Suben 190% homicidios con Corral

Ciudad Juárez— En Juárez, durante los 45 meses del Gobierno estatal encabezado por Javier Corral Jurado, los homicidios aumentaron 190 por ciento respecto a los 45 meses anteriores al inicio de su gestión.

Según cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE), en dichos períodos comparados las víctimas de estos crímenes dolosos en esta ciudad pasaron de mil 579 –antes del cambio de gobierno– a 4 mil 590 con Corral como gobernador, al cierre de junio.

“Los problemas de inseguridad pueden ser también a veces más una percepción”, advirtió el mandatario estatal al primer mes de su gobierno, en noviembre del 2016, cuando se observaron los primeros crecimientos en la gráfica de homicidios.

Atribuyó en ese entonces la inseguridad a “la corrupción política, las componendas y las complicidades de los jefes de las corporaciones policiacas (anteriores) con los mafiosos”.

Pero casos de barbarie como el ocurrido el pasado domingo en Eco 2000 donde cinco hombres de entre 20 y 27 años fueron asesinados, han sido una constante en esta administración.

Otra masacre ocurrió el 17 de junio del 2018, cuando un comando armado irrumpió en una fiesta familiar en las calles Boro y Acacias de la colonia Bellavista, con saldo de cuatro personas muertas.

Además el asesinato del 23 de junio de ese mismo año de seis hombres en la colonia Torres del PRI, en una reunión para ver el partido entre México y Corea del Sur del Mundial 2018.

Hay muchos más, como el de Pradera de los Oasis en agosto de 2018, cuando 11 jóvenes fueron asesinados a cuchilladas dentro de un domicilio de la calle Oasis de Egipto.

Otro caso ocurrió en el fraccionamiento Sierra Vista Sur el 16 de enero del año pasado, cuando cinco integrantes de una familia, entre ellos dos niñas, fueron masacrados.

Empresarios, preocupados

La frecuencia de los homicidios en Juárez es preocupante y el alza en la estadística es un hecho reconocido por los empresarios que apoyan al gobierno de Corral con aportaciones económicas dirigidas al control de la violencia.

“Existe una preocupación por parte de Ficosec sobre el incremento de los homicidios, mismos que hemos venido monitoreando mes a mes desde enero de 2011 hasta la fecha, desde nuestro Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia”, dijo Diana Chávarri, directora Zona Norte del fideicomiso de seguridad.

“Se ha registrado un incremento significativo en la tasa de homicidios desde el segundo semestre del 2016 hasta la fecha”, reconoció.

Dijo que en el verano del 2019 la tendencia empezó a declinar ligeramente, pero no se sostuvo. “Tenemos ahora una tasa activa (se mide por víctima y no por carpeta) de 112 homicidios por cada 100 mil habitantes”, aseguró.

Las autoridades relacionan los homicidios con delitos contra la salud, pero existe una desatención gubernamental evidente en la prevención de adicciones, apuntó.

“No invertir en la prevención y tratamiento de adicciones significa perpetuar las condiciones de inseguridad de nuestra ciudad”, advirtió.

Dijo que resulta alarmante que en una ciudad como Juárez, donde se calcula que al menos 39 mil personas consumen algún tipo de droga una o varias veces a la semana, no existan servicios públicos de desintoxicación ni de rehabilitación residencial, mucho menos de psiquiatría para trastornos mentales.

Coincidió con ella Isabel Sánchez Quirarte, presidenta de la Mesa de Seguridad y Justicia, quien dijo que la raíz de los homicidios está en la desatención de la salud de los consumidores.

Dijo que estos últimos están alimentando al crimen organizado, aunado a que la Federación no persigue la criminalidad a ese nivel, ya que no existe una sola carpeta de investigación al respecto.

Indicó que otros delitos de alto impacto se han podido disminuir pero no el homicidio, derivado del alto consumo de drogas en esta ciudad.

Algo se rompió: sociólogo

El incremento en la violencia en las proporciones estadísticas antes descritas es “porque algo se rompe”, dijo Nemesio Castillo, sociólogo y catedrático de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

Se refirió con ello a la dinámica interna de los grupos de la delincuencia organizada y su disputa por el control de espacios para la venta local de drogas, donde pactos se pudieron haber roto.

Lo reñido de esta disputa territorial y comercial, así como la llegada de nuevas drogas, ha traído la fractura de pactos y de ‘códigos de honor’ entre los participantes, dijo sobre las barbaries grupales el especialista en conductas sociales.

“Pudiera pensarse que hay pactos morales presentes entre los criminales porque son personas, acuerdos, ‘principios’, pero se han ido rompiendo y con ello recrudeciendo la violencia”, estimó Castillo.

Advirtió que la exposición de los casos criminales ha generado una reproducción entre las nuevas generaciones.

“Está en la memoria colectiva el homicidio como un recurso para resolver los conflictos”, indicó.

Federación incumple: Peniche

Sin apoyo de la Federación en el combate a la delincuencia organizada “no habrá de cambiar la realidad delictiva en todo el país”, aseguró César Peniche, fiscal general del Estado.

“El crimen organizado no parece encontrar límites y hechos recientes en diversas partes del país dan cuenta de ello”, dijo.

Añadió que cada estado y municipio tienen una tarea qué realizar, pero que la parte más compleja es la que corre a cargo de la Federación.

“Los estados vienen investigando delitos conexos como el homicidio o el robo de vehículos y en el delito concurrente de narcomenudeo también están asumiendo la mayor parte de la responsabilidad, pero hace falta centrar los esfuerzos de la Federación en la investigación en delincuencia organizada”, dijo.

La frecuencia de homicidios dolosos cada vez está más asociada al crimen organizado y son menos las carpetas de investigación por delincuencia organizada, sostuvo.

Actualmente, agregó, los resultados en contra de las estructuras delincuenciales siguen dependiendo de la eficacia de la flagrancia, pero no hay órdenes de aprehensión que de manera sistemática se soliciten en este rubro.

Los estados no tienen facultades para investigar el crimen organizado, mientras que el Gobierno federal tiene la atribución y los recursos, dijo.

Por otro lado, el fiscal indicó que aunado a este panorama y ante los homicidios vinculados al narcomenudeo en la entidad, “lamentablemente nuestras leyes no han tenido reformas que permitan la posibilidad de atender debidamente el problema”.

“No hay leyes secundarias en el tema de armas, no se ha emitido una ley de delincuencia organizada actual; el Código Nacional de Procedimientos Penales está lleno de garantías para los procesados y de facultades discrecionales para los jueces”, señaló Peniche.

“Los Estados están haciendo el esfuerzo, pero está muy incompleto el trabajo mientras no se investigue la delincuencia organizada”, concluyó.

Víctimas colaterales

En marzo pasado “Javier” (nombre ficticio por seguridad) perdió a su hija de 25 años, víctima de lo que él supone fueron complicidades de la Policía, en el narcomenudeo de esta ciudad.

A la fecha no retira de su cabeza la idea de vengarla. La mujer estuvo inmersa en el consumo de ‘cristal’ y nadie la ayudó.

“La Policía empeoró las cosas al sostener (a discreción) la venta de cristal en su colonia, Pradera de los Oasis, ubicada al surponiente de la ciudad”, sostuvo.

“En mi barrio están haciendo drogadictos a los niños con cristal y después los ponen a vender esa droga y les pagan con dosis”, dijo.

Su hija fue de esas víctimas y en una ocasión tuvo desacuerdos en ese tema con los policías que “cuidan” el sector, aseguró.

Los agentes la ‘cargaron’ con cristal y en días obtuvo su libertad. “Al salir del Cereso (femenil) le quitaron la vida antes de que llegara a la casa”, sostuvo Javier, quien afirma que fueron los mismos policías con quienes discutió los que la privaron de la vida, o al menos habrían ordenado el ataque.

“Los quiero matar, no se me quita esa idea”, dijo el padre de familia, quien durante varios años trató de que su hija rectificara el rumbo.