Secretaría de Salud, enferma con Corral

Deudas y corrupción la tienen al borde del colapso

Miguel Chavarría
El Diario
sábado, 13 abril 2019 | 06:00
Gabriel Cardona / El Diario de Juárez

Chihuahua— Acusaciones de mafias farmacéuticas, deudas millonarias, adjudicaciones directas y una demanda en contra del Gobierno del Estado ha dejado a la Secretaría de Salud frente asuntos sin resolver con las empresas Egro y Centrum.

Cuando el médico militar Ernesto Ávila Valdez fue nombrado titular de la Secretaría de Salud de Chihuahua (SS) había una deuda heredada por la administración de César Duarte (2010-2016) que había puesto en jaque el presupuesto para el abastecimiento de medicamentos en el estado.

Ante la urgencia de abastecer el cuadro de medicamentos, la SS informó que el Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), había efectuado la contratación de servicios farmacéuticos de la empresa Egro Servicios de México, S. A de C. V. en 2017.

La contratación se había hecho por medio de la modalidad de adjudicación directa por un monto de 80 millones de pesos para la compra de 600 claves de medicamento a sobreprecio, de acuerdo con los lineamientos de la Federación para la compra de medicinas.

Pese a que Ernesto Ávila Valdez justificó esta contratación directa de medicamentos a sobreprecio para mitigar a corto plazo el insumo de medicamentos en hospitales, protestas por la falta de abasto de medicinas en clínicas fueron constantes durante la administración del funcionario.

Por ejemplo, Ichisal acordó con Egro un pago de 315 pesos por cada 20 comprimidos de diazepam (nombre comercial valium), de 10 miligramos cada uno. Los lineamientos de la Federación del año pasado tienen la misma sustancia y presentación en una referencia de 5.81 pesos.

Las deudas de la SS se habían acrecentado con varios proveedores de insumos de la salud. Por falta de liquidación de pagos de 2016 y 2017, Egro habían alcanzado los 20 millones de pesos por el contrato de los 80 millones de línea de crédito que firmó con el Ichisal en 2017.

Ante el retraso de pagos de la deuda, Egro presentó una demanda en junio de 2018 en contra del Gobierno del Estado.

El abogado de la empresa farmacéutica, José Miller, declaró que Egro estaba “prácticamente” en quiebra, “al grado que los socios han tenido que colocar sus bienes personales como garantía con sus proveedores para tratar de no perder sus líneas de crédito".

Un día después de la demanda, Ávila ratificó una demanda de amparo para evitar su detención por la entonces llamada Procuraduría General de la República (PGR).

El gobernador del estado, Javier Corral Jurado, aclaró que el amparo de su secretario de salud fue parte una estrategia legal para protegerlo de una posible acción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su contra, por presuntamente no pagar impuestos.

Para mitigar los adeudos con sus proveedores, primordialmente los que sostenía con Egro, la Secretaría de Hacienda contrató un crédito a corto plazo por 900 millones de pesos.

Ernesto Ávila declaró que se le pagaría a la empresa, pero primero le tendrían que aplicar multas a Egro por presuntamente incumplir con parte de sus contratos.

Pese a estas declaraciones hechas antes de la destitución de Ernesto Ávila de su cargo como titular de la SS, el 30 de agosto de 2018, la empresa farmacéutica señaló en noviembre pasado que no ha sido notificada de dichas sanciones.

La demanda había trascendido. Fue ahí cuando Pensiones Civiles del Estado (PCE) liquidó a Egro la cantidad de 2.4 millones de pesos.

Sergio Miller destacó que con esta liquidación se dio por concluido el juicio en contra de PCE, mientras que aún se mantienen los procesos en contra de la SS y el Ichisal.

Las cuentas pendientes por pagar a Egro son ahora de 18 millones 162 mil 762 pesos.

Por las irregularidades que se presentaron durante la adjudicación directa de compra de medicamentos con Egro, la Secretaría de la Función Pública del estado (SFP) comenzó una investigación en contra de servidores públicos.

“La investigación ya terminó, lo que está abierto del proceso es el tema de las sanciones”, señaló Stefany Olmos a inicios de año, cuando aún era titular de la SFP estatal. La dependencia confirmó que habrán sanciones administrativas para 17 funcionarios.


Caso Centrum

La Secretaría de Salud del Estado (SS) también fue cuestionada por el contrato que firmó con la empresa Centrum Promotora Internacional.

El convenio fue por casi 400 millones de pesos por la contratación de servicios integrales de pruebas de laboratorio clínico para cubrir necesidades de los hospitales a cargo de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH) y del Instituto Chihuahuense de Salud (Ichisal).

Sin embargo, varias irregularidades fueron señaladas durante el proceso de licitación pública en 2017. La empresa Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, presentó una inconformidad por los resultados del fallo de la convocatoria del Gobierno chihuahuense.

Otra de las irregularidades detectadas con Centrum fue que en su domicilio figuraba la misma dirección que ocupó la casa de campaña de Javier Corral cuando buscó la gubernatura en 2004. La empresa explicó que no existía relación con la campaña política.

Esta empresa fue señalada en marzo del 2016 por el periódico Excélsior, el cual difundió que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) revisó la presunta colusión de empresarios para ganar una licitación del IMSS. La conversación fue exhibida en audios por internet.

Al respecto, la Secretaría de Salud de Chihuahua explicó que no se detectaron irregularidades en la empresa que le prohibiera competir en la licitación.

“La licitación pública LA 019GYR988-T3-2015 representa la adjudicación de un contrato de tres años por diez mil 500 millones de pesos en servicios integrales de laboratorio clínico… de acuerdo con información de una columna periodística, Grupo Falcón está coludido con Centrum Promotora Internacional, Dicipa, Impromed, Hernoser, para imponer condiciones de precio al resto del mercado y repartirse las regiones que cubre la licitación”, expuso el rotativo Excélsior.

Según los audios a los que tuvieron acceso, el director general de Instrumentos y Equipos Falcon, Alejandro Bolín, y Valentín Campos, de Centrum, recuerdan el reparto de dichas zonas para beneficio del pacto del que son parte.