicial Morelos, del estado de Chihuahua, emitió una orden de arresto contra César Horacio Duarte Jáquez dentro del caso criminal número 3041/2019, por su presunta participación en el delito de malversación de recursos públicos (peculado) y asociación delictuosa, ambos agravados”, dice la solicitud dirigida al Departamento de Estado por la entonces embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena.

“Desde al menos junio de 2011 a noviembre de 2014, el estado de Chihuahua transfirió $96’685,253 pesos mexicanos a dos compañías, Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera de la División del Norte. Duarte era el accionista mayoritario de Financiera, accionista de Unión Ganadera y, en puntos, presidente de la juntas de directores de ambas compañías, planteando así un conflicto de intereses por el desvío de fondos estatales a estas compañías”, agrega por separado la querella introducida el 10 de julio por el Gobierno de Estados Unidos.

La información presentada por México y que sostuvo la acusación encabezada ante la Corte de Miami por Jason Wu, del Departamento de Justicia, especifica que el desvío se generó a través de once transacciones y que se cuenta con más de 20 declaraciones de personas que, en el sexenio de Duarte, trabajaron para la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Desarrollo Rural.

“Los testigos coinciden en que, durante el ejercicio de sus facultades y acciones, pudieron ser informados directamente de la existencia y funcionamiento de una estructura encabezada por el exgobernador que tomaba recursos públicos en el estado para beneficio propio”, dice el documento firmado por Bárcena. 

“Esta organización fue operada a través de una organización integral que se formó especialmente a partir de 2012 y estuvo conformada por servidores públicos de alto nivel, como el entonces secretario de Hacienda y el secretario de Desarrollo Rural, además de los siguientes: Javier Garfio Pacheco, Pedro Hernández Flores, Marcelo González Tachiquín, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, Gerardo Villegas Madriles, Sergio Medina, Antonio Tarín, Santiago Moreira, Everardo Medina, Manuel Bremer, Sergio Jurado, Ricardo Yañez Herrera y Jesús Alonso Duarte García. Asimismo, desde 2012 algunos empresarios tenían una estrecha relación con el exgobernador, entre ellos José Yáñez, Jaime Galván, Parrish Cárdenas, Anuar Elías, Gabriel Aude, Eduardo González y Eugenio Baeza”, agrega el mismo texto oficial del Gobierno de México.

De acuerdo con los documentos del procedimiento ante la Corte –cuya versión electrónica está disponible para consulta en línea–, la fiscalía dio uno de los primeros pasos ampliando la información contra el detenido el 24 de julio de 2020, cuando se pronunció en contra de que saliera con fianza debido al riesgo de que evadiera el proceso e indicios de que buscó amenazar a potenciales testigos.

“Describen los esfuerzos de Duarte para alterar su testimonio y amenazarlos o intimidarlos para que apoyen su defensa”, indicó entonces la moción del Departamento de Justicia, que citó declaraciones de encuentros en El Paso y otro en la Ciudad de México con el exsecretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto, Alfonso Navarrete Prida.

“Recibí una llamada del propio César Duarte (…) me hizo saber que él tenía conocimiento, por diversas fuentes que no me precisó, respecto que me habían visto reunirme con mi abogado en la que yo estaba buscando desesperadamente que me recibiera alguna autoridad del Gobierno del Estado, y que él sabía que yo quería ser testigo protegido (…) Quería saber directamente de mí si iba a estar con él o iba a enfrentarlo. Y que de ser lo segundo, que me atuviera a las consecuencias”, agrega una de las declaraciones incluidas en la moción.

El 14 de septiembre siguiente, la juez concedió la razón en esta petición al Gobierno argumentando que, “al evaluar si Duarte presenta un riesgo de huida, he considerado sus medios financieros, sus conexiones extranjeras, su edad y la seriedad de los delitos alegados”.

A partir de entonces, la juez fijó la primera de las fechas que estableció para la audiencia final del caso y, el 30 de septiembre siguiente, la defensa de Duarte –encabezada por el despacho Bell Rosquete Reyes Esteban– presentó uno de sus principales alegatos, señalando que varios de los cargos habían prescrito. 

El argumento fue discutido y cuestionado por la juez F. Louis en una audiencia del 18 de noviembre, en la que, si bien no resolvió al respecto, advirtió que la petición del Gobierno de México indicaba cargos por dos delitos y no que cada transacción representara uno separado.

En sus alegatos finales, presentados el 31 de diciembre, la defensa agregó que “la administración de Corral tiene una bien documentada historia de persecución a quienes percibe como aliados de Duarte, desde catear una casa propiedad de un vecino y agredirlo físicamente, hasta amenazar a anteriores miembros de la administración de Duarte con fabricarles cargos criminales si no testifican en contra suya”.

El 26 de enero, luego de la introducción de 68 textos y documentos en el legajo judicial, se realizó la audiencia final en la que F. Louis escuchó a las partes y, el 8 de noviembre siguiente, resolvió en favor de la solicitud de extradición, con lo que el exmandatario –que gobernó Chihuahua entre 2010 y 2016– continuó preso y a disposición del Departamento de Estado.

Para saber:

• La solicitud de extradición fue presentada por el Gobierno de México ante el de Estados Unidos el 27 de diciembre de 2019

• El 10 de julio de 2020, después de la detención de Duarte, fue entregada por el Departamento de Justicia ante la Corte de Estados Unidos

• El 26 de enero de 2021 se realizó la audiencia final y el 8 de noviembre resolvió en favor de la solicitud de extradición