Son cuatro años de inseguridad con Corral

Cuatro años al frente del Gobierno de Chihuahua fueron cuatro años peleando con otras instancias tanto municipales como federales, por estar en desacuerdo con el manejo de la seguridad en el estado.

Es la característica del mandato del gobernador Javier Corral, quien ha mantenido esta dinámica desde el primer mes de su administración y que ha tenido un alto precio: el incremento de las incidencias delictivas, principalmente homicidios, que nunca mostraron reducciones como lo decían sus compromisos de campaña.

Así empezó el panista: en octubre de 2016 ‘tronaba’ contra Armando Cabada, alcalde independiente de Ciudad Juárez, por el nombramiento del exfiscal de César Duarte, Jorge González Nicolás, como su secretario de Seguridad Pública Municipal.

Sólo durante ése y los dos meses posteriores, hasta el cierre de 2016, la frontera registraba 192 muertes dolosas, de las 468 que se registraban en toda la entidad en el mismo período, gracias a que González Nicolás era excluido de las reuniones donde se definían las estrategias contra el crimen.

Y así lo decía Corral abiertamente: “Lamento muchísimo que éste sea el signo con el que se inicie la administración de Armando”.

La relación no mejoró hasta seis meses después, luego de que “palomeó” la llegada de Ricardo Realivázquez a la secretaría, tras un nombramiento más, el segundo, de Sergio Almaraz, actual director de la Coordinación de Vialidad.

Apenas cuatro meses después del comienzo de su administración, en febrero de 2017, Corral daba inicio a otra confrontación, ahora con alcaldes de la zona occidente del estado, a los que desplazaba del manejo de la seguridad pública de los municipios para intervenirlos con las fuerzas estatales.

La estrategia del gobernador no funcionó. Cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado, de la mano de los archivos periodísticos, establecen que los grupos criminales nunca fueron desplazados, sino que el plan los multiplicó, lo cual se palpó en enfrentamientos sangrientos que dejaron centenas de muertos por las calles.

Las estadísticas de la Fiscalía estatal confirman, además, que algunos repuntes criminales se presentaron en períodos de cambio en los distintos niveles de poder político y, también, en las zonas intervenidas por el Gobierno del Estado.

Cuando en 2016 se abrieron 149 carpetas de investigación por homicidio doloso en la región occidente de la entidad, para el año posterior el número incrementó a 244; en el 2018 fueron 253, mientras que para 2019 el número se elevó a 286, establece un informe de la dependencia.

A nivel estatal la cifra pasó de mil 232 en el 2016 a mil 577 en el 2017; y de mil 851 en 2018 a 2 mil 196 en el 2019.

El archivo periodístico refiere que uno de los territorios más afectados por el aumento de la violencia, y sobre todo por el registro de crímenes de carácter político, es la Zona Occidente, donde la gráfica de asesinatos marca un aumento a partir de febrero de 2017, cuando inició la intervención del Estado, bajo justificación de que el crimen organizado operaba en esos lugares sin que las policías municipales pudieran hacer un frente efectivo contra los desplazamientos de grupos armados.

El Gobierno estatal tomó el control de la seguridad pública en siete municipios, cuatro en la Zona Occidente, región que enfrentaba el mayor repunte de violencia.

La violencia en esa región dejó muertos al tesorero municipal y militante panista de Ignacio Zaragoza –un municipio cooptado por la presencia de grupos armados– Guadalupe Payán, en marzo de ese mismo año; a la candidata a regidora perredista del mismo municipio Liliana García, en mayo y, en septiembre el atentado contra el doctor Blas Godínez, electo alcalde en Valentín Gómez Farías luego de iniciarse en la política por el secuestro de su padre, también médico.

Con este edil el gobernador también tuvo confrontaciones políticas.

“Andan comandos en varios vehículos, es muy común. Haga de cuenta que son soldados. Pasan de repente, de aquí para allá. Es un secreto a voces”, dijo a El Diario un habitante de Zaragoza durante un recorrido en octubre de ese año.

Otro resultado de la intervención oficial fue la disminución de la presencia del grupo delictivo “La Línea”, cuyo presunto dirigente en la región, “El 80”, fue detenido en mayo por el Gobierno federal, en tanto, según el fiscal César Peniche, el grupo contrario continuó expandiéndose.   “Al avanzar los de Sinaloa van replegando a ‘La Línea’, con quienes han tenido varios enfrentamientos como en Largo Maderal-Las Varas-Gómez Farías”, declaró el fiscal entonces.

Al historial de confrontaciones se suma la disputa con el alcalde de Cuauhtémoc, el morenista Carlos Tena, quien junto con su partido acusó a Corral de dividir los poderes, buscando la sumisión del Municipio, conflicto que en noviembre de 2018 llevó a agentes de la Comisión Estatal de Seguridad a que detuvieran a una decena de agentes municipales, incluido el director Efrén Peña Flores, por no contar con el registro actualizado de armas de fuego.

“Mientras que por un lado Javier Corral, al estar frente al presidente, muestra una cara y evita cualquier crítica y posicionamiento político, por otro, a sus espaldas, de manera cobarde, despotrica señalando errores que él mismo comete, como no atender la inseguridad que asola a nuestro estado”, señalaba Martín Chaparro, dirigente de Morena en febrero del año pasado.

La más reciente confrontación de Corral, ahora contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, se dio el miércoles, cuando denunció que fue excluido de las reuniones de la mesa de seguridad en la que participan las fuerzas federales.

La denuncia del jefe del Ejecutivo estatal se da luego de que el propio delegado de los Programas federales en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, señalara que Corral lo excluyó de las reuniones de la Mesa para la Construcción de la Paz, argumentando pérdida de confianza.

Con más de 9 mil 347 muertes violentas en lo que va de su mandato hasta inicios de septiembre, hoy Chihuahua enfrenta la confrontación entre el gobernador y el presidente de la República.

En una conferencia de prensa desde Cuauhtémoc que ofreció hace dos días, Loera de la Rosa hizo un llamado a Corral a que se mantengan las mesas regionales, y lamentó que lleva tres o cuatro meses diciéndole al gobernador que varios funcionarios de su gabinete han politizado el asunto del agua, de donde surgen los inconvenientes.

Las confrontaciones

Octubre de 2016

• Contra el alcalde Armando Cabada 

• Motivo: Nombramiento de Jorge González Nicolás como secretario de Seguridad Pública

Febrero de 2017

• Contra alcaldes de la zona occidente del estado

• Motivo: Intervención de los municipios con las fuerzas estatales

Noviembre de 2018

• Contra el alcalde de Cuauhtémoc, Carlos Tena 

• Motivo: Arresto de agentes municipales por falta de registro actualizado de armas de fuego

Septiembre de 2020 

• Contra Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

• Motivo: Participación en las reuniones de la mesa de seguridad

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