Estado

Expedientes X

Se cae otra acusación corralista

Juez no vincula a proceso a exfuncionarios ligados a Duarte por supuesto desvío de recursos de la JMAS a campañas del PRI

Miguel Vargas
El Diario de Juárez

martes, 28 septiembre 2021 | 06:00

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez | Instalaciones de uno de los centros de atención de la descentralizada

Ciudad Juárez— En prolongada audiencia penal, un juez dispuso ayer que ninguno de los acusados vinculados al exgobernador César Duarte fueran vinculados a proceso penal en relación a un supuesto peculado por desvío de recursos a campañas políticas del PRI. 

Los imputados son 12 exfuncionarios de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) y del Comité Municipal de dicho partido político identificados como ‘duartistas’.

La Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, a cargo de Gema Chávez, les abrió investigación en 2017 por el delito de peculado que presuntamente habían cometido en 2015 y 2016, mediante descuentos vía nómina a 237 empleados de confianza de la JMAS a razón del 5 por ciento de su sueldo y que se habrían destinado a las campañas políticas.

El caso formó parte de los llamados expedientes X abiertos en la pasada administración estatal encabezada por Javier Corral y entre los principales acusados figuraron Carlos Bernardo S. S. y Antonio A. R., ex presidentes de la JMAS, así como, Salvador D.T., quien presidió la Junta de Administración de la JMAS, en los años antes mencionados.

La audiencia fue presidida por el juez Antonio Cos Araujo, quien analizó la postura del Ministerio Público y de la defensa particular de los exfuncionarios de la JMAS y del PRI.

Los litigantes expusieron en cada turno de debate que los descuentos a los empleados de la descentralizada fueron aportaciones voluntarias, que dieron de sus sueldos al partido político con el que simpatizaban entonces.

La defensa también alegó que el recurso que la Fiscalía atribuía a un desvío, no era dinero público, sino aportaciones particulares, por lo que la JMAS no se podía acreditar como víctima.

Además se recalcó que nunca hubo alguna prueba sobre quejas o escritos del personal de la descentralizada, en el sentido de que se les retuvo dinero de su salario contra su voluntad, para aportar a dicho partido, se expuso.

Los abogados de Carlos Bernardo S. S. y Salvador D. T., presentaron una evidencia de que ambos acusados aportaron entre 5 mil y 6 mil pesos al PRI de forma voluntaria.

Los recursos que reclamaba la Fiscalía eran de casi 4.5 millones de pesos que se interpretaban como peculado.

Pero según los defensores de los imputados, no era dinero de la JMAS, era de los trabajadores y éstos tampoco aparecían como víctimas, se precisó en la audiencia.

Se defendió también que los funcionarios acusados no eran quienes autorizarían dichas aportaciones al instituto político y que ese dinero de nómina no fue utilizado por los acusados para beneficio propio, por lo que no se acreditaba el delito de peculado.

La audiencia pudo escucharse vía remota en una apertura a los medios de comunicación por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ya que no fue declarada privada. 

Se razonó en los alegatos que no hubo afectación patrimonial a la JMAS, hecho que había motivado la investigación de la Fiscalía.

Se cuestionó por la defensa que los elementos de prueba que tenía el Ministerio Público para acusar, fueron obtenidos por medios ilícitos, como listados del personal con nombres y direcciones, así como cuentas bancarias, que se consideraban clasificados y reservados.

La Fiscalía intentó abrir proceso penal contra los ex duartistas aduciendo que de forma obligada se descontaba el 5 por ciento del salario a los trabajadores de la JMAS para apoyar a los candidatos del PRI, pero estaba en duda si dichas aportaciones eran o no recurso público.

Aparecían acusados en el mismo expediente de la causa penal 1039/2021, entre otros,  Héctor Antonio B. F., Mayra C. Damián N.G., Martín A. M., y Óscar Rubén A. A., quienes cumplían diferentes cargos en la JMAS y el PRI, cuando César Duarte Jáquez, estuvo al frente del Ejecutivo estatal.

Los abogados sancionaron que desde el 2017, cuando inició la investigación, se habían hecho señalamientos directos hacia los acusados que los satanizaban como corruptos y faltos de probidad. 

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