Estado

Sin criterio, despliegue de Guardia Nacional

Aunque Chihuahua es uno de los estados con más asesinatos, no aparece en el ‘top’ de asignación de elementos

Carlos Sánchez/El Diario de Juárez / Un elemento de la Guardia Nacional

Sandra Rodríguez Nieto
El Diario de Juárez

martes, 30 junio 2020 | 07:43

Ciudad Juárez— Aun cuando Chihuahua es una de las cinco entidades con mayor tasa de asesinatos, no aparece en el “ranking” de despliegues de la Guardia Nacional, lo cual se repite en otros estados violentos –como Baja California y Guanajuato–, por lo que una investigación concluyó que “no existe criterio público que explique” a qué obedece la asignación de elementos de esta corporación.

De acuerdo con datos presentados ayer por la organización Causa en Común, los más altos indicadores de violencia se encuentran en Colima, Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Morelos. La mayor cantidad de elementos de la Guardia Nacional (GN), sin embargo, se enviaron al Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Jalisco.

“El despliegue se está entendiendo únicamente como despliegue, pero no como estrategia de seguridad, y por tanto hay municipios sobrerrepresentados, donde hay muchísimos elementos de la GN sin que su presencia se justifique en términos de incidencia delictiva”, dijo Lisa Sánchez, directora de México Unido Contra la Delincuencia, al comentar los datos.

“No existe ningún criterio público que explique la cantidad de elementos desplegados en el país. No hay criterios relacionados con geografía y territorio, tampoco por población ni por índices delictivos”, señaló David Blanc, de Causa en Común y quien presentó el informe “Guardia Nacional: a un año de su puesta en operación”.

Las participaciones fueron parte de la conferencia virtual realizada en la Ciudad de México, en la que se mencionó que la falta de relación entre envío de tropas y contexto regional es uno de los diferentes cuestionamientos que hay alrededor de la nueva agrupación de seguridad pública creada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Otros, se advirtió, son la ambigüedad y “discrecionalidad” de su “arquitectura institucional”, sobre todo porque la mayor parte del personal sigue empleado en las secretarías de Defensa Nacional y de la Marina, lo cual amplía la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública por tiempo indefinido y complica la definición de las cadenas de mando.

“A esto se suma el decreto presidencial en el que se refrenda la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, y que lejos de establecer una línea divisoria de las fuerzas civiles y militares, sirve a un propósito opuesto; de hecho, se está promoviendo un marco de actuar militar deliberadamente ambiguo, discrecional y sin controles”, dijo María Elena Morera, directora de Causa en Común.

Los integrantes de esta organización señalaron también que la militarización de la seguridad pública en México no es nueva, pero que la oferta electoral del hoy presidente había sido promover una conducción civil.

“No obstante, el año pasado, el presidente impulsó una reforma constitucional para formar una Guardia Nacional civil que inmediatamente se mostró como una corporación militar, con un mando de origen castrense”, dijo Morera.

Los datos difundidos ayer muestran que, hasta enero pasado, Chihuahua contaba con una tasa de 67.1 asesinatos por cada cien mil habitantes y, hasta diciembre de 2019, con un despliegue de 2 mil 25 elementos, renglón en el que se registró un aumento de 436 agentes con respecto a los mil 589 que había en la entidad en agosto de ese mismo año.

En el Estado de México, mientras, la cantidad de elementos a finales del año pasado era de 8 mil 579; de más de 4 mil en Michoacán, Oaxaca y Veracruz, y de 3 mil 848 en Jalisco, aun cuando ninguna de estas entidades aparece en el tabulador de las cinco más violentas.

Sólo Colima, que es el primer lugar en tasa de asesinatos, está también en el segundo lugar en el despliegue de elementos por cada mil habitantes, con 1.04, después de un primer lugar ocupado por Quintana Roo que, de acuerdo con los investigadores, no se justifica.

“Cozumel (…) a septiembre del año pasado tenía una sobrerrepresentación de elementos que no correspondía absolutamente a nada ni en términos de necesidad ni de tamaño”, cuestionó Sánchez.

“No hay manera de evaluarlo (el despliegue) ni de ligarlo a una sola métrica de resultados (…) no se dice específicamente qué se busca lograr con los despliegues de la GN, en cuánto tiempo se buscaría obtener esos resultados, contra qué se le está comparando, contra qué se evalúa, de manera que podamos saber si la GN termina siendo un cuerpo que pueda ayudar a los cuerpos policiales locales o que persiga un objetivo específico”, agregó la analista.

Ni la Guardia Nacional ni la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal respondieron ayer a este medio las peticiones de opinión sobre lo difundido por Causa en Común.