Estado

Sin castigo corrupción en Gobierno corralista

Pese a que han llegado a remociones o renuncias, irregularidades están impunes

El Diario de Chihuahua

sábado, 24 agosto 2019 | 12:07

Tomada de Facebook

Chihuahua.- Los escándalos de corrupción de la administración actual no han sido castigados por autoridad alguna, pese a que han llevado a remociones y renuncias de funcionarios luego de acreditarse actos ilegales que van desde asignación de contratos millonarios irregulares hasta acoso sexual.

Pero además la denuncia sobre una casa en un fraccionamiento privado del fiscal César Augusto Peniche, inversión valuada en 20 millones de pesos, confirma que no hay una estrategia de combate efectivo a la corrupción en la administración estatal.

Hasta el cierre del primer semestre de este año no habían recibido sanciones de la Secretaría de la Función Pública, ni por parte de alguna otra instancia fiscalizadora, los secretarios y directores que han sido retirados de su cargo durante el gobierno de Javier Corral.

Según el Registro de Servidores Públicos Sancionados, han sido declarados responsables administrativos 25 exfuncionarios de Chihuahua, pero por expedientes que datan desde el año 2011 y todos por actos irregulares del sexenio pasado.

A los exfuncionarios estatales sancionados se les ha inhabilitado por uno, dos, cinco o hasta 10 años, pero ninguno corresponde a la administración estatal actual.

En el presente régimen, un secretario de Salud, un director de un organismo educativo y el rector de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, así como un coordinador de Comunicación Social y otro de Protección Civil, han salido por renuncias o remociones obligadas, pero sin enfrentar procesos penales o administrativos por las irregularidades en que han incurrido.

En otros casos, pese a reconocer irregularidades en el ejercicio de sus cargos, diversos funcionarios han sido sostenidos en sus puestos sin que existan procedimientos sancionatorios en contra ni investigaciones, como en el caso del fiscal Peniche, cuyos bienes millonarios generaron sospechas y denuncias por parte de opositores políticos. 

La residencia del fiscal Peniche 

Con un sueldo mensual de 94 mil 512 pesos, el fiscal César Augusto Peniche construye o amplía su casa en el exclusivo San Francisco Country Club, valuada en unos 20 millones de pesos, de acuerdo con la denuncia que hizo el dirigente municipal del PRI, Fermín Ordóñez Arana.

La vivienda, ubicada en la calle Paseo Real de Francisco de Cuéllar número 5922 en residencial San Francisco I Etapa, es para el fiscal una simple remodelación que le llevará tiempo y que realizará con un crédito de 5 millones de pesos pactados a 20 años con Banorte.

Pero los terrenos en el residencial fluctúan entre los 4 y los 8 millones de pesos, según la ubicación y su extensión.

En este caso es uno de 500 metros cuadrados con 450 metros de construcción, lo que según los registros inmobiliarios puede alcanzar un costo superior a los 10 millones de pesos en ese exclusivo mercado de la vivienda.

Si bien el dirigente priista no explicó de dónde obtuvo la estimación de los 20 millones de pesos de valuación de la obra de Peniche, tampoco el fiscal quiso precisar el costo de sólo 5 millones de pesos que asegura obtuvo mediante crédito a 20 años.

Incluso para pagar 5 millones de pesos, el fiscal debería tener el mismo ingreso de casi 100 mil pesos mensuales durante 5 años, en el supuesto de que lograra destinar el 100 por ciento de su salario y compensación a cubrir el crédito.

Para pagar el crédito a 20 años con los intereses correspondientes, Peniche tendría que garantizar la solvencia financiera y los ingresos que tiene en la actualidad como alto funcionario estatal.

Para el dirigente priista las sospechas de corrupción son graves, dado que el fiscal siempre ha laborado en instancias de seguridad.

Anteriormente fue delegado de la desaparecida Procuraduría General de la República en Chihuahua, con un sueldo poco más bajo del que tiene en la actualidad. Peniche ha sido director general adjunto de Seguimiento para la Creación de Coordinación Nacional de Medidas Cautelares de la Comisión Nacional de Seguridad hasta septiembre de 2016, delegado estatal de la PGR entre noviembre de 2010 y agosto de 2015, y coordinador del operativo de seguridad ‘Nuevo Michoacán’ de la PGR entre 2014 y 2015.

También ha sido director adjunto de Desarrollo Humano de la PGR y titular de la Unidad Especializada en Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda de la SEIDO, entre 2008 y 2009.

Sus ingresos oficiales con estos empleos han fluctuado entre los 80 mil y los 130 mil pesos mensuales, incluidas las compensaciones.

Según su declaración patrimonial publicada en el portal “3de3” posee –además de la residencia que construye– otras 13 propiedades, siendo éstas seis departamentos, cuatro terrenos y tres casas distribuidas en Chihuahua y en la Ciudad de México, cuyo valor catastral total es de 12.1 millones de pesos.

No obstante su valor comercial se estima en más de 40 millones de pesos.

La propiedad más cara es una casa ubicada en la alcaldía Coyoacán, que tiene un valor de 3.2 millones de pesos.

Además es propietario de cinco vehículos y tiene participación en tres fondos de inversión, todo lo cual ha logrado sólo con el sueldo como servidor público federal y estatal.

Derroche judicial... desde el Ejecutivo 

El 28 de junio de 2017 en Ciudad Juárez el gobernador Javier Corral participó en una reunión con jueces, magistrados e integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado, donde calificó a la Ciudad Judicial de Chihuahua como un “monumento a la corrupción” por el derroche de millones de pesos con que se construyó en el sexenio pasado.

“No puedo dejar de pensar en los espacios amplios, inútiles e innecesarios en que nació la Ciudad Judicial, qué contraste, miles de millones de pesos en ese edificio del Poder Judicial, que creemos sinceramente es una tarea que llama urgentemente al Consejo de la Judicatura para que se haga o hagan su propia justicia, porque es un monumento a la corrupción”, dijo el jefe del Ejecutivo.

A la fecha el “monumento a la corrupción” sigue de pie y desde ahí despacha el Consejo de la Judicatura del Estado, conformado por los magistrados Pablo Héctor González, Gabriel Ruiz y Roberto Siqueiros, así como por Luz Estela “Lucha” Castro, integrante designada por el Ejecutivo, y Joaquín Sotelo Mesta, integrante nombrado por el Legislativo.

Fue dicho consejo el que en un proceso de seis meses en el año 2018 designó a 56 jueces locales de las ramas penal, familiar, civil y de juzgados mixtos, y siete magistrados, por lo cual fueron removidos juzgadores que han ganado 11 amparos ante la justicia federal por la forma ilegal en que se trató de imponer jueces a modo.

Todo el proceso en sí se encuentra impugnado en los tribunales federales y recién acaban de admitirse amparos para su estudio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuestionan los excesos en que incurrió el Consejo de la Judicatura.

Pero además existe una denuncia que no ha avanzado en la Fiscalía de Combate Anticorrupción, encabezada por Gema Guadalupe Chávez Durán.

Ante dicha instancia el consejero Joaquín Sotelo Mesta denunció el pasado mes de abril que el procedimiento para selección de jueces fue alterado, no se siguieron los pasos establecidos en la convocatoria y se manipularon los resultados de las pruebas aplicadas a los aspirantes a jueces.

La acusación de Sotelo Mesta apuntaba a una manipulación del procedimiento por parte de su compañera consejera “Lucha” Castro y por tanto del Gobierno de Corral Jurado.

La titular de la Fiscalía Anticorrupción aún no ha determinado si procede o archiva la denuncia, pese a que ha realizado tres diligencias y ha solicitado en una decena de ocasiones información al Poder Judicial del Estado, cuyo presidente había asegurado que se le entregarían todos los elementos que requiriera la instancia investigadora con el fin de clarificar la situación denunciada por el consejero.

A un año del proceso de selección de jueces –que comienza a caerse en la justicia federal por violaciones diversas– y a cuatro meses de la denuncia formal, la Fiscalía Anticorrupción que técnica, política y operativamente depende del Ejecutivo, sigue sin determinar el ejercicio de la acción penal o el archivo del caso.

El secretario que se dejó llevar 

Pese a las evidencias de irregularidades acreditadas a Ernesto Ávila Valdez, exsecretario de Salud, jamás fue procesado.

El 20 de agosto de 2017 la Secretaría de Salud falló a favor de la empresa Centrum Promotora Internacional SA de CV para recibir equipos de laboratorio y análisis clínicos, dándole un contrato por 399 millones de pesos.

La empresa beneficiaria con recursos estatales de Chihuahua había sido denunciada en el año pasado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ante la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por posibles prácticas monopólicas, al simular rivalidad en las licitaciones en colusión con otras compañías.

Pese a ello, la autoridad de Salud estatal dio el contrato a Centrum dentro de la licitación que se había lanzado en el mes de julio previo, en la cual participaron formalmente cuatro proveedores: Dicipa, Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, Instrumentos y Equipos Falcón y Centrum Promotora Internacional.

El IMSS había denunciado a las dos últimas por prácticas ilegales en los concursos licitatorios, en el mercado de servicios integrales de estudios de laboratorio y bancos de sangre en marzo del año pasado.

Sus directivos, según la denuncia del IMSS, se coludían para fijar precios y reglas en común y salir favorecidos en las licitaciones.

El fallo de la licitación de los Servicios de Salud de Chihuahua se realizó en una segunda ronda, al ser descartados dos de los competidores, tras una comparación de costos resultó ganadora Centrum, con un contrato hasta por 399 millones 649 mil pesos, para la adquisición de un servicio integral de equipos y software de pruebas de laboratorio y análisis clínicos. Dicho contrato tiene vigencia hasta 2020.

La Función Pública Estatal determinó que la licitación se apegó a las reglas. Previamente, entre mayo y junio de 2017 los problemas de desabasto de medicamentos en hospitales estatales se generalizaron.

Por el mismo tiempo, una pequeña farmacia abrió en San Felipe, denominada Egro, a donde eran canalizados los derechohabientes del sistema estatal de Salud. Las sospechas por la intermediación de Egro comenzaron a surgir.

Se reforzaron cuando en agosto de 2017 la Secretaría de Salud dio formalmente un contrato hasta por 80 millones a Egro para el suministro de medicamentos.

En junio de 2018 la empresa Egro demandó a la Secretaría de Salud por incumplimiento de pago de más de 20 millones de pesos de medicamento. Hasta la fecha se encuentra en litigio este pago que Salud se niega a reconocer y saldar.

Antes, en abril de 2017, Ávila Valdez fue exhibido públicamente como beneficiario de bono por 102 mil pesos, autopagados en el mes de diciembre de 2017, a tres meses de su gestión como secretario de Salud.

En total Salud gastó en bonos especiales a personal de reciente ingreso 1.8 millones de pesos, entre una veintena de funcionarios.

Cuando fue cuestionado por el bono indebido, al utilizarse recursos de un fondo no diseñado para ese gasto y pagarse cuando apenas tenía tres meses en funciones, Ávila sólo dijo que “me dejé llevar”.

Días después, ante las críticas públicas, anunció que regresaría dicho bono. La Secretaría de la Función Pública anunció que iniciaría un procedimiento para sancionar a Ávila y a otros funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Salud por esos bonos, sin embargo, el expediente terminó archivado.

Ávila dejó su cargo por renuncia en agosto de 2018, luego de las denuncias de irregularidades y una crisis permanente en hospitales por las condiciones laborales de los empleados y el desabasto de medicamentos.

En enero de 2019 la entonces secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos, sin revelar los nombres dio a conocer que existía una investigación contra 17 funcionarios de la administración de Javier Corral Jurado.

La indagatoria acreditaba la adquisición irregular de 51 millones de pesos en medicamentos para el Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) durante 2017. Olmos Loya anunció también sanciones administrativas por la compra irregular de medicinas, al comprobarse malas prácticas y probable desvío de recursos en la firma de un crédito por 80 millones de pesos con la farmacéutica Egro en marzo de 2017, recursos de los que se ejercieron 51 millones de pesos.

La secretaria Olmos renunció el pasado 15 de marzo y hasta la fecha, de acuerdo con fuentes de la Función Pública, la investigación a la Secretaría de Salud por esos casos se mantiene vigente, sin resultados.

El negocio en Comunicación Social 

Luego de múltiples versiones sobre manejos irregulares en Comunicación Social, El Diario publicó el 10 de septiembre de 2018 los resultados de una investigación periodística que reveló la existencia y operación de una red de funcionarios vinculados a negocios privados, beneficiarios de contratos millonarios de la dependencia.

La red identificada estaba integrada por el entonces coordinador de Comunicación Social, Antonio Pinedo Cornejo, su pareja Abril Susana del Pilar Ruiz Licón, el jefe de ésta en la iniciativa privada, Efraín Alonso Maldonado Delgado, y Araly Cristina Paulina del Rocío Licón Atilano, hermana de la primera y en ese tiempo directora de administración de la dependencia.

La Coordinación de Comunicación Social (CCS) asignó sin licitaciones 4.9 millones de pesos en contratos a la empresa Xtreme Sports, propiedad de Maldonado Delgado y lugar en el que trabaja Susana Ruiz Licón.

Según la evidencia documental obtenida, Cristina Licón fue nombrada administradora de la Coordinación de Comunicación Social el 1 de enero de 2018. Y junto con ella comenzaron las asignaciones a la empresa Xtreme Sports, propiedad de su pareja, Maldonado Delgado, y donde laboraba su hermana, novia de Pinedo. La empresa beneficiaria además había sido creada en octubre de 2002, con un giro fiscal de “compra, venta, arrendamiento, producción, distribución y otras, de paredes escaladoras y cualquier otro producto o actividad semejante destinado a la diversión humana y en general para todo tipo de eventos y fiestas privadas”, según el acta constitutiva.

Fue hasta octubre de 2016 que la empresa agregó a su giro los negocios con el Gobierno, mediante la compra, venta, arrendamiento de equipo de audio y video.

A dicha empresa se le contrató para hacer el video del primer informe de Javier Corral, por 800 mil 779 pesos.

Luego se le asignaron 4 millones 175 mil pesos para la producción mensual de contenidos publicitarios.

Además de Xtreme Sports fueron vinculadas otras dos empresas del mismo propietario, Malcomsat SA de CV y Upcon SA de CV, con participación en procesos de licitación en el Gobierno del Estado e incluso con la representación formal de Licón Atilano antes de ser funcionaria de Comunicación Social.

A raíz de esto la Secretaría de la Función Pública abrió una investigación, según lo confirmó la entonces titular Rocío Stefany Olmos, el 28 de septiembre de 2018.

Sin embargo la dependencia negó tener información sobre la auditoría practicada al área que encabezaba Pinedo, quien dejó su cargo el 15 de diciembre de 2018, sin enfrentar un proceso formal en su contra.

El manejo irregular del gasto en Comunicación Social fue recurrente con Pinedo, pues dicha instancia comprometió hasta el año pasado 235.5 millones de pesos en contratos sin licitar, para publicidad oficial, producción de contenidos, distribución e impresión del semanario Cambio 16, que terminó por dejar de editarse por parte de Gobierno del Estado.

Desde el inicio de la administración de Corral Jurado hasta la salida de Pinedo, la dependencia firmó cientos de contratos con 110 proveedores por medio de la modalidad de adjudicación directa por montos que, en su mayoría, rebasan lo estipulado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua.

Según datos contenidos en el portal de transparencia en publicidad oficial de Gobierno del Estado, de los 235 millones 537 mil 669 pesos se desprendió el mayor gasto por publicidad oficial en la categoría de radio, con contratos que acumulan montos de hasta 93 millones 887 mil 776 pesos.

El gasto que el Gobierno se comprometió a pagar por la categoría de publicidad en televisión fue de los más grandes, con 65 millones 208 mil 906 pesos.

Diez fueron los proveedores que prestaron sus espacios para la transmisión de spots gubernamentales, cinco se sobrepasaron los montos establecidos en la Ley de Adquisiciones. Sin embargo, la CCS les otorgó contratos de forma directa.

Canal 28, por medio de su razón social Unidad Corporativa de Televisión, S.A. de C.V. –la cual no cuenta con alguna concesión comercial otorgada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel)–, ha firmado contratos que acumulan hasta la fecha 21 millones 431 mil 970 pesos.

Una de las empresas registradas de la televisora local, constituida con el nombre Sistema Regional de Televisión, posee un permiso de concesión de uso social otorgado por el Ifetel que le permite transmitir material cultural y educativo.

Sin embargo, la Ley Federal de Telecomunicaciones dicta que las empresas con ese tipo de concesión no pueden obtener lucro dentro de sus actividades.

No obstante, de todos los proveedores que han prestado sus servicios a la CCS, Canal 28 encabeza la tabla de beneficios.

El manejo irregular de la dependencia se mantiene hasta la fecha con las mismas directrices que heredó Pinedo a su sucesora, María José Valles.

Viajes y derroches en Cultura 

Uno de los primeros escándalos de la administración de Corral fue el gasto elevado de la subsecretaria de Cultura, Austria Galindo, quien en un viaje a Nueva York junto con otros funcionarios de la dependencia gastó más de 320 mil pesos. Según los registros periodísticos de enero de 2017, la subsecretaria y sus allegados cargaron al erario los boletos de avión, noches de hotel y comidas en restaurantes de lujo.

Dicho gasto fue días antes del 19 de enero, cuando Javier Corral anunció un decreto de austeridad de supuesta observancia obligatoria para todos los funcionarios de su administración, en el que entre otras cosas se limitaban excesos como los viajes internacionales.

La subsecretaria de Cultura gastó en su cuenta 140 mil 962 pesos en viáticos en el año 2017; para 2018 y luego del escándalo por los excesos en Nueva York, sólo facturó 45 mil 540 pesos y para lo que lleva de 2019 únicamente ha erogado 22 mil 300 pesos. Durante 2017 la apenas creada Secretaría de Cultura gastó un millón 263 mil 476 pesos en viajes nacionales e internacionales realizados por sus funcionarios.

En total en lo que va del gobierno, funcionarios de la Secretaría de la Cultura han erogado más de 3 millones de pesos en viajes dentro y fuera del país, gastos que han ido en incremento trimestre con trimestre, de acuerdo con los datos oficiales obtenidos del portal de Transparencia del Estado.

La titular del ramo, María Concepción Landa, viajó en una de las ocasiones, en marzo de este año, a las ciudades de París y Madrid, donde radican dos de sus hijas, durante la comisión oficial que efectuó para asistir a la Feria del Libro en Londres, Inglaterra. Por dicho viaje la funcionaria aceptó que tomó unos días extra a la comisión oficial, pero aseguró que no utilizó recursos públicos para sus asuntos familiares. En el 2017 Landa gastó en viáticos 164 mil 586 pesos.

En el año siguiente facturó con cargo al Estado 120 mil 517 pesos y en lo que va de 2019 su gasto en comisiones es de 64 mil 899 pesos, de acuerdo con las áreas de transparencia estatales.

Dos casos de acoso sexual en áreas educativas 

En el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa y la Universidad Tecnológica de Chihuahua se han presentado casos de titulares con denuncias de acoso sexual.

En el caso del Ichife, el exdirector, Rodolfo Bermejo Rodríguez, fue denunciado formalmente desde julio de 2017 por empleadas a las que presuntamente hostigaba. La Función Pública abrió una investigación, mientras que las afectadas procedieron también mediante queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, instancia que consideró válida la denuncia de las empleadas y recomendó tomar acciones al entonces secretario de Educación, Pablo Cuarón Galindo, quien siempre se negó a remover la funcionario.

La defensa de Bermejo siempre fue que se trataba de exempleadas resentidas, sin embargo la CEDH determinó que incluso se alteraron evidencias de la dependencia para desacreditar a las acusadoras.

Fue hasta enero de 2019 cuando Bermejo fue cesado por determinación de la Función Pública, determinación que impugnó en la justicia federal que hasta la fecha no ha resuelto.

Sin embargo por la vía penal no hubo acción alguna por parte de las autoridades estatales a cargo de la investigación.

En el caso de Heriberto Flores, exrector de la UTCH, renunció el 25 de octubre del año 2018, luego de más de un año de acusaciones.

A finales de 2017 enfrentó señalamientos de desvío de recursos y también por acoso sexual y comentarios inapropiados hacia las estudiantes universitarias.

Siempre negó que hubiera incurrido en irregularidades, pero la Secretaría de la Función Pública lo suspendió de sus funciones temporalmente para investigarlo, luego lo restituyó en su cargo y tras meses de presiones terminó por renunciar voluntariamente, sin que enfrentara procedimiento en contra por todos los señalamientos recibidos.  

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