Estado

Se rehúsa gobernador a hablar del caso

Ante los avances en el caso de la restitución de Jorge Ramírez Alvídrez

Eduardo Lara
El Diario de Juárez

martes, 04 mayo 2021 | 06:00

Ciudad Juárez— Ante los avances en el caso de la restitución de Jorge Ramírez Alvídrez como magistrado, el gobernador Javier Corral aseguró desconocer los detalles sobre el estatus actual de las investigaciones, indicando que será la Fiscalía General del Estado (FGE) la instancia encargada de informar sobre los pormenores de dicho expediente.

Durante su visita a Ciudad Juárez se cuestionó al gobernador sobre la actuación de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por el impedimento en la restitución de Jorge Ramírez, a pesar de que a principios de abril entró en vigor un amparo definitivo a favor del magistrado, con el cual se ordenaba el retorno a la Primera Sala Penal.

Sin embargo, el pasado 25 de abril el Pleno del TSJ aprobó con 18 votos a favor la no restitución de Jorge Ramírez Alvídrez como magistrado de la primera sala penal. El motivo fue que no podían cumplir con el pago de sueldos caídos desde que fue suspendido.

Por otra parte, fue el lunes 3 de mayo cuando el Juzgado Octavo de Distrito emitió una resolución en donde se obligaba a las autoridades responsables a realizar el pago al quejoso de su salario respectivo en un plazo de 24 horas, con la intención de cumplir con la suspensión que se le otorgó al accionante.

“La Fiscalía puede dar el estatus actual, lo que sé es que la Consejería Jurídica de Chihuahua, como la FGE, han promovido recursos por la actuación de este juez que ha restituido al magistrado, pero no sé ahora mismo en qué etapa está el proceso, si es que está más en el ámbito del Poder Judicial que nuestro; es cuestión de investigarlo e informarlo a través de la Fiscalía, daré indicaciones al fiscal César Peniche para que haga llegar la respuesta puntual sobre este tema”, afirmó Corral Jurado.

De acuerdo con la resolución interlocutoria relativa al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva, se indica que el 25 de septiembre de 2020 Jorge Abraham Ramírez Alvídrez promovió una demanda de amparo contra las autoridades responsables por la suspensión del pago de sus haberes como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua.

De igual forma, el quejoso solicitó la suspensión del acto reclamado para el efecto de que se le realice el pago salarial y se le siga proporcionando tanto a él como a sus beneficiarios el servicio médico asistencial que se les venía prestando por Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.

Luego mediante resolución interlocutoria del 15 de octubre del 2020, se negó la suspensión definitiva solicitada por el quejoso contra los actos reclamados a las autoridades responsables. Por lo cual el disconforme promovió un recurso de revisión, el que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, el cual radicó bajo el número 346/2020.

Posteriormente, el 16 de abril del 2021, se tuvo a la parte quejosa denunciando el defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva que se le otorgó, pues indicó que las autoridades responsables habían incumplido de manera total lo ordenado en la suspensión definitiva, toda vez que a la fecha de la queja no se le habían entregado las percepciones del cargo de magistrado.

Según se aprecia en el resolutivo emitido por la jueza octava de Distrito en el estado de Chihuahua, Adriana del Carmen Martínez, la decisión se hizo del conocimiento del TSJ, el Consejo de la Judicatura Estatal y Dirección General de Administración del TSJ.

Lo anterior para que en el término de 24 horas cumplieran con la suspensión que se le otorgó al accionante y, de manera inmediata, efectúen las gestiones para que se realice el pago al quejoso del salario respectivo que se le ha omitido entregar como magistrado del Poder Judicial del Estado, y se continúe pagándole sus haberes, hasta en tanto se notifique a dichas autoridades la sentencia que se emita en el juicio principal. 

Además, se establece que en el caso de no dar cumplimiento a lo ordenado, dichas instancias serán denunciadas ante el Ministerio Público de la Federación, por el desacato a la concesión de la medida cautelar otorgada, acorde con lo dispuesto en el artículo 209 de la Ley de Amparo.

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