Estado

Sospechan que Estado presionó al juez

Para que cambiara la resolución, con la cual vinculó a proceso a Maru Campos

Tomada de internet

Federico Martínez Vargas / El Diario

sábado, 03 abril 2021 | 06:00

Chihuahua—“Se tiene una sospecha de que el Estado presionó al juez Samuel Uriel Mendoza para que cambiara la resolución, con la cual vinculó a proceso a María Eugenia C. G.,”, dijo ayer Francisco Molina Ruiz, abogado defensor de la candidata a la gubernatura.

Lo anterior, dijo, se basa en todo el tiempo y los distintos cambios de hora que tomó el juzgador local para resolver si su defendida y los otros dos exdiputados eran vinculados o no a proceso, acusados de recibir dinero del erario público, con base en el juicio de formulación de imputación que se llevó a cabo desde la semana pasada y que concluyó el pasado jueves a las 23:00 horas.

“Nos llama la atención porque, pues nunca un juez de Control había durado tanto tiempo en emitir su decisión. ¿Qué quiere decir eso?, pues que la decisión era distinta y la presión del Gobierno comenzó a hacer uso de su mecanismo de fuerza para hacer que se cambiara”, refirió.

Entrevistado vía telefónica, calificó como algo irregular cómo se dieron las cosas para que resolviera el juez, ya que habían terminado a las 4:00 de la mañana y el juzgador los citó en un par de horas para que oyeran la sentencia, para de ahí diferir a las 9:00 de la mañana, luego a las 10:00, después a las 12:00, y de ahí a las 4:00 de la tarde.

“Comenzamos a sospechar que algo estaba pasando, de ahí nos citaron a las 6:00 de la tarde y de ahí a las 9:00 de la noche, que fue cuando finalmente nos da cuenta de la sentencia, que duró hasta las 11:00 de la noche”, dijo.

El litigante expresó que entre las cosas irregulares detectadas durante la resolución, está que no hay vinculación entre el hecho que ellos dicen realizó el Gobierno con el beneficio que supuestamente ha obtenido la candidata, como lo fue la nómina secreta.

Refirió que también les habían escondido a los testigos, a los cuales calificó como sin cara y sin rostro, y que ya tenían calidad de protegidos en otros expedientes y no en el que vincularon a su representada a un proceso penal por el delito de cohecho.

“Nos están acusando unos fantasmas porque no se conoce la identidad, no sabemos de dónde la narrativa, que al final de cuentas es lo que toma en cuenta el juez; el juez toma en cuenta nada más la declaración de unos testigos y una serie de operación que hicieron internamente desde el punto de vista contable”, dijo.

Molina Ruiz comentó que no había tampoco auditoría alguna que diga que se malversó el recurso, la cual de acuerdo con la Fiscalía habría sido para la aprobación de la bursatilización y de los presupuestos del 2014, en cuyos dictámenes no estaba la firma de María Eugenia C. G.

“¿Cuál es la conclusión?, pues la conclusión es que hubo una presión del gobernador y una necedad de quererla denostar y lastimar (a María Eugenia C. G.)”, agregó.

Ante esto, comentó que la vinculación a proceso no les afectaba en nada, debido a que la presunción de inocencia seguía conservándose, además de que el procedimiento entraba en su etapa formalizada, en la cual el Ministerio Público tenía seis meses para llevar a cabo el cierre de la investigación.

El exprocurador general de la República comentó que no era una lucha jurídica, sino política, la que se había emprendido en contra de su presentada por parte del mandatario estatal, al cual calificó como “una persona necia” que desde un principio sólo estaba persiguiendo a una persona, que en este caso sería la candidata a gobernadora.

“Qué casualidad que teniendo 100 supuestos sospechosos, pues ella sea el blanco de persecución”, citó.

Explicó que ante una segunda instancia reclamarán pruebas que tomó como válidas el juez, como las copias de recibos simples.

Mencionó que María Eugenia se tendrá que olvidar del tema de la audiencia en general y del linchamiento, para enfocarse en lo que será su campaña electoral, la cual inicia en las primeras horas de mañana. Molina dijo que estarán analizando en los próximos tres días si se irán por la vía de apelación o de amparo, ya que por cualquiera de los dos medios de defensa deberán suspender la investigación. Caso contrario si buscan una apelación por medio de una segunda instancia, el término promedio para que se resuelva es de cuatro meses.

fmartinez@diarioch.com.mx