Suma Corral vínculos con el crimen

Chihuahua— El gobernador Javier Corral Jurado ha mostrado públicamente los vínculos que tiene con personajes ligados al crimen organizado, como el exalcalde de Chínipas, Hugo Amed S. A., hoy inculpado por su presunta participación en el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea.

En otro caso, Corral Jurado entregó un contrato de obra pública para una planta tratadora de aguas negras en Delicias a la empresa constructora Mcallen, propiedad del empresario Carlos C. A., quien se mantiene recluido en el Cereso de Aquiles Serdán, acusado del homicidio de dos de sus escoltas.

En el caso de Hugo Amed S. A., después de haber sido alcalde de Chínipas de 2013-2016, fue invitado personalmente por Pablo Cuarón, exsecretario de Educación y Deporte del Estado, para formar parte del gabinete corralista, esto desde el inicio de la administración.

Sin embargo, para el año 2018, ya no formaba parte del gabinete. Dejó su puesto de coordinador educativo de la zona serrana tras verse envuelto en el caso del asesinato de Breach Velducea y regresó a su plaza de maestro de educación física en Chínipas.

Ahora Hugo Amed es imputado por su presunta participación en el homicidio de la periodista el pasado 23 de marzo de 2017, y se le acusa de entregar información sobre Breach a un grupo criminal de Chínipas, de acuerdo con la información que dio a conocer la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la Fiscalía General de la República.

Según la organización Propuesta Cívica A. C., que ha dado acompañamiento jurídico a la familia de Miroslava desde su asesinato, la línea de investigación de la narcopolítica detrás del crimen de la periodista no fue seguida por parte de la Fiscalía General del Estado.

Tras el crimen, fue la Fiscalía estatal la que comenzó las pesquisas que llevaron a la identificación de uno de los involucrados, Ramón Andrés Z. C. –ejecutado en Álamos, Sonora, el 19 de diciembre de 2017– y luego llevaron a la detención, el 25 de diciembre de ese mismo año, de Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “El Larry”, único sentenciado por el homicidio.

Para llegar a esa detención y posterior acusación en el fuero estatal, la FGE se valió de declaraciones de testigos que mantuvo bajo reserva, los cuales fueron identificados posteriormente como el exalcalde de Chínipas, así como José Luévano, secretario particular del gobernador en ese entonces, y Alfredo Piñera, asesor de la bancada del PAN en el Congreso del Estado.

Ellos no fueron acusados por la Fiscalía de Chihuahua debido a que se les dio categoría de testigos colaboradores. Fue hasta el 17 de diciembre pasado que la Feadle de la FGR actuó contra uno de los señalados, Hugo S.

Dio Estado obra a acusado de asesinato

En otro caso que vincula a Javier Corral con el crimen, la administración estatal, a través de la Junta Central de Agua y Saneamiento, adjudicó la construcción de la Planta Tratadora de Aguas Residuales Poniente de la ciudad de Delicias a la empresa Urbanizadora Mcallen, propiedad de Carlos C.

A., acusado de la tortura y homicidio de dos de sus escoltas y vinculado al robo de combustible de los ductos de Pemex en la zona sur del estado.

El contrato para la obra por 59 millones de pesos fue firmado el 8 de noviembre de 2019 por el director ejecutivo del organismo estatal, Óscar Fidencio Ibáñez Hernández, y el exalcalde de Delicias Heberto Villalobos Máynez, quien fungió como apoderado legal de la empresa ganadora.

Poco más de un mes después –el 10 de diciembre del año pasado– Corral encabezó junto con Carlos C. A. y funcionarios estatales la colocación de la primera piedra de la planta tratadora, evento oficial en el que también estuvieron como invitados los exgobernadores José Reyes Baeza y Fernando Baeza Meléndez.

Dicho empresario fue secuestrado el 17 de diciembre junto con su familia. Apareció el día 21 del mismo mes y luego volvió a ser privado de su libertad a finales de enero de este año, para luego aparecer en Parral con una herida de bala.

Horas después de ser rescatado y atendido en esa ciudad, comenzaron a circular cuatro videos donde aparece cortándole las orejas a dos personas y ordenando su asesinato, además de narrar cómo robaba combustible.

Ante ello, el fiscal general César Peniche ordenó la apertura de una carpeta de investigación debido a la evidencia pública que implicaba al empresario constructor, lo que derivó en que fuera obsequiada por la justicia estatal una orden de aprehensión contra Carlos C. A., mandamiento que le fue ejecutado el día 2 de marzo, según lo confirmó el propio funcionario.

A la par de la cadena de acontecimientos violentos en los que se veía involucrado el empresario deliciense, avanzó un proceso de licitación que ganó y se coronó con el arranque de la obra encabezado por el gobernador.

Durante su discurso, videgrabado por la Junta Central y difundido en redes sociales, Corral Jurado habló del plan de inversión de su administración. Justo frente a Corral, en la primera fila de los invitados se encontraban el ahora acusado de homicidio de sus escoltas y Heberto Villalobos. Escuchaban atentos y aplaudían el discurso a momentos, junto a los demás asistentes.

Tras el mensaje oficial en el que también participó el director ejecutivo de la JCAS procedieron todos a la colocación de la primera piedra, a unos pasos de la carpa que se había instalado para cubrir a las autoridades e invitados.

Las imágenes de esa ceremonia oficial incluso fueron presentadas en una conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 25 de septiembre pasado, acusando a Corral de tener relación con la delincuencia y otros grupos de interés, en el marco del conflicto por el agua de las presas de Chihuahua.

El gobernador ha negado tener vínculos o darles protección a quienes actualmente enfrentan procesos penales.