Secretaria del Bienestar y delegado, ante juez por desacato

Burócrata podría enfrentar de 3 a 9 años de prisión

Carlos González
El Diario
viernes, 09 agosto 2019 | 06:00
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Chihuahua— Por desacato, la secretaria del Bienestar María Luisa Albores y el delegado de programas sociales, Juan Carlos Loera, tendrán que enfrentar a la justicia, luego de que se otorgaran 170 suspensiones definitivas en contra de la cancelación de recursos para estancias infantiles y que los funcionarios del Gobierno federal desestimaron al seguir con la medida de entregar el recurso directamente a las familias y no a los centros de cuidado.

El abogado de la Asociación del Frente por la Niñez, Carlos Vargas, detalló que el caso fue retomado directamente por los jueces del Poder Judicial de la Federación, al observar que su sentencia no fue cumplida por la Secretaría del Bienestar.

El próximo 20 de agosto a las 9:00 de la mañana se llevará a cabo la audiencia en la sede del Poder Judicial de la Federación en Chihuahua y de seguir el proceso, María Luisa Albores podría alcanzar una pena de 3 a 9 años de prisión.

Indicó que la justificación ante los medios de comunicación fueron los registros fantasma de miles de niños, sin embargo, consideró que es mentira, pues en los juzgados aducen sólo a la falta de personal y recursos para acatar las suspensiones, al haber despedido al 70% de la plantilla laboral.

Vargas reiteró que la denuncia no es interpuesta por abogados del Frente por la Niñez, ni por diputados o senadores, sino por los propios jueces del Poder Judicial para que se respeten las resoluciones y la interdependencia que existe entre los tres poderes.

Detalló que el Frente ya solicitó tener intervención en el proceso y se determinó que a las estancias infantiles también le corresponde el carácter de víctima, sin importar que la denuncia haya sido hecha por un juez de distrito.

De no presentarse a la audiencia el próximo 20 de agosto, puede tomarse como un antecedente para liberar una orden de aprehensión en un futuro, explicó el abogado.

“Hay que destacar la intervención del Poder Judicial, quien tiene que actuar y denunciar al poder ejecutivo a través de la Secretaría del Bienestar, para poder hacer respetar sus resoluciones”, finalizó.