Solapa jefe de MP manipulación de expedientes

Chihuahua— El coordinador de agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Servicio Público, Héctor Alonso Hernández Uribe, fue acusado de solapar la manipulación de informes judiciales atribuible a dos supervisoras del Centro de Convivencias del Tribunal Superior de Justicia.

De acuerdo con la queja Q/2021/OIC/FGE/DE31 presentada ante la Secretaría de la Función Pública, el funcionario se ha negado a resolver el ejercicio o no de la acción penal de una denuncia que data desde 2019, por usurpación de funciones, ejercicio ilegal del servicio público, uso ilegal de atribuciones y otros delitos de corrupción registrados en el Poder Judicial del Estado.

Hernández Uribe es el mismo coordinador de ministerios públicos que, a unas semanas del fin del gobierno de Javier Corral, ordenó el no ejercicio de la acción penal contra el entonces secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, decisión que tomó en menos de dos meses para exonerar por anticipado al ahora exfuncionario.

Sin embargo, en otras denuncias como por la que se levantó la queja ante la SFP, ha actuado con dilación, pues desde el 7 de noviembre de 2019 no ha resuelto el estatus de una querella, en la que se involucra de manera directa el bienestar emocional y psicológico de una niña de apenas ocho años.

“Es una de las peores herencias de corrupción de Javier Corral y Lucha Castro”, consideró Arturo Rico, quien presentó la queja formal contra el funcionario de la Fiscalía General del Estado (FGE). La denuncia ha permanecido congelada por más de dos años, y podría prescribir, alertó el afectado.

Informes manipulados en el sistema judicial

El hecho que originó la queja contra el coordinador de ministerios públicos data de noviembre de 2019, cuando dos supuestas supervisoras del Centro de Convivencia Familiar Supervisada, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, rindieron informes manipulados a un juez.

“Supuestas supervisoras porque al momento de sus actuaciones no tenían nombramiento como tales, y cuando llegaron sus nombramientos eran para otra labor distinta a la que ejercieron”, explicó la abogada representante de Rico Pérez, Marisela Valdez López.

A dichos informes manipulados el juzgador les otorgó valor probatorio, al ser emitidos por un órgano auxiliar del propio Poder Judicial, lo que ocasionó una clara desventaja para quienes buscaban por medio de la justicia estatal garantizar la estabilidad de una niña menor de edad, detalló la abogada.

Los informes que emite el Centro de Convivencia, inclusive sus observaciones y recomendaciones, resultan incuestionables para los jueces de lo Familiar.

Así, pese a que el afectado presentó grabaciones de audio en los que su hija, de entonces seis años de edad, se niega a convivencias con familiares, los informes mostraron lo contrario; fueron manipulados en diferentes modalidades a fin de presumir que el progenitor de la niña la manipulaba para que ella se negara a ver a sus parientes, se explicó.

Por ello Rico Pérez denunció la manipulación de los informes por un lado, pero posteriormente denunció por la vía penal a las funcionarias Ana Alejandra Muñoz Moreno y Yazmín Holguín Pérez, pues ellas actuaron como supervisoras del Centro de Convivencia sin tener nombramiento alguno.

La denuncia contra dichas funcionarias fue por ejercicio ilegal del servicio público, uso ilegal de atribuciones, usurpación de funciones y otros delitos de corrupción que se contemplan en el Código Penal del Estado. 

Actuación negligente tras denuncia

Al menos cuatro actuaciones de Muñoz Moreno y Holguín Pérez están documentadas en el expediente iniciado por un juicio en materia familiar, que afectan a la niña de ahora ocho años de edad, quien en noviembre de 2019 casi fue forzada por las funcionarias a tener unas convivencias que ella rechazaba.

Documentos del expediente en poder de El Diario dan cuenta de las actuaciones cuestionadas mediante la querella formal.

Una data del 14 de marzo de 2019. Se trata del informe que rinde Muñoz Moreno al juez, estableciendo que el padre de la niña se mostró reacio a que su hija conviviera con un familiar materno que esperaba en el Centro de Convivencia. Dicho informe reporta que la convivencia no se dio y hace señalamientos al padre de la menor, que no corresponden a la grabación de la diligencia que el mismo afectado hizo con su teléfono.

Esa actuación de la funcionaria del TSJE está firmada por ella misma, ostentándose como “Supervisora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada”. 

Otro informe asienta la actuación los días 4 y 11 de abril de 2019, firmada por Yazmín Holguín Pérez, también ostentándose como “Supervisora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada”. En este caso se asienta que no se dio la convivencia porque el señor Rico y su pequeña hija no se presentaron a la cita. Y una actuación más corresponde al día 25 de abril de 2019, también firmada por Holguín Pérez, con el mismo carácter de supervisora. 

Sin embargo, dichas funcionarias no tenían nombramiento de supervisoras de la instancia auxiliar del Tribunal Superior de Justicia, pues la designación oficial que recibieron fue hasta el día 1 de mayo de 2019, mucho después de haber actuado y ejercido como tales.

Pero además, uno de los nombramientos fue como trabajadora social del Departamento de Estudios Socioeconómicos, no como supervisora, cargo para el cual se requiere otro perfil profesional.

“Esas actuaciones causaron un gran perjuicio a la víctima que presentó la denuncia, pues trataron de presentar al afectado como un padre que trata de impedir la convivencia familiar, cuando lo único que él hacía era velar por la integridad de su hija”, consideró la abogada Valdez López.

La Fiscalía olvida a la víctima

Presentada la denuncia contra las funcionarias judiciales, en la misma Fiscalía de Delitos contra el Servicio Público el asunto se estancó, hasta que por una queja en el Órgano Interno de Control el expediente debió reasignarse.

El año pasado el expediente se le retiró por inactividad a la agente del Ministerio Público Brenda Chacón y se turnó a otra agente, Tatiana Núñez, quien integró los elementos necesarios para que su superior jerárquico, Héctor Alonso Hernández Uribe, determine si ejerce la acción penal o decreta el no ejercicio.

“No nos ha resuelto hasta la fecha, dos años después de presentada la denuncia. Cuando fui a verlo personalmente en septiembre, me dijo que resolvería en siete días y que no tenía por qué llevarle más tiempo... hasta la fecha no han pasado esos siete días”, criticó la licenciada Valdez López.

Dijo que, incluso, Hernández Uribe trató de disuadirla para que el asunto se llevara únicamente en la vía familiar y se descartara la vía penal, lo cual consideró inadecuado de parte del funcionario.

Para la abogada, es extraño que el funcionario se niegue a proceder cuando se han presentado todos los elementos para la denuncia, pese a lo cual ha actuado de forma negligente, como si se tratara de llegar a la prescripción del delito, en perjuicio de la víctima y a favor de quienes violentaron la ley e impidieron la justicia para una menor de edad.

Para el denunciante, lo que ha ocurrido en toda esta trama ha estado lejos de proteger el interés superior del menor, que es a lo que debería orientarse la justicia.

Rico Pérez comentó que “esto es parte de las peores herencias de corrupción que dejó el régimen corralista, pues tanto en el Poder Judicial como en la Fiscalía del Estado se pueden ver las consecuencias de una actuación omisa, negligente y alejada por completo del objetivo de hacer justicia”.

Acción penal a conveniencia

El coordinador de ministerios públicos acusado en la Función Pública, aparece como responsable de varios expedientes iniciados por la administración estatal pasada que encabezó Javier Corral, quien utilizó el aparato de la Fiscalía del Estado para perseguir a sus adversarios políticos, entre ellos la hoy gobernadora Maru Campos. 

En uno de los casos, Hernández Uribe decretó el no ejercicio de la acción penal contra un funcionario cercano a Corral, Arturo Fuentes Vélez, quien había sido denunciado por el Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana (Ficosec).

Ficosec denunció el 30 de junio de este año a Fuentes Vélez, por no entregarle 131 millones de pesos pertenecientes al fondo. 

En poco más de un mes, el 2 de agosto, poco antes de que terminara el gobierno de Corral, Hernández determinó que no había delito qué perseguir, decisión que el 10 de octubre le fue revertida por un juez de Control, que ordenó al funcionario de la FGE reconsiderar su decisión y ejercer la acción penal.

Ello deja en evidencia que el coordinador acusado ha permitido que otros casos se extiendan por años, mientras otros los resuelve a la brevedad. (David Piñón / El Diario)

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