Se ‘blinda’ Loera contra sentencias

Ciudad Juárez— Pese a que el delegado de la Secretaría de Bienestar en el estado de Chihuahua Juan Carlos Loera de la Rosa, aseguró a El Diario que el tema de las sentencias que jueces han emitido en el sentido de que el Gobierno federal deberá devolver los recursos a las estancias infantiles no lo atiende él sino la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, el funcionario ha interpuesto unos 150 recursos y 84 quejas ante juzgados para defenderse.

“Juan Carlos Loera de la Rosa, en mi carácter de delegado estatal de Programas para el Desarrollo del estado de Chihuahua de la Secretaría de Bienestar (…) quiero manifestar lo siguiente (…) causa agravio a la autoridad señalada en el proemio del presente recurso que el juez de distrito ilegalmente admitiera la ampliación de demanda”, dice el funcionario en uno de los documentos presentados ante el Poder Judicial.

El Diario tuvo acceso a documentos promovidos por Loera de la Rosa desde el mes de marzo ante juzgados de la ciudad de Chihuahua, como el asentado en el oficio BIE/128.01.01.19/339 con fecha 26 de junio de 2019 dirigido a tribunal colegiado décimo séptimo.

Sin embargo, el pasado martes 9 de julio durante el evento “Iniciativa Juárez” se le cuestionó si el Gobierno federal ya fue notificado sobre las sentencias emitidas por los juzgados por el tema de las estancias, a lo que respondió: “Eso se está manejando a nivel secretaría con la secretaria Albores”.

El abogado Carlos Vargas, quien ha promovido los juicios de amparo de 176 estancias infantiles en la ciudad de Chihuahua, de los cuales ya se han emitido 43 sentencias en las que jueces ordenan al Gobierno federal regresar los recursos a las guarderías tal y como estaba establecido en 2018, indicó que Loera ha emitido unos 150 recursos de revisión para defenderse de esas resoluciones y 84 quejas ante los juzgados, pero que todas han sido desechadas y que incluso jueces han girado demandas penales en su contra. 

“También lo hace con el propósito de tener evasivas para restituir los recursos a las estancias infantiles, ya que desde marzo tenía la obligación de restituirles el recurso, restituirles el programa, pero no lo han hecho, entonces eso ocasionó que los mismos jueces de distrito, no nosotros, o sea el Poder Judicial, ya los haya denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la República”, mencionó.

Agregó que los funcionarios federales, incluyendo a Loera, son investigados, lo cual puede derivar en una acción penal que conllevaría de tres a nueve años de prisión por cada uno de los 176 juicios entablados.