A Comunicación Social del Gobierno de Corral

Señala Auditoría anomalías por $44 millones

Turnan a Fiscalía Anticorrupción investigación contra Pinedo y su red de compras

De la Redacción/
El Diario
viernes, 22 noviembre 2019 | 06:00
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Chihuahua— La revisión de la Auditoría Superior del Estado (ASE) a la Coordinación de Comunicación Social de la administración actual arrojó irregularidades por casi 44 millones de pesos.

La ASE dio vista a la Fiscalía Especial en Combate a la Corrupción para investigar los contratos realizados en 2018 por poco más de 9 millones de pesos entre la Coordinación de Comunicación Social, y las empresas Xtreme Sports y Malcomsat, al encontrar posible conflicto de interés. 

Esto debido a que el entonces titular, Antonio Pinedo Cornejo, tenía como directora administrativa a Araly Cristina Paulina del Rocío Licón Atilano, familiar de su pareja sentimental Abril Susana del Pilar Ruiz Licón, esta última empleada de las empresas contratadas. De esas empresas es socio Alonso Maldonado Delgado, pareja de la entonces directora administrativa de Comunicación Social. 

Esa red de compras las reveló El Diario el año pasado y parte de esa situación se encuentra en investigación con mayor profundidad en la propia Auditoría y en la Fiscalía Especializada. 

El documento de la revisión a las finanzas de esa dependencia, del que tiene copia El Diario, también establece que hubo manipulación en hacer estudios de mercado con las empresas de Maldonado para adquirir equipo de audio y video. 

Por otro parte, se detalla que el Gobierno pagó indebidamente 1.7 millones de pesos de manera anticipada a Canal 28 sin tener una orden de compra, así como el gasto de 33 millones sin autorización del Comité de Seguimiento para la contratación de asesorías o servicios profesionales a Multimedios por 5.6 millones, Promotora Radio de Chihuahua por 5.3, Nueva Era Radio de Ciudad Juárez por 3.7, Radio Impulsora XEES con 2.4, Radio Lobo por 2.7, Promotora de la Frontera Norte con 5.1 y Canal 28 por 8.2 millones de pesos.

En suma las irregularidades señaladas alcanzan 43.7 millones de pesos, sin ser todas de las misma índole.


Conflicto de interés y manipulación de estudios

La Coordinación de Comunicación Social ejerció 200 millones de presupuesto el año pasado, de los cuales la ASE revisó 117 millones. De esa cantidad, poco más de 9 millones tienen que ver con la llamada “red” que tenía Pinedo en esa dependencia estatal; él dejó el cargo en diciembre del 2018. 

Ahí están involucradas las empresas Xtreme Sports S. de R.L. de C.V., MalcomSat S.A. de C.V. y Upcon, S.A. de C.V. En las primeras dos aparece como socio Efraín Alonzo Maldonado Delgado y Abril Susana del Pilar Ruiz Licón, pareja de Pinedo, en calidad de apoderada legal en las tres.

Los contratos con observaciones son el SH/ADE/006/H/2018 por un importe de 4 millones 175 mil 996 pesos para “Servicios profesionales de la producción, postproducción de contenidos mensuales para redes sociales y televisión en HD”, y el SH/ADE/001/2018 por 800 mil 779 pesos por “Servicios profesionales de producción, postproducción y edición del video del Primer Informe de Gobierno”, ambos otorgados mediante adjudicación directa.

Los contratos están firmados por la entonces directora administrativa de la Coordinación de Comunicación Social, Araly Cristina Paulina del Rocío Licón Atilano, pareja de Maldonado Delgado.

En este sentido, a los auditores les llamó la atención que la funcionaria y la apoderada legal tuvieran el mismo apellido “Licón”, y al revisar el “Acta Testamentaria”, de la primera, observaron que nombra como beneficiaria del 100 por ciento de su seguro de vida a la segunda. 

Asimismo la ASE señala como sospecha que Xtreme Sports se constituyó el 23 de septiembre de 2002 bajo el objeto de “compra, venta, arrendamiento, fabricación, distribución, mantenimiento, reparación y comercialización, por si o a través de terceras personas de paredes escaladoras y en general cualquier otro producto o actividad que implique diversión”, y para el 12 de octubre de 2016, una vez que llegó Javier Corral como gobernador y designó a Pinedo como encargado de Comunicación, la empresa agregó a su objeto social los términos de “equipo de audio, video y transmisión”.

Aparte de esos contratos, la revisión de cuenta pública desprende que la dependencia compró 4.7 millones de pesos en equipamiento de audio y video a Upcon y MalcomSat. La observación principal es sobre el pago de 3.9 millones a Upcon por una pantalla Led para exterior, y la persona que presentó documentos para que Gobierno beneficiara a esa empresa es Susana Ruiz Licón, pareja de Pinedo y subordinada de Maldonado.

Mientras que esas empresas sirvieron para posiblemente manipular estudios de mercado para comprarle a MalcomSat más de 400 mil pesos en equipo de cómputo, es decir, que se utilizaron los mismos entes privados. 

Por ejemplo, para la compra de una cámara se realizó el estudio de mercado desde Comunicación Social con las empresas TK Soluciones en Sistemas, Xtreme Sports S. de R.L. de C.V., y Malcomsat S.A. de C.V., y la primera no se encuentra siquiera como proveedora de Gobierno. 

Al respecto los auditores presumen la posible comisión de faltas administrativas y conductas tipificadas como delitos por parte de servidores públicos y particulares, y por ello se dio vista a la autoridad. 


Contratos a medios sin austeridad; Canal 28 a la cabeza

Otra de las observaciones de la ASE a Comunicación es por no cumplir con el Decreto de Austeridad, que indica que la contratación de servicios debe ser con el aval del Comité de Seguimiento, y sin tenerlo, la dependencia pagó 33 millones de pesos a varios medios de comunicación.

Éstos son Multimedios por 5.6 millones, Promotora Radio de Chihuahua por 5.3, Nueva Era Radio de Ciudad Juárez por 3.7, Radio Impulsora XEES con 2.4, Radio Lobo por 2.7, Promotora de la Frontera Norte con 5.1 y Canal 28 por 8.2 millones de pesos.

En su respuesta, la dependencia acepta no haber solicitado oficio de autorización del Comité de Seguimiento, y justifica que si tenía aprobación desde la Secretaría de Hacienda, sin embargo para los auditores eso no aclara la situación. 

En el caso del Canal 28, identificado como Unidad Corporativa de Televisión S.A. de C.V., se tiene el contrato SH/ADE/006/K/2018 por “Servicios de Teledifusión”, por un importe mínimo de 3.4 millones y un máximo de 8.5, sin licitación alguna, y la observación radica en que se le dio un anticipo de un millón 700 mil pesos sin presentar factura para amparar el pago. 

En una situación similar está ese mismo medio con el contrato SH/ADE/006/K/2018, en el que se le pagaron 13 facturas por un millón 922 mil pesos.

Sin embargo, se desprende que se prestó el servicio sin que mediara orden de publicidad previa a la prestación del servicio, es decir, la descripción del servicio prestado según facturas, es de fecha anterior a las órdenes de publicidad.


Cambio 16 también en la mira y el dron que no aparece

En el caso de la impresión de Cambio 16, el medio oficial del Gobierno que actualmente sólo está en versión digital, la prestación del servicio se tuvo con Impresora y Editorial S.A de C.V., al que se le observó un pago improcedente por un millón 142 mil pesos también por pago anticipado sin justificar. 

La observación se encuentra en el análisis de la cuenta pública de comunicación Social del gasto 2018, en el que aparece una peculiaridad más: se compró un dron por 31 mil pesos a MalcomSat pero no existe evidencia documental de su existencia. 

La justificación de la dependencia es que el aparato, resguardado por el funcionario Enrique Lomas Urista, tuvo un desperfecto y se le regresó al proveedor, aunque acepta que no hay prueba documental de esa situación. 

El 24 de junio de éste 2019, establece Comunicación Social, el dron fue devuelto pero faltó el cargador, y no se pudo hacer reclamo o solicitar la reposición del mismo. 

“Internamente, se tomó la decisión de que el dron se resguarde físicamente en la oficina administrativa de esta Coordinación de Comunicación Social, en lo que se adquiere un cargador compatible con el dron y se designa el usuario final”, respondió la dependencia. 

No obstante, para la Auditoría, no existe evidencia oficial ni formal de la existencia de ese producto.