PUBLICIDAD

Estado

Afuera del penal

Sería exfiscal un peligro para las víctimas: jueza

Dicta prisión preventiva de un año a Francisco G. A., acusado de tortura, y seguirá en el Cereso; audiencia de vinculación será mañana

Orlando Chávez / El Diario de Chihuahua

viernes, 25 noviembre 2022 | 06:00

El Diario | La audiencia de formulación de cargos duró alrededor de 27 horas en dos días, martes y miércoles El Diario | El inculpado

PUBLICIDAD

Chihuahua.– Pese a que la defensa del exfiscal de Derechos Humanos Francisco G. A., quien enfrenta una denuncia por el delito de tortura, intentó que el inculpado no permaneciera en prisión, la jueza Hortensia García consideró que dejarlo fuera del penal sí podía generar una “situación de riesgo” para las víctimas.

Esto, debido a que existe la posibilidad de que el acusado mantenga relación con personal de la Fiscalía General del Estado.

PUBLICIDAD

Durante la audiencia de formulación de cargos, la cual duró alrededor de 27 horas en dos días –martes y miércoles–, el mismo imputado hizo uso de la palabra para intentar evadir la medida cautelar de prisión preventiva al argumentar que no puede estar recluido en una cárcel de alta seguridad. “Ahora he vivido lo que es estar en un reclusorio… lo he vivido tres días”, dijo. 

Otro de los planteamientos de la defensa fue solicitar que en la audiencia de vinculación a proceso estén las seis víctimas de identidad reservada para ser interrogadas, para lo que se dispondrá de una sala especial desde la cual responderán las preguntas de ambas partes.

Aunque todos los alegatos vertidos por la defensa de Francisco G. A. fueron en el sentido de que él no representa un riesgo para las presuntas víctimas, además de que puso a disposición su pasaporte y visa, así como un domicilio en donde podría quedar recluido, la juzgadora determinó que existía un temor fundado por parte de los ofendidos, por lo que decidió mantenerlo recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Aquiles Serdán. 

A lo largo de la maratónica audiencia fueron realizadas diversas expresiones por las dos partes; la mesa de la Fiscalía destacó las declaraciones de presuntas víctimas de tortura, en las que narraron los actos de presión a los que habrían sido sometidas para que aceptaran ser testigos claves en los procesos en contra de exfuncionarios de la administración del sexenio de César Duarte.

Una de las declaraciones que fueron leídas por la agente del Ministerio Público fue la realizada por la víctima de identidad reservada DFJ5/2021, quien manifestó: “duré trabajando para el Gobierno del Estado durante cinco años y ocho meses… estuvo en el área administrativa de la Secretaría de Hacienda hasta que nuestro jefe, el secretario Jaime Herrera, nos pidió a todos la renuncia a los que éramos jefes de departamentos, coordinadores y directores, que porque había nueva administración y tenía que entregar esos puestos”.

“En marzo del 2017 íbamos a la Ciudad de México acompañando a mi jefe… estando en la fila tres personas nos piden nuestras identificaciones, arrestaron a mi jefe y se lo llevaron en una camioneta, sin que nos dijeran por qué. Me enteré por los medios que estaban arrestando a todos los exfuncionarios… tramité un amparo y la dije a la Fiscalía que no tenía nada que ver, pero fue cuando una unidad empezó a rondar mi casa en la ciudad de Chihuahua; día y noche ponían plantón”, dijo.

Expresó que tuvo su primer acercamiento en abril, cuando se le indicó que fuera a la Fiscalía Zona Centro, en donde conoció al imputado. “Me metieron a una sala y me comenzaron a grabar, me empezaron a cuestionar de mi trabajo, me gritaban y se reían de mí porque llevaba un amparo, pero me decían que no me servía de nada, que si ellos querían me podían detener a mí y a toda mi familia; fue hasta a las 23 horas que me dejaron ir, pero me dijeron que me buscarían y que no hablara con nadie”.

Detalló que luego de esa reunión las llamadas a distintas horas y las reuniones fueron constantes. “Diciéndome que pasarían por mí agentes ministeriales; llegaron tres agentes por mí y me llevaron a la Casa de Gobierno”, apuntó.

Expresó que una vez en la Casa lo dejaban en una sala por horas y le gritaban si lo que les decía no los convencía. “Terminaba firmando lo que me decían, mas no lo que era la verdad, nunca en presencia de un abogado… en todo momento me intimidaron; me dejaban más de 14 horas encerrado, incomunicado, sin celular, sin agua, esto ocurría todos los días por tres o cuatro meses... actualmente me siguen molestando”, dijo en una declaración de julio del 2021.

Las declaraciones de las demás víctimas fueron en el mismo sentido, ya que narraron la manera en la que habrían sido presionadas de manera sistemática por meses. 

La defensa solicitó que el sábado acudan las personas que han declarado haber sufrido lo que se ha señalado como tortura, pero con la identidad reservada.

Durante la noche del miércoles, una vez concluidas las lecturas de las declaraciones, la jueza Hortensia García abrió el debate para establecer las medidas cautelares y fue cuando el imputado asumió su defensa para señalar los motivos por los cuales no debería estar en prisión.

“Lo que hay detrás de la prisión preventiva es un castigo anticipado, el castigo corporal implica la reclusión en el centro penitenciario, ya se me ha señalado en el medio mediático como responsable cuando no lo soy, es un camino que apenas está iniciando”, dijo.

Apuntó que el argumento de que podría actuar en contra de personas carece de la precisión de que se señale quiénes serían.

“Mis actividades son académicas, no tengo acceso a una posición de poder, no tengo un arma, no tengo elementos peligrosos”, expresó.

Apuntó que una muestra de su labor como docente es que son sus exalumnos quienes llevan su defensa. “No hay ningún dato objetivo… estos hechos fueron en el 2018”; añadió que no se logró establecer que entre el 2018 a la fecha haya tratado de influir.

El inculpado mencionó que es imposible que él, como particular, pueda actuar contra una corporación que ha mostrado su poder, como al momento de su detención. “Es imposible que mi persona pueda influir en servidores públicos. Es un hecho, su Señoría, que yo no he regresado a la Fiscalía… no existe ningún (registro) de que yo haya estado ahí”, mencionó.

“A pesar de que sabíamos que había una investigación nunca hemos tratado de influir… no hay el riesgo que señala la Fiscalía”, expresó. 

Mencionó, además, que “corre riesgo mi persona en aquel lugar (Cereso), por mi labor en la Fiscalía... sería un castigo anticipado” y enfatizó que el delito no está probado. 

Una vez que se escucharon los planteamientos, la jueza mencionó que la medida cautelar de prisión se aplica para evitar riesgos. “Trabajó por más de 15 años en la Fiscalía General del Estado… deja ver que en 15 años de una corporación dejan amigos, conocidos o personas afines que aún trabajan en la dependencia… lo que se trata de evitar con las medidas cautelares son riesgo y no para sancionar hechos consumados”, manifestó.

Añadió que el mismo imputado expresó que fue superior de varias personas en la Fiscalía, lo que significa la posibilidad de poder generar una influencia. “Incluso hace inferir que puede intimidar a las víctimas”, apuntó.

Recalcó que esto no significa que se le esté señalando como responsable de estos supuestos. Concluyó que el imputado está acusado del delito de tortura, lo que se toma en cuenta para aplicar las medidas cautelares. 

PUBLICIDAD

ENLACES PATROCINADOS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

close
search