Estado

Suman en 4 meses 98 carpetas de investigación por tortura

Más del 80 por ciento corresponde a Ciudad Juárez

De la Redacción
El Diario

sábado, 05 junio 2021 | 06:00

Chihuahua— Del primero de enero al 30 de abril del presente año se ha abierto un total de 98 carpetas de investigación por el delito de tortura en el estado de Chihuahua, informó la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado en el oficio número FGE-4C.5/1/2/602-2021.

Las cifras presentadas fueron dadas a conocer por la Dirección de Estadística Criminal, que señala a los empleados municipales como los más denunciados, al formar parte de 59 carpetas de investigación; 37 involucran a servidores estatales y hay dos casos en que la tortura fue cometida por particulares.

De acuerdo con los registros de la Fiscalía estatal, en los primeros cuatro meses del 2020 se habían abierto 97 carpetas de investigación, de las cuales 5 corresponden al mes de abril (cuando se decretó la contingencia sanitaria por el Covid-19), sin embargo, en este año, a pesar de seguir en contingencia, ya son 98 los casos.

Las estadísticas muestran que más del 80 por ciento de las carpetas de investigación por el delito de tortura son de Juárez, al registrar 79; 13 corresponden a la capital del estado (Chihuahua), tres son de Cuauhtémoc, mientras que el resto es de Aldama, Madera y Morelos.

Por otro lado, la unidad de transparencia informa que estas carpetas de investigación contemplan a un total de 129 víctimas por el delito de tortura en la entidad, de las cuales son 9 mujeres, es decir, casi el 7 por ciento del total.

Asimismo, la mayoría de las víctimas tienen entre 18 y 34 años de edad, al registrar 24; de 35 a 44 son 12, sin embargo, las cifras muestran 89 en que no se especifica la edad, según el informe de la Dirección de Estadística Criminal.

Cabe señalar que el 22 de septiembre de 2012 se publicó la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el Estado de Chihuahua, la cual contempla 15 artículos, en el Periódico Oficial del Estado número 76.

En mencionado ordenamiento señala en su artículo 3 que comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos, sean físicos o psíquicos.

Lo anterior con la finalidad de obtener del torturado o de un tercero información o confesión; castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido; coaccionarla física, mental o moralmente, para que realice o deje de realizar una conducta determinada; obtener placer para sí o para algún tercero, o por cualquier otra razón basada en algún tipo de discriminación.

Además la incomunicación entendida como la privación, por más tiempo del racionalmente necesario, del derecho de toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión a notificar, o a pedir que la autoridad competente notifique, a su familia o a otras personas idóneas que él designe, su arresto, detención, prisión o su traslado y el lugar en que se encuentra bajo custodia, será considerada como tortura.  

No se considerarán como tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad.

Asimismo el artículo 5, del mismo ordenamiento, menciona que a quien cometa el delito de tortura se le sancionará con prisión de cuatro a quince años; con doscientos a quinientos días multa, e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, comisión o empleo público, por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta.

Cuando en la tortura intervengan dos o más personas, la pena se aumentará en una tercera parte, pero cuando se cometa en perjuicio de menores de edad o personas que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho, la víctima sea una mujer o persona mayor de setenta años, las penas establecidas se aumentarán en una mitad.