Surtió pruebas Covid empresa de blindaje

Dos empresas, una dedicada al blindaje y otra a la tecnología, surtieron al Estado de mascarillas, overoles y pruebas Covid-19, por lo cual cobraron más de 23 millones de pesos.

Lo anterior de acuerdo con los resultados del informe anual del Comité de Participación Ciudadana de Chihuahua (CPC), en el que se detectó que IBN Industrias Militares y de Alta Tecnología Balística SA de CV, y Globtech/Caper Elaboración y Distribución S de R.L. M.I., cambiaron su giro empresarial para vender artículos de salud, con lo cual ponen en riesgo la integridad de las personas.

Las facturas de dichas empresas están publicadas en el portal www.contrataciones.chihuahua.gob.mx, donde se establece que Globtech cobró más de 21 millones de pesos por seis facturas, mientras que IBN poco más de 1.8 millones por pruebas Covid-19.

Globtech emitió dos facturas de cubrebocas de tres capas, mascarillas KN95 y overoles de polipropileno a Servicios de Salud de Chihuahua. Otras dos fueron por cubrebocas de tres capas y mascarillas KN95, entregadas al Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal).

El informe de CPC refiere que dicha empresa, que se dedica a la venta de equipos de cómputo y software, de la noche a la mañana se convirtió en proveedor de material médico.

La base de datos transparentada por la Secretaría de la Función Pública arroja que ésta fue la empresa con mayor número de contratos y mayor monto adjudicado.

Los documentos oficiales de adquisiciones señalan además la compra de 5 mil pruebas rápidas para detectar el Covid-19 a IBN –una empresa dedicada al blindaje–, de las cuales a la fecha no se sabe de qué laboratorio provienen ni su eficacia. “Posiblemente violando el derecho humano a la salud de las personas”, señala el informe del CPC.

En su portal https://www.ibnindustriasmilitares.com/, IBN da a conocer que son un grupo especializado en la defensa, blindaje aeroespacial, automotriz y militar, además de que con otras empresas incursiona en el campo de tecnología, inteligencia, armamento, seguridad y big data.

Asienta que tiene sus oficinas en la avenida Progreso número 210 del Parque Industrial de Logística Automotriz en Aguascalientes.

En el contrato firmado con Chihuahua, IBN fue representada por Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, mientras que por parte de la Secretaría de Salud fungió como representante Jesús Flores Montana, entonces director ejecutivo de la dependencia.

El documento, identificado con la clave D04822, se firmó el 7 de mayo de 2020, sin que se dieran especificaciones técnicas de las pruebas rápidas de Covid, es decir, sin precisar la marca, el tipo de dispositivos o su origen.

Ahí la empresa declara que su objeto social es fabricar, procesar, ensamblar, comprar, vender y distribuir toda clase de blindaje y artículos relacionados con el revestimiento de vehículos automotores y aeroespaciales, sin mencionar en apartado alguno que puede comercializar insumos médicos o “materiales, accesorios y suministros de laboratorio”, que pide el mismo contrato.

En su cuenta de redes sociales, ya que la página https://globtechstore.com/ está suspendida, Globtech señala que se dedica a la venta y renta de equipos de cómputo, además de software y mobiliario. Cuenta con 73 contratos con Gobierno del Estado (según www.contrataciones.chihuahua.gob.mx), pero sólo seis son por venta de material médico. 

Pagaron FGE y SSPE más de 6 mdp por insumos médicos

Por otra parte, debido a la Contingencia Sanitaria provocada por el SARS-CoV-2, Enrique Ernesto Galán Uribe obtuvo ocho contratos por adjudicación directa a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), por los cuales cobró más de 6 millones de pesos.

Lo anterior según información publicada en el portal contrataciones.chihuahua.gob.mx, en el cual se advierte que solamente existen ocho contratos y todos fueron del año pasado.

Dicho proveedor vendió a las dependencias de seguridad insumos médicos y de higiene como gel antibacterial, toallas en rollo para manos, jabón, cubrebocas, caretas faciales, overoles y trajes de protección biológica.

Según el mismo portal, la actividad económica de Galán Uribe es de centros generales de alquiler, comercio al por mayor de alimentos y mobiliario, equipo e instrumental médico y de laboratorio, servicios de limpieza, de publicidad, de instalación y mantenimiento de áreas verdes, además de servicios de investigación y de protección y custodia.

Por otra parte, existe el expediente 638/2020, amparo indirecto promovido por Enrique Ernesto Galán Uribe en contra de agentes del Ministerio Público investigador y persecutorio de la unidad de proyectos especiales y operaciones estratégicas de la Fiscalía General del Estado en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua en Décimo Séptimo Circuito, federal.

Este proceso inició el 24 de junio del 2020 y cuenta con 23 notificaciones, cuyos actos reclamados son por omisión; sin embargo, el 13 de enero de 2021 se declaró que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo causó ejecutoria.

Estas contrataciones, en medio de la emergencia por el Covid, fueron hechas por adjudicación directa, es decir que no hubo licitación alguna y se dictaminó la excepción de este procedimiento con el argumento de que eran compras urgentes para atender la pandemia, lo cual ha sido denunciado por el CPC en su informe anual 2020.