Tampoco hay tiempo para dar escolta a Corral

Chihuahua– Diputados adelantaron ayer que, en caso de que la iniciativa para dotar de escoltas al gobernador Javier Corral llegue al Pleno, la votarán en contra debido a que ya no hay tiempo para que sea analizada y debatida.

Además, la propuesta enviada por Corral al Congreso del Estado, pendiente de ser votada en la Comisión de Seguridad de los diputados, se enfrenta al rechazo de más legisladores.

Por otra parte, los diputados que integran la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado fueron citados ayer por tercer día consecutivo a una reunión en la que se analizará el dictamen sobre la asignación de escoltas a exfuncionarios, después de haberse pospuesto en dos ocasiones.

Los diputados Miguel Colunga de Morena, Omar Bazán del PRI y Arturo Parga, quien actualmente es independiente, señalaron que el retraso que se ha dado en la revisión de la iniciativa ha sido demasiado, y que a la actual Legislatura le quedan días para concluir, por lo que ya no hay plazo para la adecuada revisión.

Ayer, siete de los ocho diputados de Morena enviaron un posicionamiento en el que destacaron que los ciudadanos de Chihuahua no tienen por qué pagar la seguridad de los funcionarios de Javier Corral. “Al respecto, no coincidimos con el iniciador, aun y cuando son personas que han estado en el combate a estructuras delincuenciales”.

“El H. Congreso del Estado, no tiene la capacidad de definir cuándo una persona realmente se encuentra en situación de riesgo, y durante qué tiempo se prestará la seguridad y protección por parte del Gobierno del Estado a los funcionarios”.

“El gobernador y sus demás secretarios deben estar conscientes de que aceptaron una responsabilidad importante […] El C. Gobernador Javier Corral fue lo primero que trató de hacer, quitar escoltas a exgobernadores, por eso es ilógico e incongruente que ahora sí quiera cambiar la ley”, es parte textual de sus señalamientos.

Por su parte Omar Bazán, diputado del PRI, mencionó que los funcionarios como Corral tienen los recursos para contratar la seguridad personal que necesitan, y que los agentes estatales deben estar en las calles para proteger a la población.

Ayer, por segundo día consecutivo, la reunión de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado se pospuso por supuestos “problemas con el dictamen”, que será presentado a los diputados que integran la comisión para votar si se autoriza dar seguridad personal a exfuncionarios con cargo al erario.

El martes se les notificó a algunos de los diputados que ayer a las nueve de la mañana habría una reunión para revisar el dictamen. La diputada Marisela Sáenz, quien está en la comisión, dijo que no había sido notificada, pero al preguntar si se celebraría, le informaron que se pospuso nuevamente. Hasta ahora no les ha sido entregado el dictamen para su análisis, según expresó.

Ya por la tarde se volvió a citar a los diputados que integran la Comisión de Seguridad para el tema de escoltas de Corral.

La reunión está programada para hoy a las 11:30 de la mañana, y la invitación fue para los cinco legisladores de la comisión vía correo electrónico, según comentó personal del Congreso.

El tema tiene que ser resuelto en esta reunión puesto que debe estar votado en comisión para que sea agendado en la sesión permanente del viernes, en la que se convocará un período extraordinario el lunes, cuando será votado en el Pleno.

Dictamen prevé dar facultades a FGE para que decida sobre escoltas

Ya por la noche circuló entre los legisladores el proyecto del dictamen que sería votado este día en la reunión de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado.

De acuerdo con ese documento, será la Fiscalía del Estado de la próxima administración la que decida si proceden o no las peticiones de protección especial, así como la cantidad de elementos y el período en el que tendrán la seguridad con cargo al erario.

El Diario tuvo acceso al proyecto, que hoy podrá ser aprobado o rechazado al interior de la Comisión. Este abre la posibilidad de que otros funcionarios pidan la protección, por lo que no se limita a los cuatro de la iniciativa original que envió el gobernador Javier Corral, quien propuso protección para el mandatario estatal, el fiscal general, el secretario de Seguridad Pública y el secretario general de Gobierno una vez que dejen sus cargos.

Luego de establecer diversos señalamientos en el artículo 305 del dictamen, indica que el Estado, previo análisis de riesgo, podrá otorgar protección y seguridad durante el tiempo que duren en su encargo, al gozar de licencia o después de haber concluido el mismo, a quienes realice o haya realizado actividades relacionadas con la seguridad pública, procuración e impartición de justicia, que, en razón de su empleo, cargo o comisión asuman riesgos en el desempeño de sus funciones, siempre que se justifique mediante el dictamen de análisis de riesgo.

Este punto difiere de lo que pedía Corral en su iniciativa, ya que planteaba protección por cuatro años.

“Cuando exista peligro inminente para la familia del servidor público y se determine así en el análisis de riesgo debidamente elaborado, se podrá autorizar la extensión de esta protección en la proporción adecuada”, asienta el dictamen.

En su artículo 306 precisa que la Fiscalía Especializada de Análisis, Control y Evaluación será la instancia competente para realizar el análisis de riesgo y emitir el dictamen correspondiente para determinar que se le brinde seguridad a la parte interesada. Dicho dictamen se realizará mediante investigación de campo y de gabinete, evaluará por lo menos factores de probabilidad de peligro, riesgo o daño, vulnerabilidad, amenazas, umbral de riesgo objetivo y conclusiones.

Enfatiza que será la Fiscalía con base en el análisis de riesgo la que deberá precisar los recursos humanos y materiales que podrán ser asignados a la custodia y establecerá la temporalidad de esta protección.

También que se deberá actualizar el dictamen de análisis de riesgo periódicamente, en un lapso de seis meses a un año, para determinar si el riesgo persiste.

El personal comisionado a desempeñar funciones de seguridad y protección podrá ser aquel adscrito a la Fiscalía General del Estado o a la Secretaría.

“Los elementos deberán estar capacitados para el ejercicio de la función y dotados del equipamiento necesario para desempeñar las actividades asignadas […] al término de la comisión las y los elementos, se reincorporarán a la adscripción que les corresponde”, agrega.

“Para acceder a la protección y seguridad por parte del Estado, la parte interesada tendrá que realizar la solicitud ante la Fiscalía General del Estado quien la turnará a la Fiscalía Especializada de Análisis, Control y Evaluación”, precisa. 

ochavez@diarioch.com.mx